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Ser joven de un barrio pobre de República Dominicana puede ser suficiente para ser condenado a muerte por la policía de este país. Un agente policial que ha participado de crímenes de esta naturaleza cuenta cómo una noche, los miembros de su patrulla detuvieron a un hombre al que conocían por estar vinculado a la venta de drogas, y cómo decidieron matarlo luego de percatarse que el individuo no traía consigo ni droga ni dinero.
“Estábamos buscando dinero para quedárnoslo, no para incriminarlo (al sospechoso), porque, si con drogas no se pudo incriminar (...), menos con dinero”, cuenta el policía. “Eso (el dinero) se va a perder ahí, en la fiscalía, en los comandantes (...). Al ‘tipo’ no tener na’, decidimos ‘sacar’ a ese antisocial del camino..., de nuestro sector”.
Su narración sobre lo que hicieron después que mataron al muchacho, revela la tergiversación del reporte. “Armamos una escena de crimen como que fue un intercambio de disparos: le pusimos una pistola que ni siquiera era la que él tenía. Él no tenía nada, nosotros la buscamos (la pistola) y se la pusimos, y pusimos a que él disparara, ya muerto”, cuenta. “Nosotros disparamos también e hicimos como que fue él. Llamamos, y vinieron y nos tomaron los datos y to’ la cosa”.
No es un caso aislado. En la República Dominicana mueren cada año cientos de personas en hechos que involucran a agentes policiales y que son reportados como intercambios de disparos, de los que no siempre se tienen informaciones precisas. Esto en un país que no contempla la pena de muerte bajo ninguna circunstancia. Que la policía reporte un muerto como resultado de un intercambio de disparos supone un eximente legal en caso de que realicen una investigación judicial, pues el agente podrá alegar la legítima defensa, una prerrogativa del Código Penal Dominicano que dicta que no hay crímenes ni delito cuando se actúa en legítima defensa de sí mismo o de otro, según lo revela esta investigación del Diario Libre, en alianza con CONNECTAS.
Pero muchos de estos “intercambos de disparos” son montajes. Oficiales retirados de la Policía explicaron a esta investigación cómo funciona la cultura interna de la institución que permite que estos hechos ocurran dentro de un sistema de corrupción e impunidad. El exjefe de la Policía Nacional entre 2005 y 2007, mayor general retirado Bernardo Santana Páez, reconoce que se dan casos en los que un policía actúa con fines de impresionar a sus superiores, en busca de un ascenso. “Cuando se acercaban los ascensos, aumentaban los intercambios de disparos. Entonces, como la Policía muchas veces, eh... nunca creyó en la ciencia, nunca creyó en la investigación científica sino en los músculos de muchos policías, se veía que aumentaba la cantidad de solicitudes de ascensos ligadas a los intercambios de disparos”, dice. (Vea acá: Los “asuntos internos”)
Su apreciación la basa en estudios del tema, así como en su propia experiencia al frente de la institución. “Cuando llego como jefe de la Policía, yo veo que venía un oficial y me decía: ‘Mire esta tarjetita, para que asciendan a ese fulano de tal que es un buen investigador, ayer se enfrentó con tres y mató uno’ ”, indica.
Ante la falta de datos precisos de las víctimas y de las circunstancias en que murieron, un equipo de periodistas de Diario Libre elaboró una amplia base de datos con reportes periodísticos de 1.844 casos de muertes de personas a manos de agentes policiales y militares entre 2004 y 2019. (Vea acá: Ejecuciones disfrazadas)
La investigación arrojó que no todos los decesos son informados a la prensa por las autoridades, y que si bien hay casos que fueron reales intercambios de disparos, en muchos sucesos hubo discrepancias comprobadas por sentencias judiciales y testimonios de familiares y testigos respecto a lo detallado oficialmente. La investigación periodística revela casos de abuso de poder, ejecuciones por encargo, búsqueda de ascensos y muerte de personas desarmadas o por “error” de los agentes.
Muchos hechos que involucran alegados intercambios de disparos tienen un camino lento en el sistema de justicia y en ocasiones no logran una sentencia, quedando impunes. Familiares de víctimas -y así lo reiteran abogados y activistas de derechos humanos- contaron que no se querellaron contra los agentes involucrados en sus casos por temor a represalias de los cuerpos de seguridad, por desconocimiento de sus derechos o falta de dinero para pagar abogados. Otros contaron las vicisitudes que han enfrentado, y en ciertos casos han tenido que valerse de conexiones con entes de poder, para que sus expedientes no quedaran engavetados. (Vea acá: Los policía que se creyeron jueces)
José Miguel Mateo Figuereo murió a manos de una patrulla policial el 18 de octubre de 2011 y fue el 21 de agosto de este 2019 cuando un tribunal condenó a 15 años y ordenó el arresto del acusado, el mayor de la Policía Nacional dominicana Cristian Agrimaldys Gómez Feliz. Desde el día en que Juan Mateo y Elsa Figuereo perdieron a su hijo, de 28 años de edad y en ese momento padre de un niño de dos años, han vivido un calvario en demanda de que se haga justicia. Llegaron a dudar de lograr tal objetivo.
La muerte del joven fue reportada inicialmente como un intercambio de disparos, como la mayoría de las muertes a manos de los agentes de seguridad del Estado compilados en la base de datos realizada por esta investigación. Del total reportado, se obtuvo información de que solo 96 llegaron a la justicia, incluido el de José Miguel.
En total se dio seguimiento a 36 casos específicos y se verificó que aunque 25 fueron a la justicia, solo 18 lograron condenas: algunas absolutorias por falta de pruebas y otros siete casos no tienen decisión, a pesar de que entre éstos hay expedientes en los tribunales desde 2010. Los 11 hechos restantes nunca llegaron a un tribunal, pese a que se presentó la denuncia ante las autoridades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice haber llevado a la justicia unos 100 casos que denomina como ejecuciones extrajudiciales. Manuel María Mercedes, presidente del organismo, estima que desde 1998 a la fecha sumarían entre 7.000 y 8.000 las muertes que se le atribuyen a la Policía. Por su parte, esta entidad respondió que entre 2007 y marzo de 2019 en acciones de sus agentes y de las Fuerzas Armadas hubo 3.115 personas muertas. (Vea acá: La muerte persigue a los sospechosos)
La Policía Nacional dominicana tiene una raíz militar que aún influye en los escalafones de sus rangos y en la dureza de sus acciones. En 1985, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Sergio Sarita Valdez fue de los médicos que abrió la práctica de la patología forense en el país, a través de una comisión de especialistas de la entonces Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano. Desde entonces el profesional recibió presiones porque comenzó a emitir informes de casos que contradecían a las autoridades.
“No fueron una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco… se me acaban los dedos para contar incidentes en los que era costumbre que la Policía ejecutaba una persona, entonces hacía una rueda de prensa y decía que esa persona los había enfrentado y ellos tuvieron que defenderse”, dice Sarita, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Patología Forense desde su creación en 1996 hasta 2000, y desde 2004 a 2015.
También empezó a notar algunas inconsistencias: “Ahí fue que yo comencé a encontrar algo curioso; y era que, si es un enfrentamiento, se supone que la palabra quiere decir de frente, que tú me encontraste de frente, (pero) la mayoría de esos cadáveres que yo estudiaba tenían los disparos hechos por la espalda”.
La práctica se ha observado en todos los gobiernos que han dirigido el país en los últimos 30 años, en algunos con más casos que en otros, lo que lo lleva a concluir que es “un comportamiento que trasciende gestiones de gobiernos y se vuelven ya acciones de Estado”.
Un policía entrevistado para esta investigación cuenta sus muertos, y de paso describe un esquema de sobornos y corrupción que tiene su expresión más popular en frases como “macuteo” o “buscársela”.
Esa práctica, que se considera normal entre los agentes y se transmite desde el de más años al más nuevo, les deja importes variados a los policías que los reciben, pudiendo incluir montos en efectivo que les entregan los dueños de negocios a cambio de protección o de que les dejen pasar alguna ilegalidad, o descuentos en servicios de comida, lavandería transporte.
El dinero, asegura el oficial implicado, se reparte mediante una escala que empieza desde los miembros de la patrulla, hasta agentes de alto rango y llega a la sede de la jefatura de la Policía. (Vea acá la investigación completa)
* Esta investigación fue realizada por Tania Molina, Mariela Mejía y Suhelis Tejero para Diario Libre, en alianza en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del ICFJ en Alianza con CONNECTAS.