De la defensa de Chiquita a la Fiscalía de Obama

Tal como el presidente electo, Holder representa el triunfo del talento sobre la raza y comparte con éste la historia de ser hijo de un inmigrante (en este caso, proveniente de Barbados) para luego convertirse en un prominente abogado de la Universidad de Columbia, a la que asistió diez años antes de que Obama ingresara a la institución.

Militó, además, al lado de Bill Clinton y fue segundo al mando de la Fiscalía demócrata a finales de los noventa, con la dirección de Janet Reno. Tras la subida al poder de George W. Bush y con John Ashcroft como fiscal, Holder se retiró del sector público y se vinculó como  socio de la firma de abogados Covington & Burling LLP, desde la cual realizó una polémica defensa de la empresa Chiquita Brands, acusada de desembolsar, entre 1997 y 2004, US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Chiquita, cuyo proceso se llevó a cabo en un Tribunal Federal del Distrito de Columbia y cuya sentencia fue emitida por el juez Royce Lamberth, fue declarada culpable de financiar a las Auc. La defensa, a cargo de Holder, argumentó siempre que la empresa fue extorsionada con amenazas y que con el pago del dinero sólo buscaba garantizar la seguridad de sus empleados en las zonas bananeras del Urabá colombiano.

Esta estrategia fue diseñada por Eric H. Holder, quien logró, pese a las protestas de la Cancillería colombiana, que la empresa se limitara a pagar una multa de US$25 millones, sin que ninguno de sus funcionarios se viera comprometido individualmente dentro del proceso.

El anuncio de su candidatura como próximo Fiscal General del gobierno de Barack Obama causó inquietud entre abogados de Derechos Humanos en Estados Unidos.  En el reconocido diario virtual The Huffington Post,  Dan Kovalik, abogado de la Universidad de Columbia y conocido representante de la gigante asociación de sindicalistas del acero (que se opone radicalmente al Tratado de Libre Comercio con Colombia) señaló que, en términos de la defensa de los Derechos Humanos de los trabajadores colombianos, la aceptación  del cargo por parte de  Holder implicaría “un problemático conflicto de intereses”.

Kovalic menciona las últimas recomendaciones de Human Right Watch al gobierno de los Estados Unidos, en las que sugiere “crear incentivos legales que permitan que los líderes paramilitares confiesen los nombres de los colombianos y extranjeros que los habrían ayudado a cometer sus actos criminales”. Holder hizo precisamente todo lo contrario: durante el juicio se aseguró de que la identidad de los funcionarios de Chiquita involucrados con los pagos a la Auc no fueran revelados.

“Holder, utilizando su influencia como antiguo vicefiscal durante la administración Clinton, ayudó a negociar el trato de Chiquita con el Departamento de Justicia. Con este pacto ningún directivo de Chiquita recibiría una pena carcelaria. De hecho, la identidad de los funcionarios clave fueron mantenidos en absoluto secreto”, señaló el abogado.

La prensa de Estados Unidos, sin embargo, no ha mencionado hasta ahora el asunto. Y el nombramiento de Holder parece levantar más suspicacias por un perdón presidencial a un criminal financiero de nombre  Marc Rich, el más polémico realizado por el presidente Bill Clinton y que fue apoyado por el en ese entonces vicefiscal Holder.