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Un total de 19 estados interpusieron una demanda este lunes contra la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados y que llevaría a encierros prolongados.
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La demanda busca proteger las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, un pacto firmado en 1997 que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, premisa que quedó modificada tras una nueva regulación dada a conocer la semana pasada.
"Ningún niño merece ser sometido a condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad", y se les debe garantizar servicios médicos y de bienestar, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento para presentar la demanda.
La acción legal, presentada en el tribunal del Distrito Central de California, argumenta que la regulación dada a conocer el pasado miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina varias protecciones garantizadas por el Acuerdo Flores, entre ellas la detención prolongada de menores y con el consecuente efecto en las comunidades que los reciben tras su liberación.
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En ese sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que "una vez más, el presidente Trump está haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos y está utilizando niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica".
"California protegerá el bienestar y la seguridad de todos los niños, independientemente de su procedencia o del color de su piel", subrayó Newsom en la rueda de prensa.
Las cortes californianas conocen bien del tema desde la década de los 80, cuando se presentó en Los Ángeles el litigio que culminó en el federal Acuerdo Flores firmado por el entonces presidente Bill Clinton.
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Al presentar el plan el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan, dijo que los efectos del acuerdo debían haber durado unos cinco años y que la futura medida, que se prevé entre en efecto a fines de octubre, "elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños".
La querella, sin embargo, alega que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para garantizar la salud, la seguridad, y el bienestar de los niños, debido a que socava los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran los niños.
La más reciente de ellas se dio el pasado 15 de agosto, cuando un panel del Noveno Circuito de Apelaciones federal señaló que el Gobierno debe garantizar las condiciones de limpieza y seguridad de los menores.
Newsom señaló que siete niños inmigrantes han muerto bajo la custodia de las autoridades federales durante la actual Administración de Donald Trump, antecedentes que auguran el daño que causaría implementar la nueva regla.
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Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, New Mexico, New York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia son los otros firmantes de la querella.
Precisamente Becerra anunció hoy que presentó una solicitud de emergencia en el Tribunal del Distrito Norte de California para suspender la implementación de la nueva regla de "carga pública" que podría negar la residencia permanente o ciudadanía a inmigrantes legales que reciben ciertos beneficios públicos.
La acción legal hace parte de la demanda que presentó California, junto a Maine, Pensilvania, Oregón y el Distrito de Columbia, el pasado 16 de agosto contra la nueva regla que se implantaría el 15 de octubre, y que afectaría también a niños estadounidenses según los demandantes.