Fiscalía española pide prisión para presidenta del Parlamento catalán
Por su parte, el cesado presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció la creación de una "estructura estable" que coordine a su Gobierno desde Bélgica, al que considera "legítimo".
Con infomación de agencias
La Fiscalía pidió este jueves el ingreso en prisión sin fianza para la presidenta del Parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, y tres diputados pertenecientes a la Mesa, que es su órgano rector, por su papel en la declaración de independencia aprobada en esa Cámara autonómica el 27 de octubre.
La petición de la Fiscalía llega después de varias horas de interrogatorio a Forcadell y seis antiguos integrantes de la Mesa del Parlamento catalán, disuelto ese mismo día por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Aparte de Forcadell, los afectados por la medida de prisión sin fianza son los parlamentarios Lluis Corominas, Lluis Guinó y Anna Simó por facilitar asimismo con sus votos el proceso independentista. Lea también: ¿Quién manda en Cataluña?
El ministerio público pide prisión eludible con fianza para la diputada Ramona Barrufet y dejar libre al diputado Joan Josep Nuet, que alegó haber votado en contra de la tramitación de esa declaración.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena debe en las próximas horas decidir la suerte de los seis encausados, que están acusados por la Fiscalía de rebelión, sedición y otros delitos.
La comparecencia de los seis investigados ante el magistrado Llarena se ha desarrollado hoy durante varias horas después de un aplazamiento de una semana, solicitado por los diputados catalanes con el fin de tener tiempo para preparar sus defensas. Además: Los colombianos y la crisis catalana
El delito de rebelión, el más grave por el que se investiga a los parlamentarios tras la denuncia de la Fiscalía, conlleva hasta treinta años de cárcel, según el Código Penal español.
Por otra parte, el cesado presidente catalán Carles Puigdemont va a crear una "estructura estable" que coordine a su Gobierno desde Bélgica, al que considera "legítimo", y se marca como objetivo la victoria del secesionismo en los comicios de diciembre y la libertad de lo que califica como "presos políticos".
En una "Carta desde Bélgica" difundida a través de varios medios de comunicación, Puigdemont se dirige a los catalanes asegurando que entiende "la desorientación causada por nuestra falta de respuestas rápidas ante los ataques desmesurados contra los representantes y las instituciones legítimas catalanas". En contexto: Cataluña: después de la tormenta no viene la calma
Ante el "complejo escenario", el expresidente catalán advierte de que el "Gobierno legítimo" cumplirá sus obligaciones.
Dice que desde Bruselas, "apoyados por una estructura estable que ponemos en marcha hoy para coordinar las acciones del Gobierno", denunciará "la politización de la justicia española, su falta de imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas".
Además, reafirmará "la apuesta del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, por el diálogo y por una solución acordada".
Denuncia en la misiva lo que considera "la decadencia democrática del Estado español, así como de los abusos de una Unión Europea que ha tolerado, e incluso amparado de forma vergonzosa, las actuaciones represivas españolas".
Carles Puigdemont avanza que "la hoja de ruta para las próximas semanas es clara y nítida" y que, ante la aplicación de las medidas del Gobierno español contra el secesionismo, ahora "toca ahuyentar democráticamente de nuestras instituciones a quienes se las han querido hacer suyas con un golpe de Estado".
El Ejecutivo central, presidido por Mariano Rajoy, cesó al Gobierno de Cataluña, disolvió su Parlamento y convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.
"Por eso tomamos las elecciones que nos plantea el Estado español el día 21 como un reto para recuperar la plena democracia sin presos, sin venganzas, sin imposiciones, sin furia y llena de futuro, de diálogo y de acuerdo...", dice en la carta.
El otro "elemento central de la hoja de ruta", señala Puigdemont, es "conseguir la liberación de los presos políticos que tiene secuestrados el Estado español, el vicepresidente, los siete consellers (consejeros) y los presidentes de Òminum Cultural y la Assemblea Nacional Catalana" -organizaciones independentistas que organizaron las movilizaciones a favor de la secesión-.
La Fiscalía pidió este jueves el ingreso en prisión sin fianza para la presidenta del Parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, y tres diputados pertenecientes a la Mesa, que es su órgano rector, por su papel en la declaración de independencia aprobada en esa Cámara autonómica el 27 de octubre.
La petición de la Fiscalía llega después de varias horas de interrogatorio a Forcadell y seis antiguos integrantes de la Mesa del Parlamento catalán, disuelto ese mismo día por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Aparte de Forcadell, los afectados por la medida de prisión sin fianza son los parlamentarios Lluis Corominas, Lluis Guinó y Anna Simó por facilitar asimismo con sus votos el proceso independentista. Lea también: ¿Quién manda en Cataluña?
El ministerio público pide prisión eludible con fianza para la diputada Ramona Barrufet y dejar libre al diputado Joan Josep Nuet, que alegó haber votado en contra de la tramitación de esa declaración.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena debe en las próximas horas decidir la suerte de los seis encausados, que están acusados por la Fiscalía de rebelión, sedición y otros delitos.
La comparecencia de los seis investigados ante el magistrado Llarena se ha desarrollado hoy durante varias horas después de un aplazamiento de una semana, solicitado por los diputados catalanes con el fin de tener tiempo para preparar sus defensas. Además: Los colombianos y la crisis catalana
El delito de rebelión, el más grave por el que se investiga a los parlamentarios tras la denuncia de la Fiscalía, conlleva hasta treinta años de cárcel, según el Código Penal español.
Por otra parte, el cesado presidente catalán Carles Puigdemont va a crear una "estructura estable" que coordine a su Gobierno desde Bélgica, al que considera "legítimo", y se marca como objetivo la victoria del secesionismo en los comicios de diciembre y la libertad de lo que califica como "presos políticos".
En una "Carta desde Bélgica" difundida a través de varios medios de comunicación, Puigdemont se dirige a los catalanes asegurando que entiende "la desorientación causada por nuestra falta de respuestas rápidas ante los ataques desmesurados contra los representantes y las instituciones legítimas catalanas". En contexto: Cataluña: después de la tormenta no viene la calma
Ante el "complejo escenario", el expresidente catalán advierte de que el "Gobierno legítimo" cumplirá sus obligaciones.
Dice que desde Bruselas, "apoyados por una estructura estable que ponemos en marcha hoy para coordinar las acciones del Gobierno", denunciará "la politización de la justicia española, su falta de imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas".
Además, reafirmará "la apuesta del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, por el diálogo y por una solución acordada".
Denuncia en la misiva lo que considera "la decadencia democrática del Estado español, así como de los abusos de una Unión Europea que ha tolerado, e incluso amparado de forma vergonzosa, las actuaciones represivas españolas".
Carles Puigdemont avanza que "la hoja de ruta para las próximas semanas es clara y nítida" y que, ante la aplicación de las medidas del Gobierno español contra el secesionismo, ahora "toca ahuyentar democráticamente de nuestras instituciones a quienes se las han querido hacer suyas con un golpe de Estado".
El Ejecutivo central, presidido por Mariano Rajoy, cesó al Gobierno de Cataluña, disolvió su Parlamento y convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.
"Por eso tomamos las elecciones que nos plantea el Estado español el día 21 como un reto para recuperar la plena democracia sin presos, sin venganzas, sin imposiciones, sin furia y llena de futuro, de diálogo y de acuerdo...", dice en la carta.
El otro "elemento central de la hoja de ruta", señala Puigdemont, es "conseguir la liberación de los presos políticos que tiene secuestrados el Estado español, el vicepresidente, los siete consellers (consejeros) y los presidentes de Òminum Cultural y la Assemblea Nacional Catalana" -organizaciones independentistas que organizaron las movilizaciones a favor de la secesión-.