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El Parlamento israelí aprobó en primera lectura, con 39 votos a favor y 16 en contra, un proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a los llamados “terroristas”. Para entrar en vigor, la iniciativa aún requiere dos votaciones más.
Los individuos que ocasionen “la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra", son acusados de “terrorismo”, según Itamar Ben Gvir, el ministro de ultraderecha que promovió el proyecto.
Itamar Ben-Gvir, hay que recordar, fue condenado en 2007 por incitación al racismo y por respaldar a una organización designada terrorista por Estados Unidos e Israel, conocida como Kach.
Kach promovía la expulsión de los árabes de Israel y de los territorios ocupados, y fue prohibida en Israel en 1994 tras el atentado de Baruch Goldstein en Hebrón, donde murieron 29 palestinos.
El proyecto en discusión ahora no se aplicaría solo en territorio Israelí. La pena de muerte se podría ejercer en Cisjordania a través de tribunales militares, en caso de que los jueces de primera instancia apoyen la moción por mayoría simple.
Esta decisión “no podrá ser conmutada”, es decir, cambiada, por otra más baja, según el proyecto que presentó la diputada Limor Son Har-Melech.
El ministro ultraderechista aseguró que esta “será la [ley] más importante en la historia del Estado de Israel”. “Todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor”, aseguró.
“Hoy dimos un paso moral y nacional: los asesinos de judíos no deben esperar tratos misericordiosos en la cárcel”, añadió Har-Melech.
“El proyecto de ley impondría la pena capital a cualquier persona que asesine a un israelí por motivos nacionalistas”, dijo el Centro Palestino de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Según la agencia AJN “la ley recibió críticas tanto por su contenido como por sus posibles sesgos”.
Opositores y expertos alertaron que la ley, al centrarse en crímenes “por motivos de racismo” o “contra el Estado de Israel y el pueblo judío”, podría aplicarse casi exclusivamente a atacantes árabes y no a judíos, generando dudas sobre su equidad ante la ley, según la agencia.
AJN aseguró que los “analistas señalan que la iniciativa tiene un fuerte componente político y simbólico: responde a la demanda pública de castigos más severos tras los atentados recientes”.
Tras el ataque de Hamás a Israel en 2023, que cobró la vida de 1.200 personas, Israel lanzó una ofensiva que ha matado a casi 70.000 persona en la Franja de Gaza y ha devastado casi por completo el enclave, por lo que comisionados de la ONU han señalado la existencia de un genocidio contra la población palestina.
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