Biden pide pruebas para juzgar a Putin por crímenes de guerra, ¿es posible?
Bucha puso en el debate público la discusión sobre los posibles crímenes de guerra que se están cometiendo en la guerra de Ucrania. Ante la solicitud del presidente estadounidense, el derecho internacional, a través de la Corte Penal Internacional, puede intervenir en el conflicto, pero es un proceso lento y los requisitos para juzgar a los máximos responsables parecen tener varias trabas.
Joe Biden pidió reunir pruebas para que Vladimir Putin pueda ser juzgado por crímenes de guerra. “Debemos recopilar información y debemos continuar enviando a Ucrania las armas que necesitan para esta guerra. Este tipo es brutal. Lo que está pasando en Bucha es indignante”. Aunque varias voces de entidades internacionales han condenado lo sucedido en la ciudad cercana a Kiev, donde se encontraron varios cuerpos de civiles amarrados de manos tras la retirada de las tropas rusas durante el fin de semana, apenas están empezando las investigaciones y, aunque el derecho internacional es una vía para ello, este recurso es lento.
¿Qué camino habría que seguir para, eventualmente, juzgar a Putin?
La justicia internacional, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), es la que podría hacer comparecer al presidente ruso ante un tribunal. Esta es la rama del derecho internacional que puede juzgar a individuos en el marco de un conflicto. En el artículo Una herramienta discursiva para deslegitimar las acciones de Rusia, publicado hace algunas semanas en este diario, se explica que aunque Ucrania no es signataria del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, desde 2014 la Corte reconoce formalmente su jurisdicción por los crímenes cometidos en su territorio. Y si bien Rusia se retiró del estatuto y la Corte no puede juzgar a ciudadanos rusos en territorio ruso, sí puede hacerlo si son detenidos en un Estado en el que tenga jurisdicción.
Sin embargo, la labor de la CPI, por ahora, es recolectar evidencia. Según le comentó a este diario Cristian González, politólogo y abogado de la Universidad de los Andes, la investigación de la Corte permitirá que las autoridades ucranianas ayuden a consolidar la documentación necesaria para determinar “qué, quién, dónde, cuándo y cómo pasaron los hechos, y si ellos responden a actitudes sistemáticas y generalizadas”.
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Ahora bien, el problema es que la CPI no puede juzgar el crimen de agresión, entendido como el ataque de un Estado contra otro planificado por un dirigente político o militar, si ese país no ratificó el Estatuto de Roma, el cual es el caso de Rusia y Ucrania. Algunos analistas han puesto sobre la mesa la opción de crear un tribunal ad hoc, como el de la antigua Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cabe recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU fue el creador de dichas instancias y el veto que Rusia tiene en el órgano de Naciones Unidas impediría la formación de una instancia similar para el caso de Ucrania.
Entonces, qué tan probable es que Putin y los máximos responsables lleguen a ser juzgados por la CPI. De acuerdo con González, las medidas de la Corte se muestran efectivas cuando la gente poderosa a quien persigue pierde el poder. Por citar un ejemplo, el politólogo y abogado hizo referencia al caso de Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, quien fue solicitado por la CPI hace más de diez años para rendir cuentas por los crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en la guerra de Darfur, donde murieron cerca de 300.000 personas y alrededor 2,5 millones fueron desplazadas. Luego de estar en el poder por tres décadas, ser derrocado por un movimiento popular en 2019, ser declarado culpable por corrupción y permanecer encarcelado en Jartum, el país decidió entregarlo a la CPI.
Por ahora, ¿qué han dicho los actores internacionales?
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que atacar áreas civiles con aviones rusos es un crimen de guerra, y que lo que sucedió en Bucha debe ser considerado genocidio. Por su parte, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, aseguró que “lo que hemos visto del régimen de Vladimir Putin con respecto al uso de las municiones que se han lanzado sobre civiles inocentes, en mi opinión, ya califica completamente como un crimen de guerra”. Precisamente, Amnistía Internacional, desde hace algunas semanas, viene reportando el uso de armas de efectos indiscriminados, como misiles balísticos, y el uso de armas prohibidas, como las bombas de racimo, que podrían constituir crímenes de guerra.
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Entretanto, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo: “Las imágenes de Bucha y la devastación en Ucrania nos obligan a unir nuestras palabras con la acción”. Por ello, anunció que Washington buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “No podemos permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que estimamos siga participando. Rusia no debería tener una posición de autoridad en ese cuerpo, ni deberíamos permitir a Rusia que use su asiento como una herramienta de propaganda para sugerir que tiene una preocupación legítima sobre los derechos humanos”.
Por su parte, Karim Khan, fiscal de la CPI, en conversaciones con Christiane Amanpour de CNN, dijo: “Una cosa es cierta: dirigir intencionalmente bombardeos, o atacar a civiles u objetos civiles, es un delito dentro de la jurisdicción de la Corte. Incluso si existe una necesidad militar, existe una clara obligación de las partes en un conflicto de no usar una fuerza desproporcionada, para asegurarse de que las municiones utilizadas y las armas no tengan una huella muy amplia en áreas civiles densas”.
En la charla que sostuvo con el canal de televisión estadounidense, el fiscal ratificó que “estoy dispuesto a hablar con todas las partes, y no solo con la parte ucraniana, sino también con la Federación Rusa, partidos estatales y no estatales por igual. Esta institución no es política. No somos parte de las divisiones geoestratégicas o geopolíticas que presenciamos en todo el mundo”.
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Joe Biden pidió reunir pruebas para que Vladimir Putin pueda ser juzgado por crímenes de guerra. “Debemos recopilar información y debemos continuar enviando a Ucrania las armas que necesitan para esta guerra. Este tipo es brutal. Lo que está pasando en Bucha es indignante”. Aunque varias voces de entidades internacionales han condenado lo sucedido en la ciudad cercana a Kiev, donde se encontraron varios cuerpos de civiles amarrados de manos tras la retirada de las tropas rusas durante el fin de semana, apenas están empezando las investigaciones y, aunque el derecho internacional es una vía para ello, este recurso es lento.
¿Qué camino habría que seguir para, eventualmente, juzgar a Putin?
La justicia internacional, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), es la que podría hacer comparecer al presidente ruso ante un tribunal. Esta es la rama del derecho internacional que puede juzgar a individuos en el marco de un conflicto. En el artículo Una herramienta discursiva para deslegitimar las acciones de Rusia, publicado hace algunas semanas en este diario, se explica que aunque Ucrania no es signataria del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, desde 2014 la Corte reconoce formalmente su jurisdicción por los crímenes cometidos en su territorio. Y si bien Rusia se retiró del estatuto y la Corte no puede juzgar a ciudadanos rusos en territorio ruso, sí puede hacerlo si son detenidos en un Estado en el que tenga jurisdicción.
Sin embargo, la labor de la CPI, por ahora, es recolectar evidencia. Según le comentó a este diario Cristian González, politólogo y abogado de la Universidad de los Andes, la investigación de la Corte permitirá que las autoridades ucranianas ayuden a consolidar la documentación necesaria para determinar “qué, quién, dónde, cuándo y cómo pasaron los hechos, y si ellos responden a actitudes sistemáticas y generalizadas”.
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Ahora bien, el problema es que la CPI no puede juzgar el crimen de agresión, entendido como el ataque de un Estado contra otro planificado por un dirigente político o militar, si ese país no ratificó el Estatuto de Roma, el cual es el caso de Rusia y Ucrania. Algunos analistas han puesto sobre la mesa la opción de crear un tribunal ad hoc, como el de la antigua Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cabe recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU fue el creador de dichas instancias y el veto que Rusia tiene en el órgano de Naciones Unidas impediría la formación de una instancia similar para el caso de Ucrania.
Entonces, qué tan probable es que Putin y los máximos responsables lleguen a ser juzgados por la CPI. De acuerdo con González, las medidas de la Corte se muestran efectivas cuando la gente poderosa a quien persigue pierde el poder. Por citar un ejemplo, el politólogo y abogado hizo referencia al caso de Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, quien fue solicitado por la CPI hace más de diez años para rendir cuentas por los crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en la guerra de Darfur, donde murieron cerca de 300.000 personas y alrededor 2,5 millones fueron desplazadas. Luego de estar en el poder por tres décadas, ser derrocado por un movimiento popular en 2019, ser declarado culpable por corrupción y permanecer encarcelado en Jartum, el país decidió entregarlo a la CPI.
Por ahora, ¿qué han dicho los actores internacionales?
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que atacar áreas civiles con aviones rusos es un crimen de guerra, y que lo que sucedió en Bucha debe ser considerado genocidio. Por su parte, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, aseguró que “lo que hemos visto del régimen de Vladimir Putin con respecto al uso de las municiones que se han lanzado sobre civiles inocentes, en mi opinión, ya califica completamente como un crimen de guerra”. Precisamente, Amnistía Internacional, desde hace algunas semanas, viene reportando el uso de armas de efectos indiscriminados, como misiles balísticos, y el uso de armas prohibidas, como las bombas de racimo, que podrían constituir crímenes de guerra.
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Entretanto, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo: “Las imágenes de Bucha y la devastación en Ucrania nos obligan a unir nuestras palabras con la acción”. Por ello, anunció que Washington buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “No podemos permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que estimamos siga participando. Rusia no debería tener una posición de autoridad en ese cuerpo, ni deberíamos permitir a Rusia que use su asiento como una herramienta de propaganda para sugerir que tiene una preocupación legítima sobre los derechos humanos”.
Por su parte, Karim Khan, fiscal de la CPI, en conversaciones con Christiane Amanpour de CNN, dijo: “Una cosa es cierta: dirigir intencionalmente bombardeos, o atacar a civiles u objetos civiles, es un delito dentro de la jurisdicción de la Corte. Incluso si existe una necesidad militar, existe una clara obligación de las partes en un conflicto de no usar una fuerza desproporcionada, para asegurarse de que las municiones utilizadas y las armas no tengan una huella muy amplia en áreas civiles densas”.
En la charla que sostuvo con el canal de televisión estadounidense, el fiscal ratificó que “estoy dispuesto a hablar con todas las partes, y no solo con la parte ucraniana, sino también con la Federación Rusa, partidos estatales y no estatales por igual. Esta institución no es política. No somos parte de las divisiones geoestratégicas o geopolíticas que presenciamos en todo el mundo”.
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