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Jamal Khashoggi, un colaborador del Washington Post, fue asesinado en octubre de 2018, cuando tenía 59 años, durante una operación que sumió a Arabia Saudita en una de sus peores crisis diplomáticas, que empañó la imagen del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, sospechoso de haber ordenado el crimen.
La huella del asesinato, un año después, sigue vigente un año después. El periodista, crítico con el régimen saudita, fue estrangulado y descuartizado por un equipo de 15 hombres llegados desde Riad en el consulado del reino en Estambul, según responsables turcos. Sus restos nunca fueron hallados.
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Por eso la condena que se dictó hoy es tan importante. "Han sido condenados a muerte cinco hombres que participaron directamente en el asesinato", dijo el fiscal encargado. Sin embargo, fueron absueltos Saud al Qahtani, consejero del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salmán, y el número dos de los servicios de inteligencia, el general Ahmed al Assiri, considerados los dos sospechosos principales.
El general Assiri era sospechoso de haber supervisado el asesinato del periodista y de haber sido aconsejado por Saud al Qahtani, quien fue investigado pero no acusado por "falta de pruebas" y Assiri fue investigado y acusado pero absuelto por las mismas razones.
"Ni justicia ni verdad"
"El veredicto sirve para blanquear y no aporta ni justicia ni verdad para Jamal Khashoggi y sus familiares", denunció en un comunicado Lynn Maalouf, directora de investigaciones sobre Oriente Medio en Amnistía Internacional.
Por su parte, Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, consideró en Twitter este lunes que el asesinato de Khashoggi fue una "ejecución extrajudicial de la que Arabia Saudita es responsable". En el Reino Unido, el Foreign Office reclamó que el gobierno saudita se "asegure de que todos los responsables de este crimen] rindan cuentas".
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Y Turquía, donde tuvieron lugar los hechos, consideró que el fallo está "lejos de responder a las expectativas de nuestro país y de la comunidad internacional".
Tras haber dado varias versiones del asesinato, las autoridades de Riad acabaron admitiendo que fue cometido por agentes sauditas que actuaron por su cuenta, sin haber recibido órdenes de altos dirigentes.
Para el secretario general de la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, las cinco condenas a muerte podrían ser el medio para que "los testigos del asesinato callen para siempre".
"Jefe de filas"
Fuentes próximas al caso indicaron que muchos de los acusados se defendieron afirmando que estaban siguiendo órdenes de Assiri, al que describieron como "jefe de filas" de la operación. De las once personas inculpadas en el caso, cinco fueron condenadas a muerte; tres, a penas de cárcel de 24 años y los otros, absueltos. Los condenados podrán recurrir el fallo, según el comunicado.
El tribunal de Riad encargado del caso celebró nueve audiencias en presencia de representantes de la comunidad internacional y de familiares de Jamal Khashoggi, indicaba el comunicado. "Concluimos que el crimen de Khashoggi no fue premeditado", precisaba el texto.
Tanto la CIA como Callamard habían señalado al príncipe heredero, que lo desmiente. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó seguir las conclusiones de la CIA y sostuvo que no había pruebas sólidas que incriminaran al príncipe heredero.
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Naciones Unidas y grupos de defensa de los Derechos Humanos reclamaron una investigación independiente para el crimen. "Una gran parte de la comunidad internacional está convencida de que altos responsables sauditas están detrás del asesinato y este veredicto no tranquiliza en cuanto a la obligación de rendir cuentas", apuntó a la AFP H.A. Hellyer, del Royal United Services Institute.
Por su parte, Quentin de Pimodan, especialista en Arabia Saudita en el Research Institute for European and American Studies, con sede en Grecia, los sauditas quieren dar la impresión de que "se hizo justicia" antes de la cumbre del G20 que organizan el año que viene.
Algo que, sin embargo, podría no ser convincente, "sobre todo después de una investigación y un proceso no transparentes, llevados a cabo por un poder judicial que dista de ser independiente".