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La explosión del martes pasado en el puerto de Beirut no hizo más que evidenciar la verdadera desgracia del pueblo libanés: tener una clase política corrupta, inoperante e incapaz de asumir las responsabilidades de la tragedia, ocasionada por el manejo irresponsable de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el segundo puerto más importante del país, por donde entra el 85 % de la comida, medicinas e insumos claves.
Cuando los ciudadanos hacían lo que podían para rescatar a su gente y cosas de entre los escombros, sin ayuda del gobierno, que se vio desbordado y desdibujado para atender la tragedia, el presidente, Michel Aoun, en el poder desde 2016, pensó que los libaneses estarían conformes con la detención de 16 funcionarios de mando medio del puerto, pero no fue así.
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Un día después de los arrestos, el sábado 8 de agosto, las destrozadas calles de la ciudad se vieron invadidas de indignación y rabia; miles de personas (7.000, según noticieros de televisión locales) se levantaron para exigirle al gobierno cuentas claras de la catástrofe, que le quitó la vida a más de 160 personas, hirió a 6.000 y dejó sin casa a cerca de 300.000 libaneses. Un grupo de opositores, que desde 2019 ya pedía la dimisión del actual gobierno, se tomó cuatro edificios gubernamentales gritando que esta vez no iban a parar hasta lograr que “todos se fueran”.
Entre domingo y lunes, cinco de los treinta ministros del gobierno encabezado por el primer ministro, Hassan Diab, renunciaron: el de Información, Manal Abdel Samad; Medio Ambiente, Demianos Qattar; Defensa; Zeina Adra; Justicia, Marie Claude Najm, y Finanzas; Ghazi Wazni; en el Parlamento, diez de los 128 diputados también dimitieron. Horas después, acosado por la presión popular, las exigencias internacionales de adelantar una investigación independiente y las condiciones de treinta países donantes de enviar dinero y ayudas, pero que la gestión de esos recursos no la hiciera el gobierno, la situación para Diab y su gobierno fue inevitable.
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Hassan Diab, ocupaba el cargo de primer ministro desde el 21 de enero de 2020, después de haber sido nombrado para el cargo en diciembre; su antecesor, Saad Hariri, había caído por las protestas populares de octubre de 2019. Su llegada al poder dio una luz de esperanza.
Después de todo Diab era independiente, trabajaba como profesor de la Universidad Americana de Beirut (AUB), una de las instituciones educativas más prestigiosas de Oriente Medio, y aunque había sido ministro de Educación (2011-2014), nunca estuvo salpicado por la corrupción.
Fue una vana ilusión, Diab formó gobierno con la coalición abanderada por los grupos chiíes Hezbolá y Amal, gasolina para el descontento; en los casi siete meses que asumió el poder, el país se hundió económicamente, los cortes eléctricos por la pésima gestión pública se hicieron más frecuentes, aumentó el desempleo, las basuras inundaron las calles y, para rematar, su labor para frenar la pandemia fue casi inexistente.
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Diab se fue echando culpas. “La catástrofe que afectó a los libaneses en el corazón (...) ocurrió a causa de la corrupción endémica en la política, la administración y el Estado (...) Descubrí que la corrupción institucional era más fuerte que el Estado”.
Llegará otro político a reemplazarlo, pero analistas advierten que mientras la raíz del problema no se solucione, la corrupción siga campante y los mismos sigan al frente de Líbano, el país siempre será una bomba de tiempo.
