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El empresario ruandés Félicien Kabuga, considerado uno de los principales financiadores del genocidio de Ruanda de 1994 y cuyo juicio estaba suspendido desde 2023 por demencia, falleció este sábado en un hospital de la ciudad neerlandesa de La Haya mientras permanecía bajo custodia de Naciones Unidas.
El Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (MTPI) anunció que Kabuga murió mientras estaba hospitalizado en Países Bajos, y las autoridades neerlandesas iniciaron ya las investigaciones y procedimientos previstos por la legislación nacional.
La presidenta del MTPI, la jueza Graciela Gatti Santana, ordenó una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte.
Kabuga, que estaba en la Unidad de Detención de Naciones Unidas en La Haya desde octubre de 2020, afrontaba cargos de genocidio, conspiración e incitación directa y pública al genocidio, y crímenes de lesa humanidad por su presunto papel durante la matanza de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en Ruanda en 1994.
La Fiscalía sostenía que el empresario, considerado en su día uno de los hombres más ricos de Ruanda, financió la compra masiva de machetes para las milicias hutu interahamwe y promovió el Fondo de Defensa Nacional para sostener la campaña de exterminio.
También estaba acusado de haber fundado y presidido la emisora Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, que difundía mensajes de odio contra los tutsis, señalaba objetivos y llamaba abiertamente a su eliminación durante el genocidio.
Kabuga fue arrestado en 2020 en las afueras de París tras permanecer 26 años prófugo gracias al uso de identidades falsas y redes de apoyo familiares, y fue trasladado a la sede del MTPI en La Haya, donde comenzó a ser juzgado en septiembre de 2022.
Sin embargo, los informes médicos concluyeron que sufría un deterioro cognitivo irreversible que le impedía comprender el proceso judicial o participar en él, por lo que, en septiembre de 2023, el tribunal suspendió indefinidamente el juicio al considerarlo incapacitado para ser procesado.
Desde entonces, el MTPI ha afrontado el dilema de decidir qué hacer con Kabuga pues Países Bajos rechazó que pudiera quedar en libertad en territorio neerlandés.
Varios países europeos se negaron a recibirlo debido a la gravedad de los cargos y a los costes y riesgos de hacerse cargo de una persona de más de 90 años –que se creía que tenía- con necesidades médicas complejas.
Ruanda fue el único Estado que expresó su disposición a acogerlo, pero Kabuga se oponía a ser trasladado allí alegando temor por su seguridad en un país donde su nombre está ligado a uno de los episodios más sangrientos del siglo XX.
Kabuga se había declarado inocente durante su primera comparecencia en 2020.
La última vez que se le vio en público, dos años tras su arresto, llegó a la sala con un aspecto debilitado y con dificultades visibles para intervenir.
En el momento de su fallecimiento, estaba esperando una decisión sobre su posible liberación provisional a un Estado dispuesto a aceptarlo, asunto que iba a tratarse en una conferencia el próximo miércoles.
El MTPI fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2010 para continuar las funciones de los tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia tras el cierre de ambas cortes.
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