Las autoridades egipcias han acelerado en los últimos meses una campaña de detenciones contra creadores de contenido en redes sociales, apoyándose en artículos imprecisos de la ley de delitos informáticos de 2018, que penaliza infringir “los principios o valores familiares” sin definirlos. Organizaciones de derechos humanos advierten que hay una aplicación arbitraria de la ley contra contenidos no políticos que simplemente no encajan en normas morales conservadoras.
La ofensiva contra creadores de contenido en Egipto no comenzó este año. Ya en 2020, las autoridades iniciaron una serie de arrestos contra influencers de TikTok, especialmente mujeres, bajo acusaciones de “inmoralidad” y “violación de los valores familiares”, según reportó entonces la prensa internacional.
Uno de los primeros episodios fue la detención de la influencer Manar Samy en julio de 2020, luego de que un abogado la acusara de prostitución por publicar un video en el que bailaba en una playa con su perro. La grabación, difundida en redes, no mostraba contenido sexual explícito, lo que generó críticas públicas, incluso de figuras de los medios estatales, que cuestionaron la noción de “inmoralidad” aplicada por las autoridades.
Ese mismo año, la bailarina Sama el-Masry fue condenada a tres años de prisión y a una multa económica por publicaciones consideradas sexualmente sugestivas en redes sociales. Los tribunales argumentaron que había vulnerado “los valores y principios de la familia”, una fórmula que se repetiría en decenas de causas posteriores. Otros casos de 2020 incluyeron la detención de Mowada Al-Adham y de Haneen Hossam, acusadas de promover la prostitución o de incitar a obtener dinero en TikTok.
Un informe reciente de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) señala que desde 2020 al menos 327 personas han sido detenidas en 252 causas judiciales bajo estas acusaciones. El ritmo se intensificó desde agosto pasado, con 167 arrestos en apenas cinco meses, más de uno al día. La mayoría de los casos recientes corresponden a mujeres, lo que la EIPR interpreta como un intento de controlar su vestimenta, lenguaje e imagen pública.
Según registró El País de España, uno de los casos más polémicos es el de la tiktoker conocida como Suzy El Ordonia, una joven que comenzó a publicar videos de su vida cotidiana siendo adolescente. Fue detenida en agosto y enfrenta cargos por difundir contenido indecente y por blanqueo de capitales, tras considerar ilegales sus ingresos en redes. Sus abogados han denunciado la aplicación arbitraria de leyes de decencia con definiciones poco claras.
Otro caso es el del influencer conocido como Shaker, detenido por 45 días, según informó RT Arabic. Está acusado de difundir contenido inmoral y de violar los valores familiares bajo los artículos 25 y 26 de la ley de delitos informáticos de 2018, que prevén penas de prisión y fuertes multas. En diciembre, un tribunal revocó su libertad bajo fianza.
Para Lobna Darwish, directora del programa de género de la EIPR, el objetivo central es “ejercer control social mediante castigos, juicios y cárcel”. La investigadora sostiene que el Estado busca disciplinar conductas y frenar una forma de movilidad social basada en las redes, en un contexto de retroceso de las garantías económicas y sociales tradicionales.
“Los fiscales son muy conservadores en Egipto y suelen proceder de la clase media alta y la clase alta”, le dijo a El País Mohamed Lotfy, director de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF), quien cree que muchos “consideran que la sociedad es algo que hay que disciplinar”.
Human Rights Watch ha documentado arrestos de hombres por no ajustarse a los modelos de masculinidad aceptados, incluidos casos relacionados con la forma de bailar o expresarse. También se han investigado hombres homosexuales a partir de contenido privado obtenido de aplicaciones de citas.
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