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¿Más ayuda humanitaria o financiera, menos sanciones? Tras El Salvador, Panamá y Costa Rica, cuatro países africanos (Uganda, Ruanda, Suazilandia y Sudán del Sur) aceptaron recibir a migrantes expulsados de Estados Unidos, como parte de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración ilegal.
Si bien los dirigentes de estos países se muestran discretos sobre los motivos de la acogida, sus detractores denuncian acuerdos con Washington.
El gobierno ruandés anunció el jueves la llegada a mediados de agosto de “un primer grupo de siete migrantes” a su territorio, que recibieron “el apoyo adecuado y la protección” de las autoridades.
Se trata del último arribo conocido al continente africano de estos “criminales”, como los denomina Trump, quien hizo de las deportaciones una de sus principales políticas.
El primer país en aceptar a estos deportados fue El Salvador de Nayib Bukele, el autoproclamado “dictador más cool del mundo”.
Durante cuatro meses, 252 venezolanos acusados de pertenecer presuntamente a la banda del Tren de Aragua permanecieron encarcelados en el país centroamericano, aunque solo 20 de ellos tenían antecedentes penales en Estados Unidos, según Caracas.
Varios contaron a AFP el infierno que vivieron en las cárceles de El Salvador. No obstante, esta política ha reforzado las relaciones entre ambos países y ha llevado al gobierno estadounidense a ignorar las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la “guerra” contra las pandillas de Bukele.
“Se siente protegido de alguna manera por su asociación” con Trump, afirmó Noah Bullock, director de la ONG Cristosal, tras recordar que la Constitución salvadoreña acaba de ser modificada para que Bukele se presente a la reelección indefinidamente.
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Uganda bajo la lupa: críticas internas y acuerdos secretos
Sin quererlo, un salvadoreño se ha convertido en el símbolo de la política represiva estadounidense: Kilmar Abrego García.
Expulsado en marzo por “un error administrativo” a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos, fue detenido de nuevo el lunes y puesto bajo custodia antes de una nueva expulsión, esta vez a Uganda, que fue suspendida por la justicia.
El Departamento de Estado informó que su titular, Marco Rubio, habló la semana pasada por teléfono sobre este asunto con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, último país en anunciar un acuerdo con Washington. Sin embargo, los detalles siguen siendo confusos.
Uganda acoge a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo (1,7 millones de personas) y recibe una importante ayuda internacional para mantenerlos. También depende de la ayuda estadounidense, especialmente para sus programas de lucha contra el sida.
El jueves pasado, Kampala explicó que “prefería” que los expulsados llegados a su territorio fueran “personas originarias de países africanos”, pero no es el caso de García.
“¿Por qué Uganda está involucrada en estas cosas vergonzosas?”, preguntó en X el exjefe de inteligencia ugandés David Sejuda.
Este excolaborador del mandatario ugandés, a quien ahora critica tras llevar más de cuatro décadas en el poder, denunció la desaparición de “la moral” en el país.
El líder de la oposición ugandesa Robert Kyagulanyi declaró a AFP que el gobierno estaba “desesperado” por conseguir el respaldo de Washington y afirmó que el acuerdo probablemente implique “acoger a personas con antecedentes penales a cambio de ayuda, apoyo político y cooperación económica”.
Ruanda, cuyo presidente gobierna desde 1994, anunció en agosto que acogerá hasta 250 personas expulsadas por Estados Unidos en nombre de sus “valores sociales”.
Aunque no trascendieron los detalles del acuerdo, otro similar firmado en 2022 con Reino Unido, prometía al país cientos de millones de libras en ayuda al desarrollo, pero el pacto terminó siendo descartado tras la asunción de un nuevo gobierno laborista.
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Sanciones, fragilidad política y presión de Washington
También Sudán del Sur recibió a ocho migrantes procedentes de Estados Unidos, pero el gobierno sigue sin pronunciarse al respecto.
Este país, el más joven del planeta desde su independencia de Sudán en 2011, es inestable y uno de los más pobres del mundo. Además, acaba de salir de una cruenta guerra civil, que dejó 400.000 muertos entre 2013 y 2018.
En abril se negó inicialmente a recibir a un congoleño deportado de Estados Unidos y, en represalia, Washington anunció la revocación de todos los visados concedidos a los sursudaneses.
“La mayoría de los responsables sursudaneses han sido objeto de sanciones y, para aligerarlas, deben postrarse”, explicó Akol Madwok, profesor de la Universidad de Juba.
Cinco expulsados calificados de “bárbaros” por la administración Trump también están encarcelados en Suazilandia, la última monarquía absoluta de África, donde las violaciones de los derechos humanos son numerosas.
“No se sabe” qué se ha obtenido a cambio, señaló Melusi Simelane, miembro de una ONG que presentó un recurso judicial contra esta decisión.
A su juicio, “es importante destacar que la administración Trump se centra en democracias débiles, donde sabe que no se le harán preguntas”.
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