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El gobierno, la justicia y la opinión pública acentuaron el martes la presión sobre Vale, la minera propietaria del dique que el viernes se rompió en el sudeste de Brasil dejando al menos 65 muertos y 279 desaparecidos, que siguen siendo buscados bajo el lodo.
El gobierno, la justicia y la opinión pública acentuaron el martes la presión sobre Vale, la minera propietaria del dique que el viernes se rompió en el sudeste de Brasil dejando al menos 65 muertos y 279 desaparecidos, que siguen siendo buscados bajo el lodo.
La policía detuvo a cinco ingenieros. Tres de ellos, funcionarios de Vale, son responsables por la autorización de la mina Córrego do Feijao, epicentro de la catástrofe en la localidad de Brumadinho, en Minas Gerais.
Fueron detenidos también dos ingenieros de la alemana TÜV SÜD, que en septiembre de 2018 garantizó la estabilidad del dique.
(Ver más: Las causas del rompimiento del dique en Brasil)
El vicepresidente Hamilton Mourao -presidente interino mientras Jair Bolsonaro se recupera de una cirugía abdominal- se expresó el lunes a favor de que los responsables por la tragedia respondan criminalmente, al igual que la fiscal general de la República, Raquel Dodge.
Mourao inició el martes su agenda con una reunión ministerial para discutir la seguridad de los diques mineros de Brasil, que hace tres años vivió su peor catástrofe ambiental cuando un dique en Mariana, a 125 km de Brumadinho, cedió vertiendo millones de metros cúbicos de agua y residuos mineros cobrando 19 muertos y arrasando ríos, casas y vegetación.
Esa estructura pertenecía a Samarco, copropiedad de Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton.
"Probablemente tendremos otros casos, que podrían ser de una amplitud menor, pero también peores. En aproximadamente el 10% de los diques del estado de Minas Gerais no se ha certificado la estabilidad o no hay suficiente información sobre seguridad", dijo a la AFP Luiz Jardim Wanderley, especialista en minería de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ).
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La catástrofe que vuelve a enlutar al corazón minero de Brasil levantó críticas de instancias ambientales, de derechos humanos y de líderes políticos. También dirigió los dardos a las premisas del gobierno del ultraderechista Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero con un discurso liberal y crítico de lo que ve como excesiva meticulosidad en los controles ambientes.
Entretanto, en Brumadinho, los socorristas continúan recuperando los cuerpos de las víctimas fatales del que es considerado el peor desastre laboral de Brasil. La lenta y penosa labor aumenta progresivamente el balance de víctimas fatales -que pasaron de 58 a 65 el lunes- y disminuye el de desaparecidos, que son 279 en el último informe.
"En los próximos días esperamos localizar un mayor número de cuerpos", afirmó el lunes por la noche el teniente Pedro Aihara, portavoz de los bomberos, indicando que "no hay plazo para cerrar" las búsquedas que desde hace tres días hallan solo cadáveres, sin ningún sobreviviente.
(En contexto: Se rompe dique minero en Brasil: evalúan magnitud de los daños)
Junto a la iglesia de Brumadinho, punto alto de la localidad, aterrizan los helicópteros que van depositando los cadáveres con redes, en un impresionante relevo.
Cubiertos por plásticos, es posible reconocer la forma de los cuerpos colgando del aire. Al lado de la iglesia, fuera del recinto donde están los equipos, hombres han cavado tumbas en el modesto cementerio de Córrego do Feijao bajo un sol inclemente.
Los bomberos trabajan sobre barro y arenas movedizas de hasta 15 metros de profundidad, realizando excavaciones.
Desastre ambiental
El derrame de lodo y de residuos mineros que siguió a la rotura del dique avanzó hasta el río Paraopeba, afectando el suministro de agua potable de la aldea indígena Nao Xoha ("espíritu guerrero") a unos 20 km del complejo minero.El domingo "notamos que el río llegaba sucio y en la tarde comenzamos a ver peces muertos", dijo por teléfono a la AFP el cacique Háyó Pataxó Hã-hã-hãe.
La Fundación Nacional del Indio (Funai) acudió al lugar, donde viven 27 familias para llevar donaciones y prestar ayuda.
"Es muy preocupante, estamos viendo el avance de ese lodo tóxico, y la perspectiva es que avance 220 km hasta otro dique donde se dice que esos residuos mineros pueden ser represados (...) pero son proyecciones", dijo a la AFP Marcelo Laterman, geógrafo y portavoz de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, que exige castigo para Vale por "este crimen ambiental".
Estimaciones oficiales revelan que la marejada de lodo y residuos podría avanzar aún más kilómetros hasta la represa de las Tres Marías.
Por la noche decenas de personas mostraron su indignación frente a la sede de Vale, en la zona sur de Rio de Janeiro.
(Ver más: Detienen a cinco ingenieros en investigación por tragedia minera en Brasil)
Vale, en el medio del vendaval, destinó centros de atención para los familiares de las víctimas y anunció el pronto desembolso de 100.000 reales (26.600 dólares) para cada familia afectada.
La justicia bloqueó 11.800 millones de reales (3.138 millones de dólares) y la empresa acumula multas por 449 millones de reales.
Las acciones de la minera brasileña se hundieron el lunes 24%, en la primera sesión de la Bolsa de Sao Paulo desde la tragedia, pero este martes se recuperaban cerca de 3%.
La represa no era usada desde hacía tres años y había sido verificada regularmente, según Vale.