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En 2010, Jesús Mesa Jr., agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, le disparó a Sergio Adrián Hernández Güerca, mexicano de 15 años, en la frontera que conecta a El Paso, Texas, con México. Hernández se encontraba con tres amigos en territorio mexicano jugando a correr hasta la reja alambrada que impide el paso a Estados Unidos para luego regresar al punto de inicio sin ser atrapados. Mesa se acercó a los menores del lado estadounidense, en El Paso, atrapando a uno de ellos. Cuando esto sucedió, Hernández salió corriendo hacia México. Ahí fue cuando Mesa desenfundó su arma y disparó contra el menor en dos ocasiones. Una de las balas impactó su cabeza, causando su muerte. Según Mesa, los niños le estaban arrojando piedras, por lo que su acción fue en “legítima defensa”. Un video del incidente lo contradice: no le estaban arrojando nada. Desde la muerte del menor, sus familiares han intentado iniciar un juicio contra este agente fronterizo. Pero la lucha por una demanda ha concluido con resultados negativos para la familia Hernández. Le puede interesar: Muerte en la frontera México - EE.UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal del país, decidió esta semana, por una votación de 5 a 4, que los ciudadanos extranjeros no pueden demandar a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pues no están cobijados por la legislación nacional. Los padres de Hernández argumentaron que el uso irrazonable de la fuerza excesiva por parte de Mesa había violado los derechos de la Cuarta y la Quinta enmienda del adolescente, pues manifiestan la protección al debido proceso. Sin embargo, para la mayoría de los miembros de la corte, estas son leyes federales de Estados Unidos que solo pueden aplicarse para los ciudadanos de este país.
Samuel Alto, juez conservador que escribió la opinión final, dijo que este incidente era asunto de seguridad nacional y que por ello está bajo la competencia del Legislativo o del presidente, pues solo esas ramas tienen la potestad para autorizar la adjudicación de daños por lesiones que se hayan realizado fuera de las fronteras estadounidenses.
“Un tiroteo transfronterizo afecta los intereses de dos países y, como sucedió aquí, puede conducir a un desacuerdo. No corresponde a esta Corte arbitrar entre Estados Unidos y México, que tienen intereses legítimos e importantes en juego y han tratado de conciliar esos intereses a través de la diplomacia”, sentenció Alito. Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y John Roberts, president del tribunal, todos de tendencia conservadora, estuvieron de acuerdo con esta decisión. Los liberales Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg rechazaron el argumento.
“Lamentablemente, la muerte de Hernández no es un incidente aislado”, dijo Ginsburg, recordando un informe de 800 quejas de supuestos abusos físicos, verbales o sexuales contra agentes de la Guardia Fronteriza entre 2009 y 2012. “Apenas tiene sentido que un remedio entrenado para disuadir la conducta de un oficial deshonesto encienda la casualidad posterior a la conducta: un disparo de bala en la mitad de una alcantarilla, no en la otra. La única diferencia sobresaliente aquí: la suerte de que la bala golpeara a Hernández en el lado mexicano del terraplén. Pero la ubicación de Hernández en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar nada”, concluyó la reconocida jueza Ginsburg, de tendencia liberal. “Además, el Congreso ha sido notablemente dubitativo a la hora de admitir demandas basadas por conductas supuestamente ilícitas en el exterior”, recalcó.
Para algunos sectores, esta decisión dejó en completa inmunidad el asesinato de Hernández. “Los agentes fronterizos no deberían tener inmunidad para disparar fatalmente a adolescentes mexicanos al otro lado de la valla fronteriza. La Constitución no se detiene en la frontera”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
El caso Hernández v. Mesa no es el único sobre un tiroteo transfronterizo en el país que queda pendiente de justicia. Con anterioridad se han presentado otros de este tipo como Swartz v. Rodríguez, en el que Lonnie Swartz, también agente fronterizo, disparó contra José Antonio Elena Rodríguez, quien le estaba arrojando piedras, causando su muerte. Los fiscales encontraron que el agente había reaccionado exageradamente. Sin embargo, ha sido declarado inocente en dos juicios penales y el caso por el lado civil ha sido suspendido en reiteradas ocasiones.
La Cancillería de México manifestó su preocupación por los efectos que este fallo tenga en otros casos similares, en los que ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano. “(Con este precedente), dichos casos ahora podrían tener limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en los tribunales de ese país”, indicó el martes la cancillería en un comunicado.
Por este y otros casos similares, México "ha expresado su enérgica condena a situaciones en las que autoridades de procuración de justicia recurren al uso de la fuerza de manera desproporcionada, y en ocasiones extraterritorial, particularmente en la frontera común", enfatizó la cancillería.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lamentó la muerte del joven, pero concluyó que el agente no había violado el reglamento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y no presentó cargos.
La Liga de Congresistas Latinos, por otro lado, lamentó la decisión en un comunicado en el que destacó que Sergio era "un menor desarmado cuando fue baleado a través de la frontera por el agente fronterizo Mesa".
"Debido a la decisión de hoy, la familia Hernández no tiene forma de buscar justicia por este asesinato", dijeron los congresistas.