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En 2007, después de iniciar su periodo presidencial en Ecuador y encontrar un sistema judicial debilitado, el presidente Rafael Correa prometió una nueva Constitución. Luego tendría la idea de llevar a cabo una reforma a la justicia. El mandatario instauró un poder ejecutivo que ha logrado disciplinar al judicial, llevando a "un proceso de concentración del poder, específicamente en manos del presidente", señala César Rodríguez Garavito, miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia (Dejusticia), una de las entidades que por medio de un informe revelado esta semana denuncia la pérdida de la independencia judicial en Ecuador y sus serias consecuencias.
El informe, llamado 'Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana' y elaborado en conjunto con la Fundación para el Debido Proceso y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, señala que se evidenciaron "injerencias indebidas a las que estuvieron sometidos los jueces" a cargo de casos de relevancia social y política que iban en contravía a los intereses del presidente ecuatoriano.
Cuenta Rodríguez Garavito que la investigación desveló una "persecución a personas y organizaciones que piensan distinto al presidente. (…) A través de este mismo sistema judicial que se ha vuelto dependiente del ejecutivo se hicieron evidentes casos como la persecución al diario El Universo y otros menos conocidos, pero no de menor gravedad, en los que líderes indígenas o miembros de organizaciones sociales han sido incluso encarcelados".
Advierte el informe que el hecho de que no exista una autonomía clara de poderes en Ecuador no solo pone en riesgo una justicia imparcial, también la democracia “debido a que es ante el órgano judicial que se puede hacer responsables de sus actos, constitucional y legalmente, a quienes ejercen el poder”, poniendo en riesgo el control de legalidad sobre las acciones del gobierno.
Entre los casos de estudio del informe de independencia judicial en Ecuador resalta la figura del "error inexcusable", con la que decenas de jueces fueron destituidos. Se trata de un término "legal vacilante y que, en algunos casos, ocasiona confusión", recalca el documento. En palabras de Rodríguez Garavito, es una "doctrina sujeta a la interpretación jurídica particular. Cuando esta interpretación no se ajusta a lo que el gobierno quiere o defiende de acuerdo con sus políticas, el Consejo de la Judicatura procede a sancionar o incluso a destituir".
Sin embargo, advierte el líder de Dejusticia, existen riesgos que trascienden, indicando que esta pérdida de la independencia judicial en Ecuador también tiene repercusiones regionales. En efecto, Ecuador ha liderado reformas a la justicia interamericana, fue uno de los países que impulsó el llamado proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que cuestionó durante algún tiempo la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Ecuador ha buscado restarle poderes a la Comisión Interamericana y hacer más difícil su intervención ante quejas como las que ya se están presentando ante la afectación por falta de independencia de poderes. El gobierno ecuatoriano busca que se le quite a la Comisión los poderes que tiene para expedir medidas cautelares como las que, por ejemplo, recientemente protegieron al alcalde Gustavo Petro", apunta Rodríguez Garavito.
Pese a que en 2012 se aprobaron e introdujeron algunos cambios reclamados por Ecuador y otros Estados al Sistema Interamericano, para el presidente Correa estos ajustes no fueron suficientes y continúa presionando por algunas reformas. Presentó en la Asamblea de la OEA celebrada este año en Asunción un proyecto de resolución que, entre otras cosas, proponía "una revisión rigurosa" de los mandatos asignados a las relatorías, así como impedir que algunas áreas de la CIDH, como la Relatoría para la Libertad de Expresión, cuenten con cooperación internacional directa, además de la petición de considerar a Haití, Costa Rica y Guatemala como eventuales sedes de la CIDH.
No obstante, la iniciativa de Ecuador no prosperó en la Asamblea de la OEA. Incluso antes de la Asamblea, en mayo fue aprobada la Declaración de Haití. Esa Declaración, muy parecida al proyecto de resolución presentado ante la OEA, generó profunda preocupación en organizaciones defensoras de DD.HH. como la Coalición Internacional de Organizaciones de los Derechos Humanos en las Américas, la cual advirtió que la Declaración de Haití contiene varias disposiciones que atentarían contra la autonomía e independencia de la CIDH y que se trataba de una iniciativa que, en vez de estar orientada hacia la universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, iría en detrimento de la autonomía e independencia de la CIDH y los alcances del Sistema Interamericano.
De hecho, en los últimos años Ecuador ha tenido varios choques, especialmente con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, que ha criticado la Ley de Comunicaciones aprobada en el país suramericano. La relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, dijo en una entrevista con este diario que esa ley "es probablemente, después de las leyes cubanas, la más restrictiva en materia de libertad de expresión en toda la región. Es una ley que permite, por ejemplo, que cuando al presidente le parece que una caricatura es ofensiva, no sólo el caricaturista se vea obligado a rectificar la caricatura o la frase que estaba en la caricatura, sino que además el medio, por no haber censurado al caricaturista tenga que pagar una multa muy cuantiosa. Pocos medios pueden darse el lujo de pagar una multa tan cuantiosa como la que establece esta ley. A lo que invita eso es a la autocensura".
El informe enciende las alarmas sobre la concentración del poder en el gobierno ecuatoriano y suma una advertencia frente a lo que denomina como un esfuerzo proactivo por parte de la cancillería ecuatoriana de minar los poderes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la CIDH. “Está en riesgo la justicia en Ecuador y la independencia de esta; peligra la posibilidad de imparcialidad cuando se trate de impartir a personas que son de la oposición política, peligra la libertad de expresión y peligra la justicia frente a todos aquellos que piensan distinto al gobierno ecuatoriano”, concluye Rodríguez Garavito.
da.francoga@gmail.com