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Las instituciones democráticas de Estados Unidos resistieron, aunque a duras penas, la primera presidencia de Donald Trump, pero, ¿lo harán de nuevo? Durante la campaña electoral de 2024, Trump prometió deportaciones masivas y campos de detención, represalias contra sus enemigos políticos, mano dura contra “el enemigo adentro” y una drástica reducción de las protecciones de la función pública para los trabajadores federales. Para llevar a cabo estas políticas dice que será un “dictador” al menos el primer día, y sigue expresando admiración por líderes autoritarios como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. (Lea el análisis del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, sobre inteligencia artificial).
Así las cosas, el crudo interrogante al que se enfrenta Estados Unidos es si habrá o no mecanismos adecuados que puedan impedir que los peores impulsos de Trump se conviertan en política oficial. ¿Serán suficientes los controles y equilibrios que han protegido la democracia estadounidense desde 1787?
Si bien todavía no hay manera de saberlo, centrarse en este interrogante desde el principio es imperativo. ¿Un Congreso controlado por los republicanos ofrecerá algún tipo de control? Trump, sin duda, no tiene que preocuparse por un juicio político, cosa que sucedió dos veces con la Cámara controlada por los demócratas durante su primera presidencia. Este Congreso, por el contrario, probablemente vea la victoria decisiva de Trump como un mandato. Es difícil imaginar a los miembros republicanos del Congreso oponerse a su deseo de lanzar deportaciones agresivas, recortar las protecciones ambientales o debilitar las protecciones de la función pública.
Asimismo, el filibusterismo (problemático en muchos sentidos) es la única herramienta que tienen los demócratas del Senado para obstaculizar los esfuerzos legislativos más extremos de Trump. Pero si así son las cosas, hay buenas razones para temer que los republicanos del Senado cambien las reglas para eliminar este mecanismo -que, efectivamente, requiere una mayoría de tres quintos para toda la legislación- y promulgar la agenda trumpiana en su totalidad. El filibusterismo no forma parte de la Constitución, ni siquiera de un estatuto federal. Se rige por las reglas del Senado, que pueden modificarse por mayoría simple. Las reglas ya se revisaron en 2013 para eliminar el filibusterismo en los nombramientos de jueces federales y funcionarios del gabinete.
Peor aún, mientras que la primera administración de Trump tuvo a muchos funcionarios de alto nivel que frenaron algunos de sus peores impulsos, esta será diferente. Muchos ex altos asesores se opusieron públicamente a la reelección de Trump, entre ellos Mark Esper, quien fue secretario de Defensa; John Kelly, quien fue jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y H. R. McMaster y John Bolton, quienes se desempeñaron como asesores de seguridad nacional. Estas figuras (la lista completa incluye decenas) esta vez no estarán. Trump se rodeará de leales incondicionales -el tipo de gente que lo ayudará, no lo restringirá-.
De todos modos, es de esperar que quienes ocupen los cargos más altos -el secretario de Defensa, el secretario de Estado, el fiscal general y otros- se tomen en serio su juramento de cargo y ejerzan presión cuando sea necesario. En última instancia, sin embargo, corresponderá a las cortes, particularmente la Suprema Corte de Estados Unidos, la tarea de hacer cumplir la ley y frenar a Trump. ¿Lo hará? Con seis jueces republicanos conservadores, la voluntad de la Corte Suprema de hacerle frente a Trump está muy en duda. Durante su primer mandato, muchas veces no lo hizo.
Uno de los peores abusos de Trump fue su “prohibición musulmana”, una orden ejecutiva que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Esta política estaba destinada a cumplir con su promesa de campaña de frenar toda la inmigración de musulmanes a Estados Unidos y, en una decisión de 5 a 4, la Corte dictaminó a favor de Trump, acentuando la necesidad de ceder ante el presidente en materia de política inmigratoria.
La decisión de la Corte Suprema en Trump vs. Estados Unidos el verano pasado arroja más dudas sobre la voluntad de los jueces de actuar como un control significativo de un ejecutivo caprichoso. En ese caso, concedieron al presidente inmunidad total frente a procesos penales por cualquier acción oficial en la que hiciera uso de un poder constitucional o estatutario de la presidencia. En consecuencia, Trump tomará posesión de su cargo sabiendo que no podrá ser procesado penalmente, ni siquiera civilmente, por nada que se haga en uso de los poderes de la presidencia.
Al final, el control más importante de la administración Trump puede venir de la prensa libre de Estados Unidos, y luego del electorado en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Es cierto que Trump ha expresado su deseo de limitar la libertad de prensa y perseguir a sus enemigos en los medios. Pero la libertad de expresión y la libertad de prensa son principios profundamente arraigados en Estados Unidos. Silenciar a sus críticos exigiría que Trump los demoliera, y si va mucho más lejos de lo que desea la mayoría de los estadounidenses, solo faltan dos años para que los demócratas puedan recuperar la Cámara de Representantes y el Senado.
Esta falta de responsabilidad del presidente debería ser preocupante más allá de quién ocupe el cargo. Pero es aún más preocupante en el caso de un hombre que no ha tenido reparos en infringir la ley. Los jurados han declarado que Trump ha abusado sexualmente de la columnista E. Jean Carroll, y luego la difamó por ello. Un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 delitos graves por autorizar pagos de dinero a cambio de silencio a Stormy Daniels y luego falsificar registros comerciales para ocultar los pagos durante su campaña presidencial de 2016. Un juez de un tribunal estatal ha multado a Trump y a sus empresas en US$450 millones por incurrir repetidamente en prácticas comerciales fraudulentas.
Y después están las acusaciones pendientes contra Trump. Se enfrenta a un juicio en un tribunal del estado de Georgia por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Allí, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “encontrara” los aproximadamente 11.000 votos que necesitaba para ganar. Fue acusado en Florida por llevarse documentos altamente clasificados en clara violación de la ley federal, y luego intentar encubrir el delito. Y fue acusado en un tribunal federal de Washington por delitos relacionados con su esfuerzo por subvertir las elecciones de 2020. Estos dos últimos casos federales seguramente serán desestimados una vez que Trump asuma el cargo, ya que ordenará a su Departamento de Justicia que acabe con ellos.
Todos estos ejemplos muestran lo que parece obvio: Trump no tiene reparos en violar la ley. Por eso es tan urgente la cuestión de las barreras. Ninguna democracia dura para siempre. Existen muchos países que alguna vez fueron democracias, pero ya no lo son. ¿La presidencia de Trump llevará a Estados Unidos hacia el autoritarismo o será una administración conservadora más? Ninguna pregunta es más acuciante en los próximos años.
* Erwin Chemerinsky es el autor de los libros Worse Than Nothing: The Dangerous Fallacy of Originalism (Peor que nada: la peligrosa falacia del originalismo. Yale University Press, 2022) y Presumed Guilty: How the Supreme Court Empowered the Police and Subverted Civil Rights (Presunto culpable: cómo la Corte Suprema otorgó poderes a la policía y subvirtió los derechos civileS. Liveright, 2021). Copyright: Project Syndicate, 2024. www.project-syndicate.org
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