Venezuela ha vivido más de 25 años bajo un modelo que se ha sostenido, en gran parte, gracias a la estrecha relación que se ha forjado entre el Palacio de Miraflores y las fuerzas militares. Basta con recordar que a principios de este siglo, en el año 2002, cuando gremios empresariales y trabajadores dieron un breve golpe de Estado contra Hugo Chávez, algunos sectores del Ejército se opusieron a ello. Entre esas personas figuró Vladimir Padrino López, quien para entonces era comandante del batallón de infantería Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, en Caracas. Su ascenso, que lo llevó a ser ministro de Defensa por más de una década, se consolidó gracias a la confianza que se ganó a lo largo de los años entre las filas del chavismo, cuya afiliación se dio desde que el fallecido exmandatario fue su profesor en la academia miliar y desde que le escribía desde la cárcel de San Carlos, donde estuvo retenido tras un intento de rebelión que lideró contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 90.
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Junto a Padrino López, los hermanos Domingo Antonio y Johan Alexander Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada y comandante general del Ejército, respectivamente, así como Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional, hicieron parte de esa alta cúpula militar que ayudó al sostenimiento de Nicolás Maduro por años en el poder. La periodista Sebastiana Barráez, que se dedica al cubrimiento de la fuente militar, le explicó a El Espectador que ese apoyo casi irrestricto respondió a que la gran mayoría de ese pequeño círculo ascendió sin méritos y, en cambio, se benefició de privilegios para realizar actividades con fines lucrativos.
Solo Padrino López, por ejemplo, tenía en 2020 una amplia red de negocios familiares en Venezuela y Estados Unidos, calculada en millones de dólares. Así lo reveló una investigación del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, la cual estableció que sus allegados tenían alrededor de 15 propiedades valoradas en USD 4,5 millones en Florida y Texas, a la par que dio a conocer la existencia de la empresa Prinmaplast, que figuraba bajo el mando de Yarazedt Betancourt, su esposa, y bajo el paraguas accionario de otras entidades, incluidas dos vinculadas a Jesús María Padrino Renaud, su tío.
Además, según denuncias de agentes federales estadounidenses, él recibió ingresos muchos más altos que el sueldo promedio de un uniformado venezolano (el salario mínimo es de USD 3 al mes), a cambio de aceptar sobornos de organizaciones narcotraficantes y de permitirles pasar libremente por el espacio aéreo del país. Según él, esas afirmaciones fueron “infundadas” e “impúdicas”.
El brazo militar venezolano, que entre Ejército (63.000), Armada (25.500), Aviación (11.500) y Guardia Nacional (23.000) sumó alrededor de 123.000 miembros, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, vio incrementar su poder e incidencia en la política de Venezuela en el primer cuarto de siglo. Muestra de ello es que existieron al menos 44 entidades adscritas al Ministerio de Defensa, asociadas con actividades relacionadas al petróleo, pero también con minerales y servicios ambientales, algo que no se había visto antes, como documentó la Asociación Civil Control Ciudadano. La organización, que tuvo como presidenta a la hoy detenida Rocío San Miguel, habló entonces de una estructura burocrática militar en ascenso que desvió a la Fuerza Armada de su función básica: garantizar la soberanía del país.
Una persona que estudió el tema, que por seguridad prefirió hablar bajo la reserva de su nombre, teniendo en cuenta el ambiente hostil que creó el régimen de Maduro alrededor de las ONG y los opositores, le advirtió a este diario que “la lealtad se la jugaron todos”. De hecho, otra cara de la burocratización militar la mostró la ONG Transparencia Venezuela, la cual contabilizó cerca de 100 empresas de propiedad estatal con militares en sus juntas directivas. Además, 301 uniformados ocuparon cargos en la administración pública del Estado, según una lista citada por el periódico El Nacional, sin olvidar que un tercio de los generales del Ejército estuvieron vinculados a empresas habilitadas para hacer negocios con el Gobierno.
Para Barráez, eso pudo ser resultado de la politización y la pérdida de los valores en la institución castrense. Para otros, pudo ser también muestra de la debilidad en la experiencia profesional militar y la imposibilidad de generar cohesión en la Fuerza Armada, en un complejo círculo en el que la deslealtad, real o supuesta, incluyó la vigilancia que llevaron a cabo el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los datos de la ONG Foro Penal mostraron que, al menos hasta el 15 de diciembre de 2025, había 902 presos políticos en Venezuela, de los cuales 174 eran militares.
El chavismo y el Cartel de los Soles: cuando los inocentes estaban presos y los criminales libres
En el país vecino los espacios políticos se redujeron cada vez más mientras Maduro estuvo en el poder. Con los opositores presos, en la clandestinidad o en el exilio, como sucedió con María Corina Machado (galardonada con el Premio Nobel de la Paz) y Edmundo González Urrutia tras las elecciones presidenciales de 2024, el oficialismo no solo impuso sus liderazgos, sino que afianzó su poder para regular varias economías criminales. Así lo estableció un informe de Insight Crime que detalló que varios estados se convirtieron en piezas claves del engranaje criminal: Bolívar y Amazonas, donde se registró explotación ilegal de oro y coltán, además de Zulia, Táchira y Apure, en la frontera con Colombia, por donde circularon bienes de contrabando y drogas.
Esa estructura la heredó Maduro de la época de Chávez, cuando también se vio el manejo de las altas esferas políticas y militares sobre el negocio del narcotráfico. Eso es lo que se conoció durante décadas como el Cartel de los Soles, un entramado de redes que, sin tener un capo máximo o un único líder, garantizó la participación de los actores estatales en esos ilícitos. En medio de ello, las investigaciones del centro de pensamiento especificaron que las redes de tráfico realizaron pagos periódicos a las unidades militares locales para poder operar con impunidad, evitando así operaciones en pistas de aterrizaje clandestinas o en laboratorios de cocaína. Incluso, algunas unidades del Ejército transportaron drogas en vehículos militares. Entonces, eso funcionó más como una red de corrupción en la que militares y políticos se beneficiaron de los acuerdos con los narcotraficantes. Por eso, fue común ver que los funcionarios usaron sus puestos para proteger a los traficantes y, a la par, mantener las lealtades de los mandos inferiores.
Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, así como Hugo el Pollo Carvajal —exresponsable de inteligencia que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos— y Tareck El Aissami —exministro de Petróleo detenido por presunta corrupción— fueron algunas de las figuras que se asociaron a dicho cartel, cuyo nombre se debe a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana llevaban en sus charreteras. El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense lo declaró una organización terrorista internacional, pues, según un comunicado, proporcionó apoyo material a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, que “amenazan la paz y la seguridad”.
Barráez recordó que antes de la Revolución Bolivariana era un castigo que a un uniformado lo enviaran a la frontera. Eso cambió a partir de los últimos años del siglo pasado y, en un giro de 180°, se convirtió en un privilegio. “Hubo una evidente alianza del régimen venezolano con criminales y una protección a los delincuentes”, que también permeó a actores ilegales colombianos, como las FARC y el Ejército Nacional de Liberación (ELN). Además, si en tiempos de Chávez el poder estuvo más centralizado, con Maduro la situación fue diferente: con mayor fragmentación, este último tuvo que recurrir a negociaciones para mantenerse hasta este momento en la jefatura del Palacio de Miraflores.
Ante el panorama cada vez más tenso con Estados Unidos, debido a la política de confrontación del presidente Donald Trump, quien no descartó ninguna opción frente a Venezuela desde los primeros meses de su segundo mandato, se empezó a hablar sobre el futuro de esas organizaciones criminales alineadas con el régimen. De hecho, Insight Crime reiteró que el papel que ellas tendrán en un futuro podría ser crucial para el país, no solo porque se enfrentarían a la disyuntiva de proteger sus intereses económicos o a sus aliados políticos, sino porque en muchas zonas del país los criminales han asumido funciones de seguridad y gobernanza, con el beneplácito del Estado. Las dudas también quedan sobre los colectivos, que han funcionado como fuerzas paramilitares para proteger al régimen y mantener el statu quo.
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