Hay momentos en los que un país queda suspendido. En Venezuela ocurre más veces de las que cualquier sociedad debería soportar, y esa suspensión ya no sucede solo dentro de sus fronteras. Queda suspendido en ese lugar del dolor colectivo donde todo depende de una llamada, una lista, una foto enviada por WhatsApp o una voz que confirme que alguien sigue con vida.
Los terremotos del 24 de junio golpearon a un país que ya venía fracturado. Las cifras de víctimas, personas heridas, desaparecidas y damnificadas siguen cambiando, como ocurre en las primeras horas y días de una catástrofe. Pero hay algo que no necesita esperar un balance definitivo. Esta emergencia no cayó sobre una normalidad que se rompe, sino sobre una emergencia humanitaria compleja que ya existía.
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Lo primero es salvar vidas, atender heridos, garantizar agua, alimentos, electricidad, medicamentos, comunicaciones y rutas seguras, esa es la urgencia absoluta. Pero incluso allí, cuando la prioridad es sobrevivir, hay una dimensión política que no puede quedar aplastada por la emergencia: el derecho a llorar sin pedir permiso.
Ese derecho no es solo una metáfora. En un régimen autoritario significa poder buscar a un familiar sin ser intimidado, grabar una denuncia sin ser perseguido, exigir maquinaria sin ser acusado de conspirar, organizar ayuda sin ser criminalizado y preguntar por una persona detenida sin entrar en una zona de miedo. Significa que el dolor no pertenece al Estado, que las víctimas no son propiedad del relato oficial y que la solidaridad no necesita autorización política para existir.
Una catástrofe sobre una emergencia humanitaria
En Venezuela, estos terremotos no inauguran el sufrimiento humano, lo profundizan. Agravan una crisis atravesada por servicios públicos sumamente precarios, un sistema hospitalario debilitado, inseguridad alimentaria, empobrecimiento, migración forzada, censura, miedo y desconfianza institucional. Por eso no basta hablar del desastre natural, hay que hablar de una catástrofe que impacta a una sociedad previamente erosionada por la precariedad y por el autoritarismo.
Esa diferencia importa porque en los contextos autoritarios las emergencias no solo activan obligaciones de asistencia, sino también riesgos agravados de represión. Donde ya existen patrones de censura, persecución, detenciones arbitrarias, criminalización de la sociedad civil y desapariciones forzadas, un desastre puede convertirse en una zona de mayor indefensión. La urgencia puede ser utilizada para militarizar territorios, aumentar el cierre del espacio cívico, restringir información, impedir monitoreo independiente, administrar selectivamente la ayuda y perseguir a quienes denuncien abandono.
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Hay un costo que debe nombrarse con claridad: durante años, el Estado venezolano no solo ha sido el generador de la emergencia humanitaria compleja, también atacó, obstaculizó y criminalizó a organizaciones que hacían asistencia humanitaria. Eso importa hoy. En una crisis prolongada, esas organizaciones no son accesorias, son parte de la infraestructura real de supervivencia. Conocen comunidades, sostienen comedores, distribuyen medicamentos, levantan alertas, acompañan casos, producen información.
Cuando se allana una sede, se congelan cuentas, se detiene a trabajadores humanitarios o se presenta la asistencia como sospecha política, no solo se agrede a una organización. Se rompen capacidades sociales acumuladas y presencia territorial. En una emergencia humanitaria compleja ese costo ya era enorme; en una catástrofe como esta, se vuelve todavía más alto. Cada organización debilitada ayer es una respuesta menos disponible hoy.
Monitorear el daño, monitorear al Estado
En Venezuela, no basta con monitorear el daño, hay que monitorear al Estado; hay que observar quién distribuye la ayuda, con qué criterios, en qué zonas, bajo qué controles y con qué mecanismos de rendición de cuentas.
El derecho a llorar sin pedir permiso es también el derecho a producir verdad. Nombrar a las víctimas, registrar personas desaparecidas, identificar cuerpos, publicar listas, documentar traslados, reportar centros de atención, ubicar niños separados de sus cuidadores, denunciar hospitales colapsados o zonas sin ayuda no son actos secundarios frente a la emergencia, son parte de la emergencia.
En ese sentido, la corrupción debe leerse dentro de ese mismo marco; no puede leerse como un riesgo abstracto de mala administración. Durante años, la escasez fue administrada mediante mecanismos opacos, discrecionales y políticamente mediados. Programas de distribución de alimentos, redes de intermediación, estructuras territoriales de control, permisos, listas y accesos diferenciados convirtieron bienes básicos en instrumentos de dependencia. Por eso, en esta catástrofe, el problema no es solo que se pierdan recursos o se inflen contratos; el riesgo más grave es que la ayuda quede atrapada en las mismas lógicas que han administrado el hambre.
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Por eso la transparencia no es un lujo procedimental, la trazabilidad de la ayuda es una garantía mínima frente a un Estado que ha usado la opacidad como forma de poder. Saber qué entra, quién lo administra y a dónde llega podría impedir que la catástrofe sea absorbida por las mismas redes de corrupción y control que han atentado contra la vida cotidiana antes de los terremotos.
Infancia, trata y control territorial
Otra preocupación mayor es la necesidad de mirar la emergencia desde la infancia. Aproximadamente, 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo en Venezuela tras los devastadores terremotos. Ese dato obliga a poner la protección de la niñez en el centro de la respuesta, no como un componente posterior.
Después de un desastre de esta naturaleza, niñas, niños y adolescentes pueden quedar separados de sus cuidadores, trasladados sin registro, acogidos por terceros, llevados a refugios improvisados o expuestos a redes de explotación. En un país con instituciones debilitadas, desplazamiento, pobreza y actores armados, esa vulnerabilidad no puede tratarse como un riesgo eventual. Debe asumirse como una alerta inmediata, registro seguro, reunificación familiar, espacios de protección, controles frente a traslados irregulares, prevención de trata y canales claros para reportar niños, niñas y adolescentes no acompañados.
En estos contextos, la trata puede aparecer disfrazada de ayuda, una oferta de traslado, una promesa de refugio, una supuesta reunificación familiar o una oportunidad de trabajo para adolescentes que han quedado solos.
Allí aparece otra alerta, la actuación de actores armados; si en las zonas afectadas se denuncian colectivos armados y formas de control territorial, el problema no puede tratarse como una anécdota de orden público. En Venezuela, esos actores han formado parte del ecosistema de intimidación política y control social del Estado. Su presencia en una emergencia abre riesgos específicos sobre control del acceso a la ayuda, vigilancia de comunidades, intimidación de denunciantes y captura de rutas de distribución.
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La memoria política de Vargas
Venezuela tampoco llega a esta emergencia sin memoria, la tragedia de Vargas en 1999 no fue solo una catástrofe natural, fue una escena política temprana del país que estaba naciendo. Allí se cruzaron la omisión, la improvisación, la militarización de la respuesta, la fragilidad de la planificación territorial, la promesa de reconstrucción y una tensión que todavía nos persigue: cuándo la soberanía protege a la población y cuándo se usa para cerrar, controlar o condicionar la ayuda.
Vargas dejó una lección que nunca debió perderse: los desastres no empiezan cuando se desliza una montaña o cuando tiembla la tierra. Empiezan antes, en la falta de planificación, en la debilidad de los sistemas de alerta, en la precariedad de hospitales, en la opacidad de los datos y en la desigualdad que decide quién puede protegerse y quién queda expuesto. Y todo esto es finalmente una decisión política.
La pregunta, entonces, no es si este escenario se parece a la tragedia de Vargas, la pregunta es qué hizo el Estado venezolano con esa memoria. Y la respuesta es poco alentadora. El Estado venezolano la absorbió en el relato heroico del poder y llega, dos décadas después, con una sociedad agotada, un Estado opaco y un aparato represivo ya probado.
El punto político de Vargas no es usar el pasado como analogía fácil, sino entender cómo una tragedia puede convertirse en una escena de poder. En 1999, el desastre ocurrió al inicio del ciclo político chavista y puso sobre la mesa la relación entre emergencia, militarización, reconstrucción, soberanía y ayuda internacional. Hoy, la pregunta sigue siendo incómoda: si la soberanía se invoca para proteger a la población o para controlar quién ayuda, quién informa y quién puede exigir cuentas.
Migración y respuesta de Colombia
Otro aspecto importante para considerar es que las consecuencias de estos terremotos pueden abrir una nueva etapa de movilidad humana. No sería extraño que más personas salgan del país si la respuesta no garantiza un mínimo de condiciones de vida. Un desastre de esta magnitud puede convertirse en una nueva etapa de desplazamiento interno, migración internacional forzada, separaciones familiares y nuevos casos de protección internacional.
La gestión migratoria regional no puede tratar lo ocurrido como un episodio aislado, porque en Venezuela ninguna emergencia ocurre aislada de la crisis estructural que la precede. Colombia, por razones geográficas, históricas, familiares y humanitarias, no puede mirar esta catástrofe como un asunto externo. La respuesta colombiana debe anticiparse.
La otra dimensión de la migración es que, mientras dentro del país la vida queda suspendida, más de 8 millones de personas tienen que seguir funcionando. La diáspora trabaja, cuida, paga cuentas, toma transporte y responde mensajes mientras espera una llamada o revisa una lista. Esa normalidad forzada es una de las formas más crueles del dolor migrante. El país se detiene por dentro, pero el cuerpo migrante no siempre puede detenerse por fuera.
Muchas personas vivirán esta tragedia con familiares heridos, desaparecidos o fallecidos sin poder regresar, por falta de recursos, por documentos vencidos, por estatus migratorio, por responsabilidades de cuidado o por miedo a quedar atrapadas nuevamente en el país del que salieron.
Sin embargo, en medio de ese dolor, apareció algo que merece ser reconocido. He sido, y seguiré siendo, profundamente crítica de la xenofobia institucional y social que tantas veces ha marcado la vida de las personas venezolanas fuera del país. Pero hoy sería injusto no reconocer que, frente a esta tragedia, la solidaridad gritó más fuerte. No borró la xenofobia ni la resolvió, pero la interrumpió y esto quiero agradecerlo profundamente.
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Garantías, no épica
Venezuela está, nuevamente, ante una coyuntura crítica. Reconstruir no puede significar volver exactamente al punto anterior, si eso ya estaba marcado por precariedad, desigualdad, miedo y autoritarismo. Volver a la normalidad, en un país donde la normalidad era la crisis, sería una forma de fracaso.
La Organización Internacional para las Migraciones ha estimado que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por estos terremotos, y eso debería obligarnos a ampliar la mirada. Por eso, el derecho a llorar sin pedir permiso no es una imagen literaria para nombrar el duelo. Es poder buscar a los suyos, recibir ayuda, denunciar abusos, exigir información y reconstruir la vida sin que el poder convierta el dolor en obediencia.
*Directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela.
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Por Nastassja Rojas*
