La primera ronda de las negociaciones entre el chavismo y la oposición ocurrió siete meses después del derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro y poco después de los letales terremotos en Venezuela: ¿cree que en el país estaban dadas las condiciones para empezar con un proceso así?
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Sí. De hecho, es fundamental el tema de la reinstitucionalización, y lo hemos sostenido siempre desde Acceso a la Justicia. No podemos avanzar hacia la democracia, hacia la transición, incluso hacia una recuperación económica, si no se reinstitucionaliza. La causa de la crisis humanitaria ha sido la ruptura institucional. La estructura del Estado ha sido destruida progresivamente y eso nos ha llevado hasta acá. Entonces, ¿cómo se va a invertir o a recuperar la economía si no hay seguridad jurídica, Estado de derecho ni justicia?
¿Cómo ve el hermetismo con el que se ha construido este proceso de diálogo? ¿Eso mina en algo la confianza?
Estados Unidos decidió la manera de hacerlo: traer a la Asamblea Nacional de 2015. Eso tiene una explicación jurídica desde el punto de vista de la legislación estadounidense, también desde las regulaciones que hay con respecto a Venezuela, pero, evidentemente, para el país es un grupo que no existe, y a lo mejor ya está deslegitimado. Eso es lo que piensa la gente. Nosotros, desde la sociedad civil organizada, entendemos y vemos que ha actuado con la mejor claridad posible y con información constante, y está conformado por personas que en general tienen una reputación. De nuestro lado, hay una buena percepción con el mecanismo. Lo entendemos, pero es algo que estableció Estados Unidos (que quiere estabilidad) y es complicado, porque lo que anhelan los venezolanos son las elecciones y un nuevo gobierno, y el actual ya ha mostrado que no tiene voluntad de cambio.
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Hablemos de lo que se acordó al finalizar la primera ronda de negociaciones, y eso tiene que ver con la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: ¿qué pensó de las acciones que emprendió antes de ello el chavismo con respecto a ese tema y qué cree que se puede lograr con lo que se pactó hace unos días con los opositores?
Con respecto a lo primero, consideramos que fue un proceso opaco y sin garantías de independencia de las personas que se iban a nombrar. Nuestra propuesta, justamente, era recomenzar, incluso que se reformara la ley. Vemos que eso está incluido en la propuesta que ahora hay. Toca empezar de nuevo porque los cambios de fiscal, de defensora del pueblo y de la ley de amnistía, etc., han sido cuestiones cosméticas, no veraces. No hay un cambio real. Esta nueva versión del chavismo se trató de vender como tecnócrata, y los terremotos mostraron que aquí hay un gobierno fallido, sin capacidad real, reducido al mínimo. Se entendió, entonces, que toca reinstitucionalizar y el pecado capital del chavismo es el Tribunal Supremo, todo el poder judicial.
En ese sentido, ¿qué se puede esperar de la reforma a la justicia que se necesita?
Lo que pide la Constitución es que la selección de los magistrados sea hecha por miembros independientes de la sociedad civil, con capacidad jurídica, como de colegios de abogados, académicos reconocidos o miembros de organizaciones de derechos humanos que tengan que ver con el sistema de justicia. Sin embargo, eso fue cooptado por el Parlamento y, al final, los diputados hacen parte del comité de selección y deciden cuál es la sociedad civil. Ahí está la clave. Lo ideal de esa reforma sería que no haya diputados. Por lo que hemos visto en la prensa, entendemos que esa parte de la negociación no se logró, si también se considera que en este momento todos los diputados son del chavismo y la oposición que hay no es real o genuina. En la reforma tendría que quedar claro que el grupo de la sociedad civil va a ser realmente independiente y que podrá hacer valer su criterio en el comité de postulaciones. Eso implicaría un inicio de cambio. Por algún lado hay que empezar.
Los venezolanos ya venían con necesidades urgentes en términos de salud, educación y alimentación, y ahora el terremoto exacerbó esa emergencia humanitaria de años. Otro elemento que se pactó en la primera ronda de negociación fue centrar esfuerzos para recuperar las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra y atender con eso a los damnificados por los sismos. ¿Qué se necesita para acceder a esas reservas y, más aún, para lograr la auditoría de la que hablaron las partes? ¿Cómo lograr eso de manera transparente en medio de la desconfianza que hay?
Dentro de la mesa de negociación no estaba el tema de los terremotos, mucho menos del oro. Era solo un espacio para buscar unas elecciones creíbles y crear los mecanismos para ello. Entonces, eso fue algo que puso en la mesa el chavismo, que no es prioridad para la democracia, mientras que la oposición lo hizo con el tema del Tribunal Supremo, que es parte central en la agenda democrática. Sin embargo, hay una situación de emergencia. La llave de esos recursos exteriores la tiene el grupo de la Asamblea Nacional de 2015.
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La gran preocupación es la transparencia del uso de esos recursos, porque el que gobierna, el que está en el terreno, es el chavismo. Entendemos que es Estados Unidos el que va a recibir el oro y lo hará entrar a Venezuela para ayudar en la reconstrucción, todo sometido a auditorías. Habrá que ver cómo operará eso y qué resultados en concreto habrá. Es positivo que el oro sea utilizado para atender una emergencia, una reconstrucción y una situación tan precaria. Lo importante ahí es la transparencia de la inversión y los controles, y quién se va a beneficiar de eso. Que de verdad sirva para reinstitucionalizar y reconstruir, no para que el poder se mantenga y sigamos en lo mismo.
Conversemos ahora de lo que no se habló, pues un tema ausente en esos primeros anuncios fue el de los presos políticos. ¿Cómo interpreta que no se haya abordado esto en la primera etapa de las negociaciones?
Si hay presos políticos, no hay democracia. Ahí vemos que la Asamblea Nacional de 2015 lo ha traído a colación, no formalmente en la mesa, pero sí ha habido vocería al respecto, además de la presión que sigue habiendo con las vigilias de los familiares, los comités de víctimas y las ONG. Por eso vimos la excarcelación de la semana pasada de unas 80 personas, aunque el Gobierno dijo que fueron 130. Sobre la marcha aparecen los temas y las formas de lograrlo. Todo paso adelante es bueno, pero, evidentemente, no estamos donde queremos estar. Aún no estamos en el día después: aquí seguimos en dictadura, la gente lo sabe y el Gobierno lo hace saber. Hay una oportunidad de cambio, hay menor represión y más espacio para hablar, pero no hemos llegado al otro lado.
Algunos interpretan la primera ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición como un relativo éxito. Otros dicen que es una iniciativa de Estados Unidos frente a su intervencionismo en Venezuela. ¿Usted qué opina frente a eso?
Lo del éxito hay que verlo, porque es pronto para hablar de resultados. Los terremotos tuvieron la virtud de poner todo a la luz, y con ello se vio claramente que hay un país destruido, donde no ha habido un proceso de reinstitucionalización ni de cambio real. Está muy bien que ahora lleguemos a eso, pero no se ha verificado una liberación absoluta de los presos políticos, además de que los patrones de represión y la forma de gobernar subsisten. Entonces, no llamaría esto un éxito, sino una oportunidad que puede ser exitosa. Habrá que ver en qué termina esto.
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¿Y con respecto a Estados Unidos?
Por la manera en la que habla y actúa, el Gobierno de Estados Unidos no ve un problema en intervenir. No cree en el derecho internacional ni en el de los derechos humanos. Lo que hay es un interés en los recursos venezolanos, en las reservas petroleras, y en que aquí, en su patio trasero, no estén Hezbolá, China ni Rusia, sus grandes enemigos. Está tratando de lograr su objetivo, y eso se está alineando con los intereses de los venezolanos. Queremos inversión y prosperidad, pero para lograrlo se necesita cambiar la forma de gobierno y lograr la democracia. Si no, no hay manera. Parece que lo entendió.
¿Cuáles son esos acuerdos puntuales que usted esperaría que se aborden más adelante?
Lo primero, lo del Tribunal Supremo y lo del apoyo tras los terremotos, está bien. Ahora hay que ver cómo va a operar y en cuánto tiempo se hará. Lo siguiente debe ser la justicia penal, que funciona como un sistema represivo, más las leyes que se han dictado para restringir el espacio cívico. Entiendo que por ahí va la negociación. Tienen que desaparecer los tribunales antiterrorismo. Tienen que empezar con el tema del Consejo Nacional Electoral, pero creo que la prioridad sigue siendo lo judicial.
¿Debería Colombia, con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, jugar un rol en este proceso de diálogo que se está dando en Venezuela?
Evidentemente, hay un interés que puede ser comercial. Es decir, en otra época, para Colombia era crucial mandar sus productos para Venezuela. Entonces, restablecer ese intercambio es importante. Sin embargo, políticamente, no lo veo claro en este momento. Estamos otra vez en dos extremos y no veo cómo se puede hacer eso, además de que se tienen que dar unos cambios estructurales antes de llegar a acuerdos comerciales concretos. Sería interesante si se da esa conversación, porque eso va a beneficiar a colombianos y venezolanos. Pero, además, aquí tenemos presos colombianos y colombovenezolanos, y Gustavo Petro no se ocupó de eso. Es clave intervenir ahí, así sea por intermedio de Estados Unidos. Tiene que haber esa negociación.
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