
La imagen del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, estrechando el miércoles la mano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condensó uno de los giros geopolíticos más abruptos del continente. Apenas diez meses después de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Washington y Caracas firmaron un acuerdo de cooperación técnico-militar que sepulta más de dos décadas de confrontación abierta.
Toda la escena dejó ver una división de roles muy calculada. Lo más llamativo es que ni el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ni Jorge Rodríguez estuvieron en la escena. Delcy blindó el protocolo con un perfil puramente institucional y técnico acompañándose de su canciller, Oliver Blanco, la procuradora, Viviana Seijo, y el ministro de Defensa, Gustavo González López, que sirve como el garante de que los mandos medios y altos acepten sin fracturas ni rebeliones que asesores estadounidenses vuelvan a entrar a los cuarteles.
Pero lo más llamativo fue la aparición del empresario Alejandro Betancourt, figura clave de los nuevos contratos petroleros con EE. UU., que deja ver cuál es el verdadero pegamento de esta transición: la seguridad va de la mano con el petróleo. Washington parece estar asegurando el perímetro operativo para las inversiones energéticas y la extracción de crudo que ya están en marcha.
Según el propio Hegseth, y a pesar de las múltiples denuncias e informes hechos por organizaciones de derechos humanos, Venezuela dejó de ser vista por el Pentágono como “la amenaza regional más agresiva” para convertirse en un “socio de seguridad colaborador”. Este pacto estará centrado en seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional, intercambio de inteligencia y modernización de equipos, y abre así un nuevo capítulo de un ciclo histórico marcado por los vaivenes de la Guerra Fría y el chavismo.
Durante la segunda mitad del siglo XX, las Fuerzas Armadas venezolanas ya fueron uno de los aliados más estrechos de Washington en Sudamérica, incluso por encima de Colombia. La confianza con Caracas alcanzó su punto máximo en los años ochenta, cuando Venezuela se convirtió en uno de los pocos países latinoamericanos autorizados para adquirir cazas estadounidenses F-16. En la década siguiente, la sintonía se mantuvo bajo el paraguas de la lucha antinarcóticos.
Sin embargo, todo cambió con la llegada de Hugo Chávez al poder, especialmente tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002. En abril de 2005, Chávez expulsó a los asesores militares estadounidenses y rompió los convenios bilaterales. Un año después, en mayo de 2006, la administración de George W. Bush impuso un embargo de armas y repuestos que dejó en tierra a buena parte de la flota de F-16 venezolanos.
Ante el bloqueo de Washington, Caracas redibujó su doctrina y su arsenal. Entre 2005 y 2009 destinó más de USD 6.000 millones a comprar armamento ruso, incluidos 24 cazas Sukhoi Su-30, helicópteros y sistemas antiaéreos, y estrechó lazos de defensa e inteligencia con Irán y China. El acuerdo anunciado hoy intenta revertir esa arquitectura, aunque enfrenta algunos retos técnicos.
Si bien el regreso del soporte estadounidense podría rescatar algunos de los viejos F-16 como solución temporal, la columna vertebral de la aviación venezolana sigue siendo rusa. Washington no dará mantenimiento a las aeronaves Sukhoi, y sostener la cadena logística con Moscú resulta incompatible con los protocolos de inteligencia del Comando Sur. Así que, a mediano plazo, una eventual renovación hacia plataformas occidentales dependerá del respaldo estadounidense y del uso de los más de USD 12.000 millones en activos petroleros que Washington ya ha descongelado a Caracas.
En el plano geopolítico, el pacto implica el desmonte progresivo de la influencia militar de Rusia, Irán y China en territorio venezolano. Hegseth fue explícito al señalar que la alianza busca blindar al país frente a “actores extranjeros”. En la práctica, esto quiere decir que el intercambio de inteligencia con el Pentágono exigiría la salida de asesores técnicos de potencias rivales de las bases venezolanas.
Para la región, y en particular para Colombia, también hay preguntas en el aire. Tras precedentes recientes como los ataques con drones contra campamentos del ELN en Apure y contra el Tren de Aragua en Bolívar, el acuerdo abre la puerta a una coordinación binacional entre Bogotá y Caracas bajo mediación estadounidense. Hegseth, cabe destacar, viajó de Caracas a Bogotá en la tarde. Esto consolida el retorno de la hegemonía de seguridad de Washington en el Caribe, en medio de cuestionamientos del Legislativo estadounidense sobre acciones que todavía no han sido aclaradas.
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