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La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este lunes que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, período en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo “el crimen de persecución por razones políticas”.
Destacó que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas” recae en definitiva en la comunidad internacional.
En el pasado, esta comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe presentado hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta “nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024” y establece que la persecución política “ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades”.
Entre los elementos que aporta, la presidenta de la comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de estas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
“En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia”, expuso Valiñas.
La jefa de la comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía “no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado”, aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición. “Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, denunció.
En el documento entregado se subrayó que, ante las manifestaciones que se desataron tras los resultados electorales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Nicolás Maduro puso en operación “los métodos más duros de su maquinaria represiva” y destacó que la persecución política sigue.
Valiñas señaló que su grupo presentará en las próximas semanas un informe con las conclusiones detalladas sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en las violaciones de derechos humanos y los delitos internacionales documentados por la misión en los últimos años.
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