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La activista hispanovenezolana Rocío San Miguel anunció que recibió "sentencia absolutoria" en Venezuela al término de un proceso judicial por un supuesto complot para asesinar al hoy depuesto presidente Nicolás Maduro.
Abogada, experta en temas militares, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de estar implicada en una supuesta conspiración para matar al presidente Nicolás Maduro. Su defensa siempre lo negó.
San Miguel estuvo recluida casi dos años en la prisión conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificada por opositores como un "centro de torturas".
En enero pasado salió de prisión con medidas cautelares como parte de un proceso de excarcelaciones impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense.
Tras su excarcelación, las autoridades la llevaron directamente al aeropuerto para tomar un avión a España, donde permaneció hasta su regreso a Venezuela en mayo para continuar con el juicio.
El tribunal "ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra", informó San Miguel en su cuenta de X la noche del jueves.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José González, capturado por esta trama, fue absuelto junto con otros dos acusados.
Entretanto, el Ministerio Público informó que otras 10 personas implicadas recibieron condenas "luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos", dijo en X el fiscal Larry Devoe, en el cargo desde abril.
Su predecesor, Tarek William Saab, emitió más de 30 órdenes de arresto en 2024 por este caso denominado "Brazalete blanco".
San Miguel fue imputada por delitos de traición, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Luego de su detención, agentes de Contrainteligencia Militar allanaron su casa y confiscaron un iPad y viejos mapas de "zonas de seguridad" que la activista usaba cuando daba clases en institutos militares que posteriormente fueron utilizados en la acusación.
"Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia", afirmó San Miguel.
El gobierno venezolano asegura que ha excarcelado a más de 1.000 personas desde enero, pero muchos de ellos continúan con procesos judiciales.
La oenegé Foro Penal alerta que permanecen tras las rejas 328 presos políticos.
"En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas", afirmó la activista.
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