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Los cineastas venezolanos Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados el lunes tras permanecer detenidos de forma “arbitraria” desde el viernes, tiempo durante el cual se desconoció su paradero, dijo el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, quien advirtió que este caso “sienta un grave precedente” en el país.
Según varias organizaciones y familiares, el grupo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes a las 3:45 p. m., hora local, cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).
Murillo señaló que “realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario”. El activista añadió que “esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país”.
“La detención de este grupo configura un patrón: desde el Estado se busca silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave”, añadió Murillo, quien además destacó que Marcela Hernández “es representante de una organización civil que promueve la producción audiovisual de mujeres”.
En la red social X, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, destacó “el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad”, y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que “la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos”.
Tras la detención, cientos de personalidades, entre ellas artistas y académicos, así como organizaciones no gubernamentales y de teatro, se pronunciaron en contra de este hecho y les exigieron a las autoridades “información clara y precisa” sobre la situación y paradero de los cuatro individuos.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura condenó “enérgicamente la detención arbitraria” de los cineastas y exigió “una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales”.
El lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” de los casos, lo que consideró como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada”, debido a esta “opacidad” y también a la “negación del acceso a asistencia legal”.
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