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Una nueva manifestación ciudadana en protesta por la proliferación de habitantes de calle –tras la intervención al sector del Bronx en mayo pasado– se registró en la mañana de este miércoles en Bogotá. Declarándose desesperados por la inseguridad y exigiendo la presencia del alcalde Enrique Peñalosa, un grupo de ciudadanos bloqueó el corredor vial de la Carrera 30, interrumpiendo el paso de vehículos entre la Calle 6 y la Calle 26.
Según argumentan los manifestantes, luego de la intervención de las autoridades en el sector del Bronx el pasado 28 de mayo, que acabó con esas cuadras del crimen en el centro de Bogotá, esta población se ha ido desplazando a otros sitios de la ciudad, trayendo consigo robos y amenazas, sobre todo a comerciantes.
Los disturbios de este miércoles provocaron traumatismos en materia de movilidad para el sistema Transmilenio, teniendo en cuenta que los manifestantes se tomaron el carril exclusivo de sur a norte y de norte a sur.
Por ello y para reducir el impacto del bloqueo, se desvió la flota por la Caracas. Se efectúan desvíos en la Calle 6 a la Caracas y se recomienda tomar la Calle 26 y NQS por la 33. En sentido norte-sur la flota va hasta la Calle 19, ahí toma la Caracas. Allí toma la Calle 6 y luego la NQS. Sobre las 8:20 de la mañana, tras la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, las autoridades lograron retomar el control de la zona.
La comunidad señala que el merodeo de los habitantes de calle deriva en inseguridad y desmanes, que pueden entenderse, en buena medida, gracias a la relación que mantienen con la criminalidad, heredada del Bronx. Extraoficialmente se supo que los temidos sayayines (los criminales del Bronx) siguen suministrando droga a estas personas para que se rebelen contra la autoridad.
El Distrito ha sido claro sobre las eventuales soluciones para atender la problemática: la Corte Constitucional, en un fallo de 2015 que sentó jurisprudencia sobre la forma como el Estado debe atender a esta población, impidió, por ejemplo, que a los habitantes de calle los sancionen por el hecho de deambular y dormir en las aceras, o que los fuercen a recibir tratamientos de rehabilitación.
La sentencia T-043, sin embargo, considera que las instituciones deben garantizar sus derechos y su atención cuando, voluntariamente, la requieran. Es lo que ha reiterado la administración Peñalosa: quienes lo deseen pueden acercarse al personal de la Secretaría de Integración Social que recorre las calles y vincularse a sus programas, que van desde la atención transitoria en albergues hasta el tratamiento contra su dependencia a las drogas.
Previamente, la Personería de Bogotá, entidad encargada de la defensa y protección de los derechos humanos, se refirió a las dificultades por la dispersión de centenares de habitantes de calle en diferentes zonas de la ciudad, advirtiendo que esta población está siendo víctima de amenazas y discriminación. (Lea: Personería de Bogotá enciende alarmas por intolerancia contra habitantes de calle)
En particular, la personera distrital, Carmen Castañeda Villamizar, se refirió a la aparición de panfletos en los que se les prohíbe a los habitantes de calle la presencia en ciertas zonas y parques de la capital, alertando que la solución para atender a esta población –a quienes vecinos señalan de favorecer la delincuencia y promover el consumo de estupefacientes– no puede ser tomar la justicia por mano propia. (Lea: Aparecen panfletos en rechazo a los habitantes de calle)