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A mediados de diciembre de 2017, el Concejo aprobó un acuerdo que establecía que las sillas rojas en los buses de Transmilenio serían de uso preferencial para las mujeres, con el fin de evitar hechos de acoso y hurto. Pese al sí del Cabildo, la iniciativa fue objetada por la administración, al considerarla inconveniente y se terminó hundiendo en febrero pasado. Sin embargo, pasados cinco meses, la Procuraduría le puso la lupa al caso y abrió indagación preliminar contra los concejales que aprobaron la iniciativa.
El origen del proceso disciplinario fue una queja que radicó el ciudadano Álvaro Leonardo Mora, quien aseguró que el acuerdo era discriminatorio contra los hombres. Aunque el proyecto se hundió, el pasado 11 de julio la Procuraduría Primera de Bogotá envió un oficio al Concejo en el que le dio ocho días para que, entre otras, presentara los estudios que adelantaron los concejales ponentes —Diego Devia (Centro Democrático) y Rubén Torrado (Partido de la U)— que se mostraron a favor de la iniciativa. Además, pidió el registro de los debates, los nombres de quienes participaron en los estudios, detalles de cómo fue aprobado el proyecto y el manual de funciones de los cabildantes. (LEA: Controversia por Acuerdo que contempla sillas preferenciales para mujeres en Transmilenio)
Desde que se radicó la iniciativa, a comienzos del año pasado —autoría del concejal Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana)— fue tachado de segregacionista, machista e incluso oportunista. Sin embargo, también tuvo eco entre algunos sectores, teniendo en cuenta que se reportaban seis casos diarios de acoso a mujeres en el transporte público, en promedio. El cabildante explicó que se trataba de una propuesta para “dignificar a las mujeres y proveerles condiciones de respeto”.
Sostuvo, además, que dadas las aglomeraciones y pugnas en el sistema, se generaba un ambiente de caos que facilitaba los manoseos y abusos mediante roces, fricciones y cosquilleos, que se configuran como acosos sexuales inaceptables (…) “Es un hecho que si las más de 800.000 mujeres que usan el sistema van de pie, están en inminente y continuo riesgo de ser víctimas”, precisó.
En su momento, el autodenominado ‘concejal de la familia’ manifestó que el proyecto de ceder las sillas generaría una mayor sensación de seguridad para las mujeres; evitaría “una guerra” por una silla y les proporcionaría comodidad, teniendo en cuenta que, desde su perspectiva, “ellas cargan más paquetes que los hombres, por lo que requieren más espacio”.
("Establecer prioridad de sillas rojas para mujeres es segregacionista”: Lucía Bastidas)
Durante el primer debate, los concejales de la Comisión del Plan de Desarrollo respaldaron la iniciativa con una votación de 13 a favor y uno en contra. Quien se opuso fue la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), sosteniendo que se trataba de un proyecto segregacionista y que no solucionaba los temas de agresión contra las mujeres en el transporte público. Alertó, además, que la iniciativa era inaplicable y que no había evidencia de que, por estar sentadas, estarían blindadas ante el acoso.
Por su parte, el Distrito también lo calificó de inviable. Según Gustavo García, entonces subgerente de Transmilenio, la diferenciación era discriminatoria. Ante los concejales expuso dudas sobre cómo hacer cumplir la medida y cómo vigilar que, en hora pico, las sillas rojas no estuvieran ocupadas por algún hombre: “¿Qué instrumentos vamos a tener para hacer efectivo este tema, cuando los buses estén saturados?”, cuestionó.
En su defensa, el concejal Rubén Torrado calificó el proyecto como una acción afirmativa o de discriminación positiva que, no obstante, debería estar complementado por otras estrategias para proteger a las mujeres en TM. “Con el proyecto, se podrían reducir los índices de violencia contra las mujeres, se fomentaría el respeto y la cultura ciudadana”, indicó.
Tras superar esta primera prueba, el proyecto de nuevo fue discutido el 8 de diciembre pasado, esta vez en plenaria. En ese entonces aumentaron las voces en contra de su viabilidad y pertinencia. Inicialmente hubo empate a 12 entre los que estaban a favor y en contra. Dos días después, votaron 35 de los 45 concejales de la capital y de esos 21 dijeron sí.
(Columna: Las sillas del TransMilenio para las mujeres)
Con la aprobación solo restaba que el alcalde Enrique Peñalosa sancionara el acuerdo. Sin embargo, insistió en su inconveniencia por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad. En febrero pasado la administración presentó una objeción, hubo una nueva votación, en la que se impuso el criterio del Distrito y el proyecto se hundió.
No obstante, que se hubiera hundido no fue suficiente para la Procuraduría y ahora trata de verificar si los concejales incurrieron en alguna falta disciplinaria al aprobar la iniciativa de las sillas rojas para mujeres en TM. ¿Prosperará la investigación y desembocará en una sanción contra concejales por discriminación? ¿O terminará hundiéndose como el mismo proyecto? El proceso está en curso.