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Fuera de las manifestaciones de los usuarios de Transmilenio hace dos días, que dejaron 20 estaciones cerradas, 24 buses afectados y miles de personas sin transporte, ahora al alcalde Enrique Peñalosa le toca enfrentar un nuevo problema: la protesta de los pequeños y medianos transportadores que no se quieren sumar al SITP.
Con vuvuzelas, pancartas y gritos, ayer un grupo de dueños de los buses del SITP Provisional fueron hasta el Palacio Liévano para reclamarle al burgomaestre la decisión de adherirlos a un sistema que, según ellos, está quebrado y podría arruinarlos.
Luis Fernando Mogollón, manifestante y propietario de uno de estos buses, aseguró que alrededor de 1.800 vehículos de este tipo funcionan muy bien en la ciudad y que cambiarlos sólo les traería problemas a ellos, pues tendrían que sumarse a un negocio que, para él, es evidente que no funcionó: “Casi el 50 % de los operadores del SITP dijeron que estaban en la quiebra. Si nosotros entramos, nuestras finanzas serán administrados por otros que seguro destinarán nuestras ganancias a un fondo que tape el hueco que dejó la mala implementación”.
Para Humberto Santana, secretario de Asocsitp, una de las agremiaciones de los transportadores, el Sitp tiene varias fallas que hasta que no se erradiquen, seguirán impulsando la crisis. Agregó que esto no sucedía con el anterior modelo, pues ellos tienen muy claro qué quieren los ciudadanos y cómo manejar el negocio: “Sabemos las rutas que le funciona a la gente, cómo se hacen los mantenimientos y no nos excedemos en el pago a los trabajadores”.
Los transportadores están en desacuerdo con la manera como se ha llevado el proceso, pues “a las malas los obligarán a recorrer el camino de la ruina”, como dijo Santana. Si no hacen parte del Sitp, el Distrito aseguró que serán canceladas sus tarjetas operación sin importar modelo de vehículos. Además, deben ser ellos los que asuman los costros de los validadores, el cambio de color de pintura y el mantenimiento de vehículos.
El inconformismo de este gremio surgió a partir del anuncio de Transmilenio de dar por terminado en Bogotá a finales de 2017 el esquema de los buses tradicionales, que aún reciben dinero en efectivo y no están pintados de azul. A más tardar en junio, el Distrito espera comenzar con el desmonte gradual.
La administración ha reiterado que una de las grandes fallas de la implementación del sistema ha sido permitirles a estos vehículos continuar movilizándose por la capital, pues les quita demanda a los operadores del SITP. Según la organización Bogotá Cómo Vamos, la participación de los provisionales en el transporte es del 11 %, una cifra alta si se tiene en cuenta que el SITP sólo cuenta con el 16 %.
Hay una verdad indiscutible: el estado de este sistema es crítico. A la liquidación de operadores como Coobús y Egobús, así como a los trámites de reorganización empresarial que adelantan Tranzit y Masivo Capital, otros dos operadores (Este es mi bus y Suma) están ad portas de dar el mismo paso. Si eso ocurre, oficialmente, el 50 % del SITP estaría a un paso de la bancarrota y en riesgo el servicio en Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba Oriental, calle 80 y Tintal Zona Franca, afectando a casi tres millones de usuarios.
El otro reclamo: las rentas atrasadas a propietarios de buses
El otro inconformismo expresado en la protesta fue el incumplimiento de los operadores a los propietarios del antiguo sistema colectivo. Hace siete años, pequeños y medianos transportadores le cedieron sus buses al Sitp a cambio de una renta mensual.
Sin embargo, desde hace 38 meses no reciben el dinero pactado. La razón: hoy dos concesionarios (Egobús y Coobús) quebraron y otros dos (Tranzit y Masivo Capital) están en proceso de reestructuración por sus pérdidas.
Según Santana, en el contrato quedó estipulado que si los operadores no cumplían con su parte, Transmilenio debía asumir la deuda. Hasta el momento eso no ha sucedido y ahora la mayoría de ellos están en la quiebra. “Hay propietarios de hasta tres buses que hoy están en la pobreza. La mayoría de nosotros somos personas de la tercera edad y no vamos a tener una vejez digna porque acabaron con nuestro patrimonio”.
Lo peor, advierte, es que los buses de los dos concesionarios que quebraron, dejaron de circular, no tienen tarjetas de operación y hoy se están pudriendo en los patios del sistema. Por eso sus peticiones son claras: quieren que les paguen las cuotas atrasadas y les compren los buses. Pero la administración ha dicho que no tiene presupuesto para esto.
En estos momentos está un curso una demanda en contra de Transmilenio por incumplimiento de contratos. El 30 de junio del año pasado las dos partes tuvieron una audiencia de conciliación, en la que los transportadores le solicitaron al Distrito, por lo menos, pagar el 40% de la deuda. La respuesta fue negativa, así que el proceso demorará un buen tiempo. Mientras tanto, según los transportadores, ellos seguirán buscando la manera de sobrevivir en medio de la ruina.