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Si se cumple el cronograma, esta semana se podría abrir oficialmente la licitación para renovar la flota de las fases I y II de Transmilenio (TM). No obstante, antes de este paso, el Distrito tendrá que responder las múltiples observaciones hechas a los prepliegos, entre las que prima un elemento común: la petición de los entes de control, concejales y ambientalistas de revisar algunos puntos del proceso, que busca adquirir 1.383 buses, para reemplazar 1.161 articulados que excedieron su vida útil. En especial, los reparos se han centrado en la falta de incentivos para abrirle espacio al uso de tecnologías limpias en el sistema masivo, es decir, incluir buses eléctricos o a gas. (LEA: ¿Qué aire se respira en Transmilenio?)
La respuesta del Distrito no se ha hecho esperar. Por un lado resalta que en la licitación se exigirá que los nuevos buses cumplan mínimo la norma Euro V, que es una de las más exigentes en cuanto a la reducción de emisiones de gases contaminantes. Además, señala que en la licitación sí existen estímulos a la incorporación de nuevas tecnologías. Eso sí, aclara que, por más que quiera, sería imposible comprar gran parte de la flota eléctrica o a gas, debido a los costos y a la falta de infraestructura.
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Y es en este punto del debate donde aparecen las cifras. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) reveló el año pasado que el costo de las muertes y enfermedades atribuidas a la mala calidad del aire en las ciudades pasó de $5,7 billones en 2010 a $12 billones en 2014, cifra que representa el 1,6 % del Producto Interno Bruto del país. Basados en este dato es que los críticos de la licitación señalan que en la ecuación de la administración no se incluye el costo social de tener buses con tecnologías que afectan la salud de los bogotanos. Para Oliverio García, presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), no basta contemplar sólo el costo del bus.
“Para una autoridad es muy fácil hacer compras sólo por el valor del equipo, pero si se le suma el costo social, ya nos hubiéramos tenido que mover a las tecnologías limpias. Parte del problema es que es más rentable para los operadores tener carros con menores especificaciones. Y ahí nos preguntamos: ¿cuál es el costo social de esa política? Y no sólo el ambiental, también el costo en accidentalidad, que sumó $25 billones el año pasado. Si se exigen vehículos amigables con el medio ambiente, el costo social irá disminuyendo”.
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Esta tesis la apoyó un grupo de nueve expertos ambientales y siete exministros de Ambiente, quienes creen que la licitación está “incompleta”. En una carta que remitieron a la Alcaldía y la gerencia de TM, les pidieron aprovechar el proceso de renovación de la flota para incluir, al menos, un 50 % de vehículos con tecnologías limpias. Dicen que, de no hacerlo, la política de promoción del transporte público de la administración Peñalosa no ayudará a mejorar la calidad del aire, pues, aún exigiendo buses que cumplan la norma Euro V, el verdadero problema es la calidad del combustible en Colombia.
“El Euro V implica un diésel con una concentración de azufre de máximo 15 partículas por millón (ppm) y el que se produce en el país contiene 50 ppm, que es el que se usa para vehículos Euro IV. Eso lo que hace es que la brecha entre el vehículo eléctrico y el de diésel sea mucho más amplia”, agrega Oliverio García, presidente de Andemos.
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El alcalde Enrique Peñalosa, quien puso el debate sobre la mesa al afirmar que la tecnología eléctrica no estaba totalmente probada, también reiteró que las nuevas tecnologías implican más inversiones, que llevarían a tener que aumentar mucho más el costo del pasaje. Sin embargo, esto lo desmiente Alberto Bernal, gerente de BYD, fabricante del único articulado eléctrico que rueda por Bogotá. Para él, incluso es más económico un bus eléctrico, si se tienen en cuenta el mantenimiento y el período de operación. “El esquema de negocio cambió y ahora no se venden buses sino kilómetros rodados. El precio total de un bus se calcula luego de sumar el costo del vehículo y el de su mantenimiento durante 12 años. Cuando se hace la operación, un articulado a diésel con Euro V cuesta $4.608 millones, mientras que uno eléctrico podría llegar a $4.500 millones”.
La licitación está en marcha y la petición de los entes de control, políticos de todas las tendencias, ambientalistas y la ciudadanía está sobre la mesa. Y aunque el desempeño de los buses con nuevas tecnologías no está del todo probado en la ciudad, como lo indicó el alcalde Peñalosa, lo cierto es que el proceso para renovar la flota abre una oportunidad para empezar a apostarle a un sistema que, fuera de suplir las necesidades de transporte de los bogotanos, también sea amigable con el medio ambiente. (LEA: Nuevos articulados: un revolcón en Transmilenio)
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