EE le explica: ¿Qué es el Convenio de Dublín y por qué Europa lo quiere cambiar?

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Bruselas se prepara para abolir la ley que en los últimos años ha definido los criterios para tratar las solicitudes de asilo en el bloque europeo. ¿Era necesario un cambio? Acá se lo explicamos.

El Convenio de Dublín parece tener las horas contadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que Bruselas se prepara para abolir la ley que en los últimos siete años ha definido los criterios para tratar las demandas de asilo para los países del bloque europeo. ¿Qué significa su eliminación y por qué se hace ahora? El Espectador le explica.

¿Qué es el Convenio de Dublín?

Es una ley de la Unión Europea que ha dictado las pautas y definido los criterios para el tratamiento de las demandas de asilo que llegan a los países miembros de la UE. Su primera versión fue firmada en junio de 1990, aunque entró en vigor hasta 1997 cuando doce países europeos se adhirieron al acuerdo.

El Convenio estableció que el país donde se le tomaron las huellas a un solicitante de asilo o donde este haya presentado la solicitud primero, será el responsable del examen de su petición de asilo. Tras el Convenio de 1990 vinieron algunas reformas a las leyes, por lo que se pasó a conocer el Convenio como el Reglamento Dublín II, en 2003, y el Reglamento Dublín III, en 2013, el cual adoptó las mismas reglas sobre las solicitudes de asilo durante los últimos siete años. No se presentaron cambios sustanciales al reglamento, y ese, como podemos observar ahora, fue un gran problema.

¿Por qué quieren abolir el Dublín III?

Ha habido muchas críticas al mecanismo desde su concepción y estas se han ido exacerbando con el tiempo, siendo la crisis migratoria en Europa desde 2015 el detonante final del descontento con la ley.

Hay tres críticas esenciales al Convenio de Dublín. La primera tiene que ver con la equidad. Los países que tienen fronteras exteriores, como Italia o Grecia, se han visto sobrecargados con la llegada de migrantes. No tienen los recursos para atender la crisis y, además, el mecanismo actual los obliga a ser responsables del examen de una cantidad abismal de solicitudes de asilo. Por esta razón se necesitaba un replanteamiento del Convenio. La responsabilidad no podía recaer desproporcionadamente sobre un par de Estados miembros.

La segunda crítica al Convenio tiene que ver con el paradero de los solicitantes. Para la excomisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, “no debería importar el país donde uno pide refugio”. Pero sí importa. Y mucho. Es como si la Unión Europea estuviera actuando con indiferencia al paradero de los migrantes.

“No por huir de donde vienen, les es indiferente a donde van”, señala Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora asociada del Barcelona Centre For International Affairs. “Las preferencias de los solicitantes de asilo tienen que ver con cuestiones personales – como la presencia de amigos y conocidos o el conocimiento de la lengua – pero también con diferencias importantes entre los países de acogida, sobre todo en lo que se refiere a los procedimientos de asilo, las condiciones de acogida, los derechos sociales y la posibilidad de encontrar trabajo”, recalca.

El caso de Grecia e Italia deja en evidencia que los derechos de los refugiados no son garantizados en todos los estados miembros. Y si el mecanismo no cuenta con una facilidad para transferir migrantes, este pierde eficiencia.

Finalmente, la tercera crítica al Dublín III tiene que ver con los derechos de los refugiados. El examen justo de las solicitudes no está garantizado. Los criterios de asignación son dispares y no se tienen en cuenta factores como la presencia de familiares de un solicitante en un determinado país. Estos solicitantes terminan siendo devueltos a otro Estado miembro en donde tienen que esperar un año para que su caso sea reexaminado y en la práctica estos movimientos se hacen en contra de su voluntad.

Ahora, con los últimos episodios referentes a la crisis migratoria, como el incendio en el campamento de migrantes Moria en Lesbos (Grecia), la Unión Europa se ha visto en la obligación de replantear su gestión frente a este problema, y comenzar por cambiar el Convenio de Dublín era la primera tarea.

¿Qué dicen los miembros de la UE?

El ministro de Migración de Grecia, Giorgios Koumoutsakos, fue uno de los primeros en pronunciarse y, como era de esperarse, señaló que este reglamento “ha fallado y debe cambiarse” pronto.

“Todos en Europa saben que tenemos que alejarnos del legado (de Dublín III)”, dijo Koumoutsakos.

Sin embargo, el ministro griego reconoció que las conversaciones para adoptar un nuevo reglamento de asilo serán complicadas, pues “algunos de los estados miembros no tienen los mismos intereses”.

“Nuestros intereses son muy diferentes a los del grupo de Visegrad (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia). Nosotros queremos una solidaridad real entre los estados miembros y un reparto justo de la carga”, expresó el ministro de Migración de Grecia.

Pero no son solo los del grupo de Visegard quienes presentan quejas y oposición al reparto de migrantes. Países como España y Portugal también han manifestado ser reticentes frente a este tema. La tensión obedece a que los intereses de la UE están contrapuestos, y mientras unos buscan una repartición equitativa otros insisten en políticas que los privilegian individualmente.

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¿Y ahora qué?

Von der Leyen ha propuesto un “nuevo pacto sobre migración” para la Unión Europea, el cual lanzaría a mediados de la próxima semana. Hasta ahora no se ha adelantado ningún detalle sobre esta propuesta, pero la presidenta de la Comisión Europea fue enfática en señalar que habrá que hacer “una diferencia entre quienes tienen derecho a quedarse y quienes no”.

El nuevo plan estaba programado para presentarse el 30 de septiembre, pero el incendio en Moria hizo que el anuncio se adelantara para el miércoles de la próxima semana.

Según EURACTIV, el pacto migratorio constaría de cinco reglamentos y un texto político. Sin embargo, el tema de la reubicación continúa siendo el punto de mayor discordia.

En el nuevo esquema se habría planteado, según fuentes que le hablaron a EURACTIV, una “solidaridad obligatoria” para que se reubique a los migrantes en toda la Unión Europea, pero no se sabe cómo funcionaría esto en la práctica.

También se habría pactado que los países que no deseen acoger refugiados asumirían la responsabilidad de devolver a los migrantes que no son elegibles para el programa de asilos a sus países origen. Esto estaría pensando en aliviar la carga a países como Italia y Grecia y, al tiempo, como una política que no incomode a los líderes de la Europa del Este.

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