“El objetivo está muy claro: salir de Ortega”: Juan Sebastián Chamorro

Juan Sebastián Chamorro destaca la fuerza que han adquirido los estudiantes en las protestas. / Daniel Salgar - Anadolu

Juan Sebastián Chamorro es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a los empresarios y diferentes sectores de la sociedad civil en la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Desde que el diálogo comenzó, el pasado 16 de mayo, Chamorro ha tenido que dedicarse a la actividad política y dejar entre paréntesis su papel como director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Chamorro se ha convertido en una de las voces más visibles de la alianza opositora y, aunque hasta ahora está enfocado en la hoja de ruta hacia la justicia y la democratización del país, muchos lo consideran uno de los personajes presidenciables tras la eventual salida de Ortega.

¿En qué ha cedido el Gobierno en lo que va del diálogo?

El Gobierno ha utilizado todas las tácticas dilatorias posibles para presentar una realidad totalmente diferente a la que nosotros vemos. En las últimas sesiones hemos visto un ataque más directo contra la Alianza. El canciller, Denis Moncada, habló de una supuesta fabricación de muertos, creación de asonadas, planes preconcebidos.

Sin embargo, lo que pasó realmente fue una explosión de rebeldía popular por varias razones. Los reclamos ambientales son una parte. La reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es otra. También el maltrato a funcionarios públicos. Hay descontento con las estructuras partidarias en los barrios y en las municipalidades con las alcaldías. Realmente no había forma de preconcebir un plan tan amplio, que además ocurre al mismo tiempo en varias ciudades donde se tuvo que replegar la policía.

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Mientras se abre el diálogo, en las calles cada vez se reprime con más fuerza la protesta social. Los asesinatos de civiles no paran...

El Gobierno ha tratado de utilizar el diálogo como una herramienta de propaganda para hacer ver como si no fuera el responsable. La Alianza ha hecho que se mantenga esa aclaración de los hechos y una agenda bien concentrada en la justicia y la democratización. De democratización se ha hablado relativamente poco, porque el Gobierno ha alargado todo el tema de derechos humanos, pero insistimos mucho en el cese de la represión y en que vinieran los organismos internacionales. El informe de la CIDH fue claro en decir que el Estado es responsable de las muertes, y que lo respalden 12 países en la OEA es muy importante.

De alguna manera se le ha caído la propagada al Gobierno, pero no sabemos hasta qué punto están dispuestos a ceder. Han cedido muy poco. Hay algún tipo de indicio de que estarían dispuestos a aceptar el adelanto de elecciones. Nosotros lo estamos pidiendo. En la OEA, el canciller no negó esa posibilidad ni reiteró lo que había dicho al inicio del diálogo: que todo tenía que hacerse por el orden constitucional existente y, por lo tanto, el adelanto no era una opción. Eso lo veo como un signo al menos esperanzador.

¿Qué implica el adelanto de elecciones?

Un montón de cosas, entre ellas la remoción del Consejo Supremo Electoral en pleno, sus magistrados, las 800 personas que trabajan ahí. Es una institución totalmente corrupta. Como quedó también claro en el reporte de la CIDH, hay una serie de temas tecnológicos e institucionales en los que hay que trabajar para hacer elecciones.

Si van a ser elecciones adelantadas, hay que ver si se hacen con Ortega como presidente o sin él. Ahí estamos en una conjetura sobre otra conjetura. Recordemos que también podría pasar que Ortega opte por la vía venezolana y decida simplemente quedarse en el poder e instaurar una dictadura.

¿Cómo fue esa conformación de una alianza que de repente abarca una gran diversidad de sectores económicos y sociales?

Cuando se convocó al diálogo nacional, el Gobierno empezó a plantear la creación de mesas sectoriales, con el interés de diluir la conversación en diferentes temas, y empezaron a proponer gente del Estado para esas mesas. A nosotros también nos empezaron a llamar y empezamos a agruparnos. Al grupo que se conformó lo llamamos Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque lo primero es llevar a la justicia a los criminales y luego la democratización.

Dentro de la Alianza empezamos a conocernos, a reunirnos, en un proceso complejo. Para los miembros del sector privado era difícil entender cómo podían encajar en una alianza en contra del Gobierno, después de estar ellos mismos aliados con el Gobierno durante muchos años. Les explicamos que éramos cinco representantes y que no todos éramos miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y no todos habíamos estado en ese modelo, que consistía en que el Estado deja hacer negocios a los empresarios, pero sin que estos se metan en política. Si se meten, tienen problemas, multas.

¿Cómo hizo Ortega para tener a los empresarios de su lado durante tanto tiempo?

En los años 80, tres conflictos que lo llevaron al fracaso electoral: Estados Unidos, que le montó la guerra con la contra; los empresarios, a quienes estaba confiscando y se había echado encima al Cosep, y la Iglesia católica. En 2007, Ortega ganó de nuevo la Presidencia y entendió de manera pragmática que tenía que recomponer esos conflictos y convertirlos en alianzas. Entonces se casó por la Iglesia, trajo a su círculo al cardenal Obando, que había sido su más fuerte crítico, ahora como figura de reconciliación. Luego se reunió con los empresarios y dijo: vamos a hacer un modelo en el que participen el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. Y con EE. UU. persiste en un discurso antiimperialista, pero colabora con temas de seguridad, con lucha contra el narco, aprovecha y administra muy bien el TLC con ese país.

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El modelo de concertación con el sector privado era beneficioso para muchos empresarios. Desde Funides más bien habíamos sido críticos de la debilitación que generaba a la institucionalidad del país. No criticábamos el consenso entre empresarios, trabajadores y Gobierno, sino que eso estaba debilitando la institucionalidad electoral y todo el Estado de derecho. Se empezaron a reemplazar tribunales por instancias donde se resuelven problemas legales con llamadas por teléfono. Se empezó a sustituir un Consejo Supremo Electoral por un sistema fraudulento. Por eso dijimos en agosto de 2017 que el modelo de concertación público-privado no debe ser utilizado para legitimar o justificar responsabilidades del Gobierno y que es importante mantener la independencia de lo que le corresponde al sector privado.

Luego insistimos en que el crecimiento económico que se había dado en los 60 y 70 había llevado a una bonanza económica, pero la debilidad institucional en el régimen de Somoza había hecho que el país se desmoronara económicamente. Y advertimos que ahora estábamos en una situación parecida y que la debilidad de las instituciones termina pasándole la cuenta al desarrollo económico. Eso es lo que ahora vemos. Hablamos de una caída económica de menos de 2 %, cuando Nicaragua estaba creciendo alrededor del 5 %.

Pero ¿cómo se llegó a la ruptura con los empresarios?

Con un decreto de reforma del INSS, el Gobierno cambió las reglas. La regla general era que el Gobierno decía cuál iba a ser la política económica y la sintetizaba con los empresarios del Cosep, así hacían legislación económica de manera conjunta. Había diferencias, pero lograban sintetizar; pero en este caso el Gobierno se mantuvo siempre con un mismo decreto.

Además, vimos que el Gobierno necesitaba 3.000 millones de córdobas (aproximadamente US$100 millones) anuales, pero ese decreto le generaba más del doble. Era una cuestión netamente recaudatoria, que empezaron a buscar al caerse la cooperación venezolana. Yendo atrás, vemos que también empezaron a echar mano de otras medidas, como subir las tarifas eléctricas. Empieza a haber acciones de recorte presupuestario y problemas de liquidez, que hasta ahora sólo se han acrecentado.

Con esos antecedentes, se rompe el modelo de sentarse a hablar entre Cosep y Gobierno. Nosotros ayudamos a analizar la reforma a los empresarios, a hacer contrapropuestas. Pero el Gobierno mantuvo su decreto. No tenía interés en escuchar.

Luego vinieron las protestas contra esa reforma, empezaron a matar civiles, y esto hizo que los empresarios decidieran oponerse abiertamente. Los asesinatos y violaciones de DD. HH. fueron el factor decisivo. El Estado y las fuerzas parapoliciales ejecutaron de manera extrajudicial gente desde el día 1 de la protesta. Eso es algo bien extraño, si uno mira otras protestas sociales en las que los muertos empiezan a caer días, semanas o meses después. Aquí cayó el primer muchacho la mañana del 19 de abril.

¿A qué se refiere cuando dice que cayó la cooperación venezolana?

Nicaragua recibió US$4500 millones de cooperación de Venezuela en los últimos siete u ocho años. Era un arreglo difícil de superar. Nicaragua le compra petróleo, se refina acá, se vende en la gasolinera. El 50 % de la factura petrolera se pagaba a 25 años, con una tasa preferencial. El otro 50 %, el país lo pagaba de contado, pero en forma de productos, de exportaciones de carne, café. Entonces, con el primer 50 %, que se pagaba a 25 años, se pagaban subsidios. Con el otro 50 % se hacía circular el dinero entre los productores para exportar. Era un acuerdo inmejorable, excepto porque era con Venezuela. Eso alimentó mucho la capacidad del Gobierno de mantener clientelismo político a todos los niveles. Pero empezó a caer el precio del petróleo, bajó de US$110 a US$30, esa cooperación desapareció y el Gobierno empezó a tener problemas de liquidez y se mantuvieron las expectativas de la gente por los subsidios que se venían dando. Eso empezó a mermar la capacidad del Estado para resolver las cosas inmediatas.

¿La opción venezolana de atornillarse al poder sí es viable para Ortega?

No puede hacer lo de Venezuela, porque no está sentado en un pozo de petróleo, que es como tener dinero líquido. Nicaragua no lo tiene. Hasta para comprar municiones para reprimir va a tener problemas. Esta crisis sociopolítica tiene expresiones económicas que afectan el financiamiento del Estado. Y son dos países distintos: en Nicaragua ya han botado a un dictador y saben que se puede.

Además, una de nuestras preocupaciones era que la mesa de diálogo enfriara la protesta popular, pero en realidad pasó lo contrario. El Gobierno cometió el error de decir que nosotros estábamos paralizando al país, matando a mujeres embarazadas, etc. Comenzó a atacar y estigmatizar los tranques (barricadas), pero lo que mostró fue una gran debilidad que la gente notó, y empezó a formar más barricadas como forma de protesta y de defensa ante la represión. Ese factor no se está dando acá como se dio en Venezuela. Además, la cantidad de muertos aquí ha crecido de manera mucho más rápida. En dos meses fueron al menos 212. Y hay un montón de desaparecidos de los que no se sabe nada.

¿Cómo ha sido esa experiencia de entrar a conformar una alianza con tan diversos sectores, y en especial los jóvenes, que tienen un protagonismo inédito?

Los estudiantes se están metiendo en un proceso político nacional. En Funides, como centro de pensamiento, meses antes habíamos hecho un estudio sobre la juventud y las redes sociales. Básicamente, la gente joven se veía interesada en movimientos sociales en beneficio de Nicaragua. La idea del joven apático que sólo está viendo cosas triviales fue cuestionada. El papel de las redes sociales fue un catalizador.

Además, unas semanas antes de que todo esto explotara, el Gobierno anunció su intención de controlar las redes sociales, con el pretexto de proteger a las familias. A raíz de eso salieron movimientos críticos que denunciaron la corrupción en el sistema judicial, por ejemplo. Los jóvenes empezaban a movilizarse. También el incendio de la reserva Indio Maíz, en abril, movilizó a muchos jóvenes de clase media. En las universidades estatales, donde hay jóvenes más pobres, muchos de origen sandinista, les condicionaban las becas a la participación política, y eso con el tiempo empezó a generar rupturas.

Recuerdo cuando salió la noticia de que la Universidad Agraria estaba en protesta, que fue temprano el 19 de abril. Yo ni le puse atención. Durante 11 años en esa universidad se tomaban la carretera, hacían protestas, cualquier cosa que el FSLN les pidiera a los jóvenes. Mi sorpresa fue cuando supe que la universidad estaba alzada contra el Gobierno y contra las autoridades del FSLN en la universidad. Ahí noté que había una ruptura importante.

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¿El proceso de conformación de una alianza como esta es inédito en el país?

Hubo una experiencia similar, pero con una orientación distinta. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el 78, se unieron tres tendencias de izquierda en un movimiento armado. Pero en este caso es distinto: tenemos sindicalistas, campesinos, el movimiento anticanal, intelectuales, empresarios, estudiantes, rectores universitarios. En lo que llevamos de experiencia ha sido un proceso de aprendizaje, de confianza mutua, y el objetivo está muy claro: salir de Ortega. No hay otro más importante y eso nos mantiene unidos.

¿Qué tan hábil es Ortega en la mesa de diálogo?

Ha mostrado habilidad y astucia política en su carrera. Pero eso lo ha ido perdiendo, y una serie de decisiones que tomó en 2016 lo reflejan. Entre junio y agosto de 2016 expulsó a dos estadounidenses de Homeland Security, a un académico del World College, entre otros. Al mes siguiente le quitó las diputación a alrededor de 30 diputados de la Asamblea Nacional; simplemente los sacó. Y después nombró a su esposa candidata a vicepresidenta. Ahí empezó a verse no como una revolución sandinista, sino como un asunto familiar. Esa acción terminó por debilitar la estructura del FSLN como partido, generó descontento internamente.

Creo que ahora lo único que hace Ortega es negociar una solución con las armas en la mano, mostrando la represión como su carta en el diálogo.