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En apenas dos días 55 presos murieron en cuatro cárceles de Brasil. Las autoridades informaron que cuarenta reclusos fueron hallados muertos, en su mayoría “con indicios de muerte por asfixia”, en cuatro prisiones de Amazonas el lunes, un día después de que una pelea en uno de esos centros dejara otros 15 fallecidos.
La Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas (SEAP) informó en un comunicado que las muertes “estarían motivadas por una ruptura entre presos que integraban un mismo grupo criminal y que actúa en el tráfico de drogas en el Estado”. También aseguró que la intervención de los agentes evitó la muerte de al menos otros 200 reclusos “jurados de muerte”.
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Tres de las prisiones, donde ocurrieron la mayoría de las muertes, son edificios cercanos, ubicados a unos 28 kilómetros de Manaos, capital de Amazonas. “El hecho de que las muertes fueron coordinadas en cuatro presidios diferentes sugiere que se trató de un ajuste de cuentas”, estimó Robert Muggah, director del instituto de investigación Igarape, de Río de Janeiro. Hechos que se repiten cada año en el país.
No es el único, claro. El viernes la tragedia fue en Venezuela: por lo menos 29 personas murieron en un confuso motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa (centro).
En 2017 y 2018 se produjeron eventos similares que dejaron cerca de 39 y 68 fallecidos, respectivamente. El más grave se dio en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, donde la reyerta generó un incendio que cobró decenas de vidas y se convirtió en uno de los motines más graves del país en el último cuarto de siglo.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Varela. La OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.
Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738. La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario, que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.
Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México (CIDE), es una de las personas que más conoce este tema. Fondevila realizó un estudio en el que compara las prisiones de Brasil, Argentina, Chile, Perú, El Salvador y México y halló las condiciones son muy similares: hacinamiento, sin guardias que controlen el interior y con dinámicas propias de venta de sexo, seguridad y alimentos. Señala que las cárceles más seguras son aquellas donde la autoridad controla el penal, pero en la región, la mayoría de cárceles tienen un “patrón”, un criminal al mando de todo. Todo. En El Salvador, incluso tienen relacionistas públicos que les tramitan entrevistas.
En un reportaje en el periódico español El Mundo, Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), señala que “hay mucha variación entre los distintos países. En Venezuela y El Salvador, por ejemplo, hay varias cárceles autogobernadas por los presos. En cambio en Chile y Perú, las autoridades tienen casi pleno control de lo que ocurre en sus pabellones”.
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“Las prisiones siguen siendo lugares de graves violaciones a los derechos humanos. Y la disputa intensa que existe entre grupos narcotraficantes rivales, que muchas veces son colocados en los mismos presidios, estimula aun más la violencia”, le dijo a la AFP Juliana Melo, profesora en la Universidad Federal del Río Grande del Norte y especialista en el sistema carcelario brasileño.
En El Salvador, por ejemplo, las prisiones están dominadas por las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha 13 y en Brasil por Primer Comando da Capital o Comando Vermelho: ellos imponen el régimen del terror. El hacinamiento agrava el problema, las cárceles de la prisión están entre 270 y 450 veces por encima de su capacidad. Y no hay inversión: mientras en Europa un gobierno gasta en un preso entre US$110 y US$112, en la región se gasta entre US$3 y US$4, en el mejor de los casos.