“No te dediques al fútbol porque te puedes morir”: el homicidio de Harold Morales en Cartagena

Hárold Morales, asesinado en un presunto caso de abuso policial en Cartagena, nació el 26 de mayo de 2003.

Foto: María Camila Sánchez

La tarde del 24 de agosto de 2020, Liseth Payares se enteró de que su hijo había muerto en el CAP de Canapote, en Cartagena, el mismo centro de salud donde hacía 17 años un médico lo puso en sus brazos después de parirlo. Horas antes de su fallecimiento, Hárold Morales trabajaba en un lavadero en el barrio San Francisco y ese día de agosto llegaron tres uniformados de la Policía. Lo que pasó después es materia de investigación, pero vecinos, familiares y abogados de la víctima aseguran que uno de los policías le disparó sin justificación y los otros le ayudaron a disfrazar la escena. La Policía declaró que se trató de un supuesto pandillero muerto en un enfrentamiento, pero después recalcó que los hechos serían verificados de forma imparcial. (“La Policía Nacional es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019”: Temblores ONG)

Sin embargo, esta versión oficial no concuerda con el relato de quienes conocieron a Hárold Morales Payares, sexto de siete hijos, promesa del fútbol y amante de las lentejas. Un joven que se crió en el sector de Las Gaviotas, en casa de su abuela paterna, pero que nació y murió en el barrio San Francisco, uno de los enclaves periféricos de Cartagena, ciudad con el mayor grado de pobreza entre las principales capitales de Colombia. Al menos el 26 % de la población de la ciudad es pobre y así lo vivió siempre Hárold Morales en el barrio San Francisco. También fue el entorno en el que desarrolló su vida la mamá de Hárold, Liseth Payares, una consumada vendedora de mercancías en las playas de Bocagrande, oficio ambulante que heredó de su familia. (¿Quién era Javier Ordóñez, el abogado que murió tras un proceso policial en Bogotá?)

Al igual que en el 87 % de los hogares cartageneros, la mamá de Hárold se dedicaba al trabajo informal; pero las playas cerraron casi todo el año pasado, debido a la pandemia, y se impusieron restricciones de movilidad y toques de queda, que pusieron en aprietos a los vendedores informales. Fue el caso de Liseth Payares, que de la noche a la mañana se quedó sin ingresos, como también el papá de sus hijos, de quien se separó y hoy trabaja como operador turístico. Apenas se decretó el confinamiento, en marzo, el panorama de Hárold también cambió, pues tuvo que suspender su sueño de convertirse en futbolista y regresó a Cartagena desde Cali, donde se probaba en un club que le prometía llevarlo a la titular de una sub-20. En video: Paro Nacional de 2019, la protesta social que sacudió a Colombia

Hasta el día que murió de un balazo cerca a su casa, el afán de su vida era cómo resolver las tres comidas diarias en familia. Las ventas en las playas se redujeron drásticamente y el trabajo desapareció. Entonces fueron muchas noches de irse a la cama con el estómago rugiendo. La misma situación que viven por estos días cientos de hogares cartageneros, pues se estima que por los efectos del COVID-19, en términos de medición de la pobreza y la desigualdad, el retroceso equivale a devolverse veinte años. En la capital de Bolívar, esa situación la viviría más del 47 % de la población, según el informe Cartagena Cómo Vamos.

El hambre hizo que Hárold Morales, de 17 años, y su hermano, de catorce, se turnaran para trabajar en un lavadero a la vuelta de su casa. Por cada moto lavada ganaban $1.200 y, si era carro, subía a $2.000. Un día bueno era volver a casa con $6.000 y comer pasta. Muchos lo conocían ya como “el futbolista” y le halagaban sus destrezas con el balón en la Liga de Fútbol de Bolívar, pero por la pandemia, los mismos vecinos constataron que tuvo que dedicarse a lavar vehículos y ayudar a su mamá. En esa actividad estaba el 24 de agosto cuando llegaron tres uniformados preguntando quién estaba de turno y enseguida la emprendieron a golpes contra Hárold.

Alí Bantú Ashanti, director del colectivo de abogados Justicia Racial, apoderado de la familia, asegura que los uniformados Octavio Porras Vides (24 años), Juan Gómez Ricard (33 años) e Iván Olivo de Ávila (28 años) están procesados penalmente por el homicidio de Hárold Morales. Primero lo agredieron y, cuando los vecinos del sector animaron al joven a que corriera y él lo hizo para escapar del asedio, al parecer Octavio Porras le disparó su revólver. En ese momento, desde una esquina cercana, la mamá de la víctima escuchó el disparo y llegó al sitio, junto a decenas de policías que empezaron a arribar en motos. Según ella, ninguno se preocupó por darle atención médica y cuando ella quiso auxiliarlo, los policías la atacaron con pistolas de pintura y le causaron heridas en los brazos. (Harold Morales soñaba con ser futbolista y murió por una bala de la Policía en Cartagena)

Según los testigos, los uniformados se llevaron el cuerpo de Hárold en una patrulla, con rumbo desconocido, sin dar explicaciones a su mamá. Minutos después, el papá del joven fue al CAI de San Francisco, donde no le dieron razón del paradero de su hijo. Así que, por mera intuición, el hombre se trasladó al CAP de Canapote, donde le confirmaron que había fallecido. Liseth llegó minutos después a enterarse de lo que nunca creyó posible: que la Policía matara a su hijo. Horas más tarde, la entidad anunció en un comunicado oficial que en el barrio San Francisco se habían enfrentado dos pandillas y uno de sus integrantes había muerto en el tiroteo. Además, se recalcó que el joven muerto estaba armado.

De acuerdo con el abogado Alí Bantú, las pruebas de balísticas prueban que el arma que disparó el proyectil pertenecía al agente Octavio Darío Porras Vides. “Además, la Fiscalía logró demostrar que el arma hechiza que los agentes manifestaron en los informes que supuestamente portaba Hárold era un artefacto imposible de disparar. En consecuencia, resultó falsa la versión presentada por los agentes de que el menor disparó. En cambio, se logró evidenciar que esta arma fue implantada por los agentes de Policía para manipular la escena del crimen y así encubrir el homicidio”. A finales de diciembre, en desarrollo de la detención preventiva, los tres uniformados fueron enviados a la cárcel para evitar que obstruyan la justicia y se garantice su comparecencia al proceso. Uno de ellos manifestó que ya no quería hacer parte de la Policía.

De acuerdo con Medicina Legal, el deceso de Hárold se produjo por muerte violenta ocasionada por impacto de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, como no se pudo extraer el proyectil, el cuerpo fue exhumado. Luego fue sometido a una segunda autopsia, cuyos resultados se desconocen. Durante las audiencias preliminares se ventiló que el patrullero Iván Olivo de Ávila ya había amenazado y maltratado física y psicológicamente a Hárold Morales y a la comunidad del sector. El abogado Bantú sostiene que el uniformado abofeteaba e intimidaba constantemente al menor de edad, “al punto de que, en septiembre pasado, cuando otro joven murió en Cartagena, el patrullero Olivo le había dicho a Morales con ironía: ‘No te dediques al fútbol porque también te puedes morir’”.

“La Policía es una pandilla más”: habitantes de San Francisco

Las intimidaciones previas contra Hárold fueron corroboradas por habitantes de San Francisco. Además, en diálogo con este diario, algunos ratificaron que la Policía abusa de su poder para imponerse y que esta situación se agudizó más durante la pandemia. Uno de ellos aseguró que ha sido incluso testigo de extorsiones de los policías en medio de supuestas requisas, exigiendo hasta $800.000 en efectivo para no implantar droga en algunas casas. Una mujer, que se rebusca el sustento en las calles del barrio, aseguró que los uniformados suelen despojar a los jóvenes de sus pertenencias: celulares, relojes y colonias a cambio de no sancionarlos por incumplir las medidas de bioseguridad.

“Cuando la Policía entra a la casa hay que esconder todo, porque te roban y no tienes derecho a reclamar nada”, contó otra fuente del sector a El Espectador. Pero a la indignación por los abusos policiales le sigue la desesperanza, pues los habitantes de San Francisco no creen que realmente valga la pena denunciar, ya que sobre ellos pesa el estigma del territorio que habitan y por ser negros. “¿A quién le van a creer? ¿Al Policía que me cargó con droga o a mí que vivo en San Francisco? ¿Y cómo vamos a denunciar en pandemia si ni siquiera tenemos internet?”, recalca una de las fuentes consultadas, que pidió anonimato por su seguridad.

Organizaciones de derechos humanos confirman que la violencia policial contra personas de escasos recursos y afro se ha incrementado durante la pandemia en Cartagena. El Colectivo Cultural El Tropelín, de la Universidad de Cartagena, agrega que históricamente el hecho de habitar esas zonas ya es estigma. Contrario a lo que puede suceder cuando alguien denuncia en Bocagrande o en el Centro Histórico, donde, por ejemplo, recientemente el reconocido actor estadounidense Kendrick Sampson fue víctima de abuso policial y desencadenó una ola de rechazo en redes sociales. “El imaginario de la sociedad funciona de esta forma: el que está en San Francisco algo hizo, pero el que está en el Centro fue víctima”, dijo El Tropelín a este diario. ¿Abuso policial en contra del actor Kendrick Sampson en Cartagena?

Miembros del mismo colectivo participaron en las movilizaciones que impulsaron la comunidad y otras organizaciones para denunciar el caso de Morales. El día de la velatón, cinco jóvenes acordaron reunirse en una esquina cercana a San Francisco para llegar juntos al barrio, pero la Policía los detuvo y los trasladó al CAI de Chambacú, donde, según ellos, fueron pateados y cacheteados. “La excusa fue que estábamos violando el decreto de cuarentena e inventaron que veníamos de Bogotá a generar disturbios a Cartagena. Una periodista llamó al CAI para saber si estábamos retenidos y escuchamos que la Policía lo negó. El secretario del Interior, David Múnera, lo hizo para saber si ya nos habían soltado y respondieron que sí. Todo fue mentira, ahí seguíamos. La Policía juega como una pandilla, es una pandilla más”, resaltó uno de los jóvenes.

La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar advierte que la presencia de la Policía en los barrios no es para proteger ciudadanos, sino que ejerce una presencia “criminalizante”, y agregó: “Este es un legado colonial. La persona negra ha sido siempre leída como un delincuente, porque ese sistema colonial y capitalista se fundamenta en la explotación del trabajo gratuito de la gente negra. Se presume entonces que la gente negra no posee nada y que lo que posee lo obtiene a partir de la delincuencia. Los jóvenes de barrios como San Francisco, Olaya, Pozón y la falda de La Popa han dicho que la Policía considera sospechosa a toda agrupación de jóvenes. Si están reunidos en lavaderos, parques o peluquerías siempre hay intervención policial”.

Un reciente informe de Temblores concluye que la violencia policial en el país no obedece a malos comportamientos de unos cuantos oficiales, sino a un problema estructural y sistemático. Entre 2017 y 2019, unas 289 personas han sido asesinadas por la Policía en Colombia, 39.613 han resultado lesionadas y 102 han sido víctimas de violencia sexual. Bolívar es el tercer departamento con más homicidios perpetrados por miembros de la Policía y la zona donde más han asesinado a personas afrodescendientes.

El Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas de Cartagena afirma que el caso de Hárold Morales refleja lo que a diario se vive en los barrios de la ciudad. “Cuando nos enteramos por las noticias de que hubo un joven asesinado en el barrio y que la mamá decía que no era cierta la versión de la Policía, le creímos porque sabemos y conocemos la realidad de los barrios y que la Policía nos hostiga”, agregó una vocera del movimiento. La Colectiva Comunitaria Popular Contextos respaldó a la familia Morales y, con el fin de “dignificar la memoria de la comunidad y la movilización social de Cartagena”, se sumó a los esfuerzos colectivos para esclarecer el caso. Por lo pronto, a los tres uniformados les fueron imputados cargos, pero la próxima audiencia de acusación aún no tiene fecha.

Los jóvenes del barrio aseguran que los policías los siguen hostigando. A los requerimientos de este diario, la Policía de Cartagena se limitó a decir que “el tema está en proceso ante la Fiscalía General de la Nación y por parte de la institución se ha brindado todo el apoyo y colaboración para brindar toda la información que las autoridades judiciales requieran para llegar al esclarecimiento de estos hechos”. Además, informó que los uniformados involucrados ya no son policías activos, pues fueron destituidos.