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La solicitud del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierra para que la Corte Constitucional aplace el debate que adelanta sobre los bienes baldíos de la Nación, fue tomada como un palo en la rueda para el campesinado colombiano que lleva años esperando decisiones estructurales que les permita salir de desigualdades históricas en materia de acceso a la tierra. La Corte Constitucional estudia si es posible entregar dichos terrenos, que son imprescriptibles y deben ser adjudicados a campesinos, a terceros mediante procesos de pertenencia y una figura legal llamada prescripción adquisitiva del dominio.
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La Corte Constitucional estudia una serie de tutelas en las cuales se consideró que terrenos destinados para la reforma agraria podrían ser adjudicados a particulares por usucapión o prescripción adquisitiva, es decir, tan solo demostrando que los potenciales propietarios vivieron y trabajaron con ese bien por años, sin evaluar otros requisititos. El caso está en estudio desde 2018 e incluso en 2019 se hizo una audiencia pública al respecto. Sin embargo, el Gobierno le pidió a la Corte Constitucional que aplace el fallo pues se está trabajando en un Plan Nacional de Clarificación, con el cual se pretende identificar la naturaleza jurídica de los bienes para su adjudicación.
De hecho, algunos terrenos ya fueron adjudicados vía prescripción adquisitiva y de tomar una decisión en los próximos días, dice el Gobierno, los propietarios se verían envueltos en nuevos procesos administrativos, en medio de un trámite ya “consolidado”. El campesinado colombiano, por su parte, reaccionó a la solicitud del Gobierno ante la alta corte, revelada por El Espectador. “La suspensión de la decisión que hoy estudia la Corte no protege al campesinado que, como lo afirma de manera acertada el gobierno nacional y la ANT en su carta, somos sujetos de especial protección constitucional, que requerimos políticas y programas estatales que remuevan las condiciones estructurales de desigualdad en las que nos encontramos”, explicaron 22 organizaciones campesinas.
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De acuerdo con su denuncia, las trabas en el proceso de baldíos no favorecen al campesinado, al contrario, vulnerarían sus derechos de “acceso a la tierra, a igualdad material y a la vida digna”. En contraposición con el Gobierno, las organizaciones campesinas sostienen que quiénes que adquirieron bienes mediante prescripción adquisitiva necesitan, con una decisión de la Corte Constitucional, obtener seguridad jurídica para trabajar. Además, el pronunciamiento de la alta corte podría ayudar a recuperar tierras que “quedaron en manos de sujetos poderosos” y cuyo destino serían campesinos que están a la espera de que el problema sea resuelto vía judicial.
“Los pronunciamientos de gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) muestran que los mismos poderes que han concentrado la tierra a lo largo de la historia del país pretenden ahora manipular esta decisión de la Corte Constitucional, para mantener sus privilegios y eliminar la posibilidad de que los baldíos sirvan para la reforma agraria que los y las campesinas venimos anhelando por décadas”, cuentan en la carta conocida por este diario.
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La petición del Gobierno se dio horas antes de la tercera sesión de debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Durante el proceso, la Procuraduría y organizaciones como Dejusticia han solicitado que se declare un estado de cosas inconstitucional sobre la gobernanza de la tierra en Colombia, con el objetivo de que la alta corte tome decisiones estructurales, pues se vislumbra una posible violación sistemática y reiterada de los derechos. De acuerdo con Dejusticia, desde 2014 se han entregado más de 200.000 hectáreas de terrenos baldíos a particulares.
Lo que está sucediendo en la Corte Constitucional sobre baldíos; o lo que se está presionando para que suceda,es muy grave: se desea desvirtuar la figura del baldío que es propiedad de la nación, que es inprescriptible y que sólo se puede destinar a fines de reforma agraria.
— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) March 12, 2021
Firmantes del documento
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); Coordinador Nacional Agrario Confederación: Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-Cut); Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción y la Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales (MIPRC).
Además, firmaron la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro; la Mesa Coordinadora de Organizaciones Sociales de La Macarena Meta; el Comité de Integración del Macizo Colombiano; la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro; la Alianza territorial de Mujeres del Sur del País; la Asociación de campesinos y comunidades sin tierra del Cesar; la Plataforma de Mujeres de Caquetá; la Red Departamental de Mujeres de Vélez; las Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego; las Mujeres, Amazonía y Paz Asociación de parceleros del Toco. Y la Asociación de Campesinos víctimas del conflicto armado de Aguas blancas y mariangola y la Asociación para el desarrollo de la mujer campesina y urbana.