:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/A7UW5g03000nbuFf45ZspBkqCBo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/GENP2KNSKBC6DANRLHGVX6VOTY.jpg)
Los abogados que conforman el equipo de defensa internacional de Alex Saab informó que, recientemente, presentó una comunicación ante el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García - Sayán, en la que ponen de presente una serie de “obstáculos” que el Gobierno de Cabo Verde (África) les ha puesto “arbitrariamente en la realización de nuestra práctica profesional”.
Los abogados le pidieron al Relator que le solicitara una explicación a ese país africano, donde se encuentra recluído su defendido, sobre todas las irregularidades que, según ellos, se han cometido durante el proceso que se ha llevado contra Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde. Para ser más específicos, el equipo de defensa expuso una serie de hecho y antecedentes que han ocurrido desde la detención de Saab, el pasado 12 de junio. (Lea también: Abogado de Saab se pregunta qué hay detrás de la reducción de cargos a su cliente)
“Como ya se ha venido denunciando públicamente en los pasados meses, estos hechos son una muestra de la vulneración de derechos humanos a la que se ha visto sometido el Enviado Especial y agente diplomático, Sr. Saab”, insistieron los defensores y expusieron los siguientes argumentos citados a continuación:
* Su detención es ilegal por dos razones: en primer lugar, porque se trata de una persona con inviolabilidad diplomática incluida en el Derecho Internacional (de hecho, en su viaje portaba documentación que lo acreditaba como Enviado Especial, agente diplomático, y que le confiscaron las autoridades caboverdianas sin dar reconocimiento a esta condición); y, en segundo lugar, porque la detención se basó en una supuesta alerta roja de Interpol solicitada por EE.UU. que más adelante se comprobó que no existía, pues se redactó un día más tarde.
* El Sr. Saab se ha visto sometido a una situación arbitraria desde ese día de su detención en la isla de Sal (Cabo Verde), además de inhumana y degradante. Se le ha denegado atención médica (a pesar de ser un paciente de cáncer), se le han negado condiciones habituales de otros internos y solo se le ha permitido acceso consular en dos ocasiones. (Le puede interesar: “Existen fuertes indicios de que Álex Saab se ha estado automutilando”: Cabo Verde)
* Al Sr. Saab se le han impuesto graves obstáculos de acceso a su derecho de defensa: se le ha ido reduciendo diariamente el tiempo de reunión con su equipo de defensa local, se ha impedido el acceso a prisión de su equipo de defensa internacional, se le ha trasladado irregularmente a una prisión regional en Sal y se ha deportado, hasta en dos ocasiones, a uno de los miembros de la defensa internacional.
Informaron los defensores que estos hechos, además de otros expuestos en la carta enviada al Relator Especial, le han creado una situación de impotencia e indefensión a Saab y son una muestra clara de que esta detención es “fruto de una clara persecución política”, la cual se enmarca en la “agresión diplomática de Estados Unidos contra Venezuela”. Además, que estos hechos suponen una serie de violaciones claras de sus derechos humanos y fundamentales, como el derecho al debido proceso y la protección judicial efectiva.
Por todo esto, los abogados solicitaron que el Relator Especial haga un llamamiento urgente a la República de Cabo Verde para que responda por las “vulneraciones al debido proceso de las que ha tenido conocimiento a través de la presente comunicación y recabe del Estado toda la información posible para elevar la situación a los organismos pertinentes”. (Noticia relacionada: Justicia de Cabo Verde aprueba extradición de Alex Saab a Estados Unidos)
Finalmente, indicó la defensa que es imprescindible que se respeten las garantías del debido proceso en el marco de la independencia de jueces y abogados y subsanar todas y cada una de las irregularidades sufridas, con el fin de que el agente diplomático de Venezuela, Alex Saab, pueda disponer de un acceso libre a la justicia y pueda desempeñar su derecho de defensa.