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Este miércoles, la Fiscalía General entregó las primeras investigaciones –incluidas las que ya llegaron a juicio– por las conductas cometidas en el marco del conflicto armado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En concreto, se trata de tres pesquisas que se adelantaron contra exintegrantes de las Farc y agentes del Estado: el inventario de procesos relacionados con el conflicto armado, la retención ilegal por parte de la extinta guerrilla y la victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP). (Le podría interesar: La Fiscalía entregará 17 informes sobre el conflicto armado a la JEP)
El primer informe detalla los casos que posee el ente investigador en la Jurisdicción Penal Ordinaria (sistemas de información SIJUF y SPOA), Justicia y Paz (sistema SIJYP) y en los procesos de extinción de dominio (base de datos Sagitario), a corte de abril de este año. En total, explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, 223.282 casos corresponden a 280.471 indiciados y 196.768 a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
De estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, 52.220 expedientes corresponden a investigaciones a la extinta guerrilla de las Farc, 13.934 casos a la Fuerza Pública, 10.164 al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 55.768 a las Autodefensas de Colombia (AUC), 3.324 a otras guerrillas, 13.934 a agentes del Estado y 87.872 sin grupo identificado. Este inventario se renovará cada dos meses en la medida que los sistemas de información de la Fiscalía sean actualizados por los fiscales y responsables de archivo.
En segundo informe, la retención ilegal por parte de las Farc, cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a la extinta guerrilla, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 personas procesadas. Según la Fiscalía, 1.817 víctimas fueron mujeres y 5.933 hombres. Antioquia, Meta, Bolívar, Córdoba, Cesar, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Norte de Santander y Chocó, son los departamentos con mayor concentración de investigaciones por retenciones ilegales. (Le sugerimos: Fiscalía pide intervención de la Procuraduría en caso de Santrich)
La información de la Fiscalía también evidenció que el grupo más afectado por las retenciones ilícitas son los campesinos, con 236 pesquisas; grandes y medianos propietarios del sector rural, con 174; comerciantes, con 131; aspirantes y funcionarios de cargos públicos, con 118; Fuerza Pública, con 80; trabajadores de empresa nacional o multinacional, con 66; profesionales, con 56; miembros de organizaciones sociales o comunales, con cinco, y otros, con 83.
"Fue un crimen que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles. El informe también plasma los tratos inhumanos a las víctimas, cuyo derecho a la libertad se les llegó a conculcar, en algunos casos, por varios lustros", precisó el fiscal Martínez, quien estuvo acompañado por la vicefiscal, María Paulina Riveros. Según estimaciones de la Fiscalía, por retenciones ilegales, las FARC recaudó entre 1996 y 2012 al menos $3,6 billones.
El último informe, que trata sobre la victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP), la Fiscalía realizó acciones judiciales para esclarecer los hechos presentados contra miembros de la Unión Patriótica entre 1984 y 2016 por parte de miembros de la Fuerzas Armadas, Policía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Así, el ente investigador documentó 863 expedientes, que registran 1.620 víctimas y por los cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables. (Lea también: Quienes se acojan a la JEP ya pueden salir del país)
Los registros de la Fiscalía evidencian que este fenómeno de victimización se dio por lo menos en 27 departamentos, pero con mayor intensidad en Antioquia, Meta y Santander. También, dijo la Fiscalía, se encuentran con registros en Bolívar, Cesar, Chocó y Tolima. En cuanto a Bogotá, la entidad identificó que estos hechos fueron contra dirigentes políticos nacionales hasta candidatos a la presidencia.
“Este informe da cuenta de un vergonzoso episodio en la vida democrática de Colombia (…) y frustró la consolidación, entre nosotros, del principio de representación en las corporaciones de origen popular y cuya judicialización no ha alcanzado la importancia y significación que demandaban los oprobiosos crímenes cometidos al amparo de la doctrina de la Seguridad Nacional”, sostuvo el fiscal general. Los informes fueron entregados a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y a la presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll.
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