Fiscalía imputó cargos a cinco personas por caso “Panama Papers”

De los cinco investigados, Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efecty y Servientrega, fue la que mayores delitos le imputaron. / Archivo particular.

Después de tres largas jornadas en una sala de audiencias en Paloquemao, la Fiscalía General les imputó cargos a cinco presuntos responsables por el escándalo de los Papeles de Panamá (Panamá Papers en inglés). El organismo investigativo le puso la lupa a la participación de varias empresas colombianas que enviaban sus patrimonios a empresas de papel radicadas en el vecino país para, a través de su sistema financiero, ocultar sus patrimonios. (Lea: "Panama Papers": Fiscalía dice que gerente de Servientrega y Efecty ocultó US$4,5 millones)

Fue así como la Fiscalía dio con el nombre de Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y gerente de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A., quien tendrá que responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. La Fiscalía dice que Guerrero Hernández, al parecer,  habría ocultado, en cuentas o sociedades en el exterior, US$4.5 millones. De los cinco investigados, Guerrero fue a quien más le imputaron cargos. 

Sara Guavita y Jorge Sánchez Amado, representante legal suplente de Servientrega y el revisro fiscal de Efecty, fueron otros de los nombres que encontró la Fiscalía. A ella le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. En cuanto a Sánchez Amado, tendrá que defenderse por los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. (Le podría interesar: 19 personas investigadas: el primer efecto en Colombia de los "Panama papers")

La lista sigue. Marta Inés Moreno, contadora de 47 empresas, tendrá de responder por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Por último, la Fiscalía le indilgó el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, los cargos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.  

Estas cinco personas hacen parte de las 19 que serán investigadas formalmente por los hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y así esconder ganancias. Fuentes de la Fiscalía le revelaron a este diario que, aparte de Luz Mary Guerrero Hernández, los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos US$10 millones. (Lea: Fiscalía revela los detalles del desfalco en Panamá Papers)

“La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, precisó la Fiscalía el pasado miércoles. Pero, en la audiencia, el fiscal del caso expuso nuevas evidencias, como correos electrónicos y factuación, que probarían los movimientos de dinero.

Por ejemplo, en uno de los correos, obtenidos de través de inspecciones realizadas a las oficinas de Mossack Fonseca en el país, Juan Esteban Arellano le expresó a Marta Inés Moreno cómo manejarían la transacción de US$8 millones a empresas fachada. En el mensaje, Arellano le dice que la firma panameña “tenía toda la capacidad de experiencia para manejar la transacción”. A renglón seguido, Mossack Fonseca le explicó que podía usar dos o cuatro compañías en “jurisdicciones de Panamá y el Reino Unido”. "Ustedes definirán cuál es la mejor alternativa", se lee en el correo. 

Posteriormente, en el mismo correo, Arellano le dice a la contadora que las compañías de la firma panameña tienen cuentas “en bancos de primer nivel mundial donde se han depositado los fondos para, luego de siete días, entregárselos a ustedes en cuentas de países que ustedes dispongan”. Esto, según el fiscal del caso, era una de las pruebas del movimiento de dineros a partir de contratos y facturas falsas.

Terminada la intervención del fiscal, la jueza de dio la palabra al delegado de la Procuraduría quien le manifestó que lo expuesto por la Fiscalía era claro y explicaba la participación de cada uno de los investigados. Sin embargo, varios defensores no estaban de acuerdo con la posición del Ministerio Público y le formularon varias preguntas al fiscal, quien tendrá que resolverlas el próximo lunes a partir de las nueve de la mañana cuando se reanude la audiencia.