Las razones de la sanción por el caso Springer en Valledupar

El contrato que la firme de Springer firmó con la alcaldía de Valledupar fue por un valor de $1.400 millones. / Archivo El Espectador

Casi tres años después de que se destapó el escándalo por  irregularidades en los contratos firmados con la empresa de la politóloga y periodista Natalia Springer, quien en pocos años acumuló ingresos aproximadamente por $7.200 millones, la Procuraduría sancionó a varios exfuncionarios involucrados en el trámite de uno de esos contratos. Al exalcalde de Valledupar Fredys Miguel Socarrás y sus exsecretarios general y de gobierno, Lisbeth Lorena Gaitán y Carlos Mario Céspedes, así como a su exjefe de la Oficina Jurídica, Mery Romero Mestre.

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El contrato en mención fue suscrito en el año 2015 bajo el concepto de “Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar”, y se firmó entre la alcaldía y la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. (SVSCS)  por un valor de $1.400 millones.  Según señaló la Procuraduría General, en desarrollo del proceso de contratación se incumplió con el procedimiento previo de selección exigido en la ley para cualquier tipo de negociación similar con el Estado.

En concreto, la investigación de la Procuraduría determinó que el contrato se firmó sin la realización previa de una convocatoria pública que pudiera tener en cuenta las propuestas de otras empresas, violando así las reglas de contratación estipuladas.  De igual forma, se certificó que, si bien la empresa de Springer era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, al analizarse el objeto social de la compañía y los contratos presentados con la propuesta y la forma de ejecutar el negocio jurídico, no se ratificó su idoneidad.

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Según se lee en la decisión de la Procuraduría, la vinculación de Natalia Springer a Valledupar surgió cuando ella misma le presentó a la Alcaldía una propuesta de entrenamiento de gestores de paz- mediadores comunitarios, planteándola como “una propuesta audaz que reúne lo mejor en el estado del arte de la pedagogía en resolución de conflictos, la cultura de paz y el entrenamiento en mediación”. El valor de la oferta de SVSCS ascendió a $1400 millones.

El contrato se concretó, pero hacia julio de 2015, antes de iniciar su ejecución, Natalia Springer solicitó una modificación para “la liberación anticipada de los recursos correspondientes al 30% de su totalidad”. Días después, los funcionarios del círculo del alcalde aprobaron la modificación. En documentos posteriores, quedó escrito que el programa, gestores de paz se hizo de manera presencial, a través de seminarios y talleres desarrollados entre junio y septiembre de 2015.

En la misma decisión del Ministerio Público, se recalca que la empresa SVSCS no demostró la experiencia requerida para el objeto contratado, a pesar de que cuando formuló su propuesta, mostró como experiencia otros contratos celebrados con el Estado. Dos de ellos con la Fiscalía General de la Nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales cometidos en el marco del conflicto armado. Estos fueron los contratos polémicos suscritos por Springer con la administración de Eduardo Montealegre.

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En la decisión, conocida por El Espectador, fue sancionado el exalcalde de Valledupar Fredys Miguel Socarrás Reales, quien orientó el municipio durante el periodo de 2012 a 2015. El Ministerio Público lo sancionó con inhabilidad durante un mes y el pago de una multa de seis millones.  Así mismo, la exjefa de la oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre también fue inhabilitada por un mes por no asesorar correctamente a la alcaldía frente al procedimiento contractual que debía seguirse para la selección de contratos.

De igual forma, Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de gobierno de Valledupar fue inhabilitado durante 14 años para ejercer cualquier tipo de función pública. Según la Procuraduría Céspedes Torres fue quien recomendó la colaboración directa con la empresa de Natalia Springer para que asumiera el contrato, sin tener en cuenta el procedimiento previo referente a la selección objetiva y transparente del contratista. En su caso, las faltas fueron calificadas como gravísimas y cometidas a título de culpa gravísima.