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Del año pasado a este el nombre Deyanira Gómez pasó de no decirles nada a la mayoría de los colombianos a ocupar titulares de medios de comunicación a raíz de uno de los procesos judiciales más importantes de esta década: la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Para este martes 6 de abril estaba programada la esperada audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes hace un mes, con el fin de argumentar por qué, en su criterio, el llamado caso Uribe debe terminar en un archivo. Los alegatos que todo el mundo aguardaba, sin embargo, nunca se esgrimieron. Antes de poder llegar a ellos los reflectores se posaron sobre Deyanira Gómez.
Médica de profesión, hoy viviendo en el exilio, Gómez es la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, uno de los principales testigos en contra del exmandatario. Monsalve lleva desde 2012 testificando que Álvaro Uribe -y también su hermano Santiago, hoy a la espera de un veredicto en su juicio por presuntos nexos con paramilitares- tuvo que ver con el surgimiento del bloque Metro en el nordeste de Antioquia. Al principio, mientras esas declaraciones las conoció el congresista Iván Cepeda y se encargó de divulgarlas desde el Congreso, Deyanira Gómez no tuvo ninguna participación en el asunto. Ella, para ese momento, era simplemente la esposa de Monsalve.
Cuando Cepeda empezó a divulgar el testimonio de Monsalve, la respuesta del expresidente Uribe, quien ha dicho hasta la saciedad que ni él ni su hermano tuvieron que ver con el mencionado bloque paramilitar, fue dirigirse a la Corte Suprema y denunciar a Cepeda. Uribe y sus abogados defensores reclamaron ante la Corte que Cepeda, oculto bajo un supuesto trabajo humanitario en nombre del Congreso, estaba yendo a distintas prisiones del país a buscar testigos en contra del exmandatario, ofreciendo dádivas a quien aceptara enlodarlo. Así fue como, según la defensa de Uribe, Cepeda llegó a Monsalve y a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del frente “para” Cacique Pipintá. (Lo que halló la Fiscalía sobre los testigos contra Álvaro Uribe: Monsalve y Alberto Guerrero)
Solo hasta 2018 fue que Deyanira Gómez pasó a ocupar un espacio relevante en esta historia. En febrero de ese año, la Corte Suprema declaró un inhibitorio para las denuncias contra Iván Cepeda, anunciando que no había evidencias de que sus visitas a las cárceles tuvieran que ver con el plan de manipulación de testigos que denunciaba Uribe y que, por esa razón, no había razón ni evidencias para llevar a cabo una investigación en contra suya. Caso contrario para Uribe: la Corte dijo que era necesario indagar sobre algunas de sus conductas con ciertos testigos, pues había alarmas encendidas. Lo que pasó en los siguientes meses, crucial para el caso Uribe, tiene todo que ver con Deyanira Gómez.
Mientras la defensa de Uribe reunía pruebas para presentar una reposición con respecto a la decisión de la Corte, a Monsalve empezaron a llegarle mensajes escritos y de voz a su celular de un viejo conocido llamado Carlos Eduardo López Callejas, más conocido como Caliche. Este le dijo a Monsalve que lo estaba contactando por solicitud de un representante del Centro Democrático en el Huila, Álvaro Hernán Prada, y que su interés era que Monsalve hiciera un video en el que se retractara de las acusaciones contra el expresidente Uribe. Gómez fue quien documentó esos intercambios ante la Corte Suprema, agregando que Caliche le había pedido que hablara en contra de Iván Cepeda también.
El 21 y 22 de febrero, cuando estaba por cumplirse el plazo para que el expresidente Uribe presentara su recurso de reposición, fueron los días en que uno de sus abogados, Diego Cadena, llegó a La Picota a visitar a Juan Guillermo Monsalve. La versión de Cadena -quien está en juicio por estos mismos hechos- es que Uribe se enteró por terceros de que Monsalve quería retractarse de sus acusaciones contra él y le pidió a Cadena que fuera a indagar al respecto. Uribe, le dijo Cadena a la justicia, quería “la verdad”. Cadena le llevó una carta de retractación ya elaborada a Monsalve, pero este no aceptó firmarla. Cadena le ofreció también tramitar un recurso en su nombre ante la JEP. (“Me abstengo de contestar”: así declaró Diego Cadena en la Fiscalía por el caso Uribe)
Deyanira Gómez y Diego Cadena se vieron el 5 de abril de 2018, subrepticiamente se grabaron y entregaron esos audios a la Corte Suprema. Hablando por teléfono como en persona, Cadena se refería a la importancia de que Monsalve hiciera la carta de retractación de su puño y letra, y fue enfático en que nunca lo presionó. La entonces esposa de Monsalve hablaba de lo que le habían ofrecido a su esposo. Cuando la Corte analizó ambas grabaciones, concluyó que la de Cadena venía editada y compulsó copias para que la Fiscalía lo investigara “por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio”, lo cual no ha avanzado aún. La defensa de Cadena asegura que el audio se entregó intacto.
El 25 de abril de 2018 la Corte llamó a declarar a la pareja de Monsalve. Ella habló de las presiones que había recibido su esposo, según ella, de Enrique Pardo Hasche, un integrante de la élite bogotana que terminó en prisión por haber secuestrado y asesinado al industrial Eduardo Puyana (suegro del expresidente Andrés Pastrana). Y le dio a la Corte otro nombre: Juan Guillermo Villegas, cuya familia ha sido muy cercana a los Uribe Vélez y a la del propio Monsalve, cuyo padre fue mayordomo de la hacienda Guacharacas, en el nordeste antioqueño. Deyanira Gómez le relató a la Corte, por ejemplo, que Villegas, junto a Diego Cadena, viajaron a Medellín a buscar a la madre de su exesposo, Luz Marina Pineda.
Después de haber hablado con la Corte, la situación de seguridad de Gómez empezó a complicarse y ella se lo dijo al alto tribunal, por lo que el magistrado que llevaba la investigación, José Luis Barceló, solicitó que se le otorgara un esquema de protección. Pero los actos de “acoso, persecución y hostigamiento” contra Gómez, en palabras de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, siguieron. Hace poco, El Espectador reveló el testimonio de Héctor Romero, quien para esa época era el abogado de Gómez y de Monsalve. Él contó que la médica informó a Barceló del riesgo en que se sentía y que este la ayudó a salir del país. Para el expresidente Uribe, Barceló obró siempre contra él por sesgos políticos.
En noviembre pasado, aún desde el exilio, Gómez amplió su declaración en la Corte Suprema e insistió en que Monsalve nunca tuvo entre sus planes el echar para atrás la versión que ha dado del expresidente Álvaro Uribe, la cual este rechaza con vehemencia. Aseguró que fue desde que ella se involucró en el proceso de su exmarido que su vida cambió radicalmente, incluido el ser despedida de su trabajo con Coomeva Medicina Prepagada, la cual ha manifestado que el despido solo tuvo que ver con su desempeño laboral. Para la Fiscalía, bajo la batuta de Gabriel Jaimes, Deyanira Gómez podría haber actuado como cómplice de Monsalve para ocultar un bien que este habría recibido, supuestamente, como “premio” por sus señalamientos a Uribe: una finca en Quindío llamada La Veranera.
Tanto Gómez como Monsalve aseguran que esa finca fue el producto de una sucesión del padre de la médica, no de un soborno, pero el tema es aún objeto de pesquisas judiciales. En su declaración, el abogado Héctor Romero contó también que el primer esposo de Deyanira Gómez, padre de su primogénita, fue condenado por crímenes relacionados con las Farc. Ayer, justo antes de que empezara la audiencia en la que el litigante Miguel del Río pidió que ella fuera reconocida como víctima, la revista Semana divulgó un informe de inteligencia militar de 2007 en el que Deyanira Gómez aparece relacionada con las Farc, aunque, 14 años después, ella no ha sido ni judicializada ni condenada por algún delito de esa naturaleza.
Romero, por último, dejó saber en su declaración al equipo del fiscal Jaimes un dato esencial en este proceso por supuesta manipulación de testigos: que fue Gómez quien envió el reloj con el que su entonces esposo pudo grabar la reunión que sostuvo con Diego Cadena en la cárcel. El tema ha sido tan prioritario para esta Fiscalía que Jaimes, en una de sus órdenes de trabajo, pidió al Inpec que le dijera que dónde había sacado Monsalve ese dispositivo. El Inpec no le pudo dar respuesta porque no la tenía esa entidad, sino Romero. El próximo viernes 9 de abril se sabrá si ella es admitida o no como víctima en este expediente, petición a la que se oponen la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe.