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A menos de un mes de la consulta popular entre los candidatos presidenciales Gustavo Petro por Colombia Humana, y Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana, un proceso judicial podría ser la que defina este round político. Un juez volverá a realizar una audiencia con la que Caicedo podría terminar en prisión, por cuenta de una investigación que adelanta la Fiscalía por irregularidades en contratación cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta. (Lea: Capturan al alcalde y al exalcalde de Santa Marta).
La decisión judicial la tomó el juez Carlos Julio Zagarra que anuló la audiencia de noviembre pasado en la que se decidió dejar en libertad a Caicedo tras argumentar que la Fiscalía no cumplió con la entrega del material probatorio. Así lo confirmó Luis González, director nacional de Fiscalías Seccionales, “esta decisión se produjo al resolver la apelación presentada por la Fiscalía para que se analizara si se había cumplido con la ritualidad del traslado de las evidencias y los elementos materiales probatorio a la defensa”, sostuvo.
“El juez dice aquí que la fiscalía no dio traslado a las pruebas y no puede hacer un análisis de fondo. Esto fue una equivocación enorme de la fiscalía, lo que están presentando son argumentos débiles que no tienen ni pies ni cabeza contra dos funcionarios que han sido impecables en su administración”, aseguró en entrevista con W radio, el abogado Iván Cancino. (Lea: Suspenden al alcalde de Santa Marta por presunta influencia en procesos electorales).
La investigación involucra también al alcalde Rafael Martínez, y tiene que ver con la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta: Mamatoco, La Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas, sin embargo, solamente se construyó este último.
El primer contrato denominado 004, fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes S.A.S. para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La paz, por un valor de $6.532 millones. No obstante, según la Fiscalía, en este contrato se detectó incumplimientos como la falta de planeación y la inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución del proyecto.
En este acuerdo, agrega el ente investigativo, se habrían presentado falencias en la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los $5.000 millones. Al parecer, Caicedo Omar “suscribió acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de los cinco puestos de salud” en un plazo de 10 meses, según se estipula el contrato.
El segundo contrato, N°007, se suscribió entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud por un valor de $5.863 millones. En este convenio, que tenía como objetivo la adecuación y terminación de los centros de salud La Candelaria, La paz y Taganga, la Fiscalía encontró inconsistencias con la obtención “extemporánea” del concepto de viabilidad por el Ministerio de Salud. Es decir, el concepto de viabilidad fue otorgado cuando el contrato ya se encontraba en plena ejecución.
Igualmente, el ente investigativo expresó que la licencia de construcción también se solicitó tardíamente y, a la fecha, no ha sido concedida. En este contrato, según la investigación, se otorgó un anticipo del 40% correspondiente a $2.345 millones, pero, según un dictamen pericial, solo se había ejecutado $568 millones y fueron destinados para la adquisición de elementos diferentes como equipos y otros materiales de construcción. (Lea: Suspenden al alcalde de Santa Marta por presunta influencia en procesos electorales)
Por este proceso también están siendo investigados por la Fiscalía Gregorio Domíngez Fonseca, Jesús Enrique Navarro Brito, Edgardo Charris Salcedo y Carlos Fabia Slebi Palacio. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.