Una emergencia constante: cuatro meses de COVID-19 en las cárceles de Colombia

El coronavirus ahora tiene como epicentro cinco cárceles: las tres de Bogotá, La Cuarenta en Pereira y La Modelo en Bucaramanga. / Archivo El Espectador

Las cárceles colombianas están en emergencia. Lo han estado en las últimas décadas, tanto así que en 1998 la Corte Constitucional declaró que en las prisiones del país se vive un estado de cosas inconstitucional. Es decir, una violación permanente de derechos fundamentales que requiere tomar medidas estructurales, en lugar de paños de agua tibia. El alto tribunal reiteró en 2013 que la vida en los centros de reclusión era contraria a lo que dice la Constitución y, luego, lo volvió a decir en 2015. Fue sobre esta emergencia de vieja data, con hacinamiento, problemas de infraestructura, que el país político por costumbre mira de reojo, en la que aterrizó la pandemia del COVID-19.

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A la fecha de publicación de este artículo van 2.356 casos de coronavirus en 46 cárceles del país. Aunque los lugares con más casos —o “clústers”, como llamó el presidente Iván Duque a la cárcel de Leticia en mayo— han fluctuado desde el comienzo de la pandemia, a la fecha son cinco los epicentros del nuevo coronavirus: La Modelo (con 239 casos), El Buen Pastor (435) y La Picota (272) de Bogotá; La Cuarenta de Pereira (234) y La Modelo de Bucaramanga (281). Solo estos cinco establecimientos suman el 62 % de todos los contagios activos en las cárceles. Todas, a su vez, están excedidas en su capacidad de albergar reclusos por encima del 35 %.

De las cinco sobresale La Modelo de Bogotá, no solo porque tiene una sobreocupación del 50 %, sino porque los casos de COVID-19 se dispararon mientras el país está saliendo de la cuarentena y se habla de una reactivación económica. Hace pocos meses la situación era a la inversa: en este centro de reclusión no había un solo contagio de coronavirus, pero justo el fin de semana que comenzaba el aislamiento obligatorio en Colombia, los reclusos de diferentes cárceles se unieron el 21 de marzo en una protesta que para los de La Modelo tuvo un desenlace mortal: la manifestación se tornó en motín y en la operación para frustrar el intento de fuga resultaron muertos 24 internos.

Al día siguiente, la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo junto al director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), general Norberto Mujica, que lo que se vivió en La Modelo fue un “plan criminal de fuga”; pero el mismo 22 de marzo decretó la emergencia carcelaria, una figura administrativa que le permite al Inpec flexibilizar sus trámites para tomar medidas urgentes. Más o menos el equivalente a declarar un estado de sitio, pero solo en el micromundo de las prisiones. La mayoría de las personas que protestaron esa noche pedían, precisamente, que el Gobierno reconociera la emergencia que se les venía a las cárceles.

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Y es que, cuando al mes siguiente aparecieron los primeros casos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio (Meta) se hizo claro que las cárceles no estaban preparadas: el hacinamiento allí ascendía a un 98%; los guardias del Inpec tuvieron que hacer hasta rifas para comprar por sus medios tapabocas y trajes de bioseguridad; apenas había tres enfermeras y nueve camillas para atender a los más de 1.700 reclusos, entre otras condiciones precarias. Los contagios se dispararon en cuestión de días, solo hasta el 24 de abril, dos semanas después de que se detectara el primer contagio, el Gobierno accedió a practicarles pruebas a todos los reclusos.

Ya para ese momento, sin embargo, el propio Inpec se había encargado de esparcir el nuevo coronavirus, sin saberlo. El 1 de abril la entidad había autorizado el traslado de ocho reclusos de Villavicencio a otras tres cárceles por motivos de seguridad: La Picota, en Bogotá; Las Heliconias, en Florencia (Caquetá); La Esperanza, en Guaduas (Cundinamarca). Según las autoridades penitenciarias, estos ocho hombres fueron los los “agitadores” que incitaron los “hechos vandálicos” —comillas tomadas de documentos oficiales— de una protesta que se había salido de control por los mismos días en que ocurrió el fallido motín de La Modelo.

(Vea: 84% de las cárceles del país están libres de COVID-19: Inpec)

El Inpec dijo después que no sabía que había casos positivos en Villavicencio, pero el mal ya estaba hecho. El siguiente paso, entonces, fue prohibir futuros traslados, medida que se sumaba a otras, como suspender las visitas de familiares y no recibir a más personas que les remitieran los jueces. A esta última se le atribuye el descenso que tuvo el hacinamiento en la mayoría de las cárceles colombianas: del 53% a comienzos del año, la sobreocupación bajó a cerca del 29%, pues por casi cinco meses han salido miles de presos que cumplen su pena o acceden a prisión domiciliaria, mientras el Inpec se ha negado a que entren más, como ocurriría en condiciones normales.

Aunque no entraron más presos a las cárceles, sí siguió entrando el coronavirus. A la prisión de Leticia (Amazonas), a la de Ternera en Cartagena y a otras más, llegó a través de los guardias, que también se han ido enfermando, como todos los trabajadores esenciales que le han puesto el pecho a la pandemia, aunque les cueste la vida. De hecho, ya un guardia de La Picota murió a causa del COVID-19, así como una enfermera de 24 años, esposa de un dragoneante de Villavicencio. A su vez, ya son más de 7.747 internos y guardias que contrajeron el virus y en una segunda prueba salieron negativos. Es decir: se recuperaron.

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La pandemia en las cárceles ya ha dado para debates en el Congreso e investigaciones en la Procuraduría. Los reclusos, por su parte, han recurrido a las tutelas para que sean jueces quienes le ordenen al Inpec, a su unidad de contratación, Uspec, y al Gobierno, garantizarles tener tapabocas, las tres comidas y observación médica. En algunos casos les ha funcionado. En otros, como en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, ni siquiera la orden de la Corte Constitucional que en 2013 reiteró el estado de cosas inconstitucional de las prisiones ha logrado en siete años que los reclusos tengan un constante acceso a agua para que, como recomiendan las autoridades de salud, se puedan lavar las manos.