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En 2017, la Corte Constitucional declarí al río Atrato como sujeto de derechos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con otras entidades nacionales y territoriales como Codechocó,
Corpouraba, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y el IIAP, presentaron al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a los organismos de control el segundo informe de seguimiento a la sentencia que incluye el plan de acción de la Orden Quinta, que ordena la descontaminación de este cuerpo de agua. (En contexto: UN salvavidas para el Atrato)
“Hemos venido trabajando en la construcción de ese plan de acción y en ese sentido se construyó teniendo en cuenta los insumos de las comunidades. Estamos en este momento en el proceso de socialización y concertación con ellas pues son quienes conocen el territorio”,dijo Norman Moreno, coordinador de la sentencia del río Atrato del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El plan contiene un diagnóstico de cuáles son las principales problemáticas, como deforestación, calidad de la fuente hídrica y presencia de mercurio en el territorio. En ese marco se hizo un análisis para plantear las líneas de acción. “Concretamos seis líneas de acción que van a guiar todo el trabajo interinstitucional, estas son mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas, reforestación de las áreas afectadas por minería, fortalecimiento de la participación ciudadana, fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, restauración fluvial y planificación y ordenación de la cuenca. El papel de las comunidades es y va a ser fundamental
para el desarrollo de las líneas y actividades porque son las que conocen y están en el territorio, nos alegra que cada vez están más empoderadas y sé que en conjunto vamos a lograr un buen trabajo por nuestro río”, afirmó Moreno. (Lea también: Los guardianes encargados de salvar el río Atrato)
Las líneas de acción contienen actividades relacionadas con el fortalecimiento, monitoreo y obtención de la información de las fuentes hídricas, mejoramiento de la calidad del agua a través de pilotos de eliminación de mercurio, implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de acuerdo al caso, fortalecimiento de laboratorios de las corporaciones y de su capacidad de hacer control, fomento de la participación y conocimiento de la ciudadanía sobre qué significa la sentencia y qué significa la protección del río, entre otras.
“Esto se va a medir, por ejemplo, con base en el índice de calidad que plantea el IDEAM, la tasa anual de deforestación o el número de hectáreas reforestadas, número de talleres y personas beneficiadas, entre otros. (Vea también:Majestuoso Atrato)
El plan está proyectado a cinco años y se espera que en ese tiempo se tenga un conocimiento mayor de la cuenca, pilotos implementados, instrumentos formulados de planificación y ordenación de la cuenca y fortalecidas las corporaciones y la ciudadanía para que puedan ejercer control y protección del río.
A raíz de la sentencia, el Presidente de la República designó al Ministerio de Ambiente como representante legal de los derechos del río y se designó una Comisión de Guardianes conformada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio y un Cuerpo Colegiado compuesto por 14 representantes de las
comunidades. En ese marco se vienen desarrollando acciones para el territorio como la prohibición de la minería en el río Quito, el acuerdo de no uso de mercurio en el marco de la mesa minera, proyectos de recuperación de áreas degradadas con las autoridades ambientales y la construcción de diferentes planes de acción en cabeza de otras dependencias del gobierno para resolver la crisis humanitaria, social y ambiental que presenta el río Atrato, sus afluentes y sus comunidades. (Le puede interesar: Se lanza en Colombia el primer piloto para descontaminar las aguas con mercurio)
Los planes de acción están encaminados eliminar la extracción ilícita de minerales, la realización de estudios epidemiológicos y toxicológicos, el diseño e implementación de un plan de seguridad alimentaria y la descontaminación de las fuentes hídricas afectadas por el mercurio y otras sustancias tóxicas, en los que participan Presidencia de la República, los ministerios de Defensa, Salud, Agricultura, Hacienda y Minas, el DNP y DPS, Corpourabá, Codechocó, y las gobernaciones y alcaldías que hacen parte de la cuenca.