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Según un estudio ejecutado por la Contraloría General de la República, a través de su dependencia Delegada para el Medio Ambiente, en el país existe una ausencia de direccionamiento en relación con la implementación del Plan Único de Mercurio, cuyo objetivo es reducir y eliminar progresivamente el uso de este químico en el territorio nacional para el 2023.
“Las entidades han venido asumiendo lo que consideran deben hacer según sus competencias, situación que afecta el desarrollo de todo el Plan y termina afectando el objetivo final de la Ley 1658 de 2013 que es ‘proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente» frente a los riesgos del mercurio”, explica el informe.
La razón de dicha desarticulación recae en que, si bien el Plan incluye las actividades y objetivos a ejecutar, no especifica los responsables ni los tiempos de consecución, por lo que se hace necesario “un adecuado direccionamiento del Plan Único Nacional de Mercurio y procesos de armonización de los esfuerzos de las entidades involucradas”.
Los ministerios evaluados en la auditoría fueron los de Agricultura, Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Transporte. También se hizo seguimiento a la labor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
Como resultado, se tuvieron 24 hallazgos administrativos “de los cuales 6 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 presunta incidencia penal”, asegura el documento.
Uno de los mayores problemas en cuanto al control del uso del mercurio es que las Corporaciones Autónomas Regionales de las zonas de minería aurífera no hacen ningún monitoreo de emisiones del químico, ni tienen identificadas las zonas que se encuentran afectadas por la presencia de este mineral.
Por ejemplo, dichas corporaciones, que debían implementar el Registro Único de Usuarios de Mercurio, RUM, desde el 2016, reflejaron porcentajes de inscripción muy bajos: Corantioquia 1.82%, Corponariño 11.86%, Corpourabá 0% y Codechocó 29%.
Por lo que corresponde al uso del asbesto, el informe concluyó que no existe monitoreo a la única mina legal que hay en el país, ubicada en el municipio de Campamento, en Antioquia. Según el reporte, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente visitó el lugar y “se evidenció que existe un deficiente manejo técnico del proyecto minero de asbesto, tanto en lo minero, como en lo ambiental”.
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Sin un adecuado mantenimiento de los desechos, manejo de aguas de escorrentía ni control en su impacto ecológico, dicha mina incumple varias normas impuestas por Corantioquia.
La auditoría reveló que, además, muchas de las empresas que cuentan con permisos para utilizar el asbesto en sus procesos industriales no tienen control ni seguimiento frente al manejo de este peligroso material, “con lo cual se aumenta las probabilidades que se generen daños a la salud de las personas expuestas”.
De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario que se implemente una regulación y una normatividad que establezca claramente los límites y condiciones del uso de estos elementos químicos, así como una política articulada y específica entre los diferentes entes de control encargados de vigilar dicho asunto.