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A partir de las 9:00 a.m. de este martes, luego de unas cuantas reuniones con algunos partidos políticos, finalmente arranca en firme la discusión de la que será la principal bandera del presidente Iván Duque este año: el Plan Nacional de Desarrollo. La hoja de ruta de su mandato de aquí a 2022 —bautizada “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”— se debatirá en sesiones extraordinarias y, aunque el objetivo del Gobierno era, en principio, lograr un gran consenso para sacarlo adelante, las conclusiones de esos encuentros evidencian que el repunte que le dan las encuestas a su imagen aún no ha aterrizado en el Capitolio Nacional.
La razón es evidente y es que tras conocerse en su totalidad el texto del PND, no han sido pocas las alertas que han encendido algunos sectores en torno a su articulado, al punto que el propio Centro Democrático, partido de gobierno, advirtió que propondrá ajustes y mejoras si así lo considera necesario. Apenas ayer hubo un nuevo encuentro de la bancada y voces consultadas por este diario afirmaron que no ejercerán su rol como simples notarios sin evaluar en detalle las propuestas del Ejecutivo. “Vamos a ver cómo lo podemos mejorar; eso sí, de la mano y en coordinación del Gobierno”, dijo un congresista de esa colectividad.
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No obstante, para Duque será esencial que el relacionamiento entre el Gobierno y el Congreso mejore en este nuevo período legislativo, porque de eso dependerá el éxito de su mandato. Una destacada voz del Partido Liberal, quien pidió reserva de su nombre, sin embargo, no es tan optimista sobre el futuro de la gobernabilidad del presidente en el Capitolio si sigue “maltratando” a los partidos políticos y eso, en parte, explica que la colectividad roja haya rechazado la invitación a la reunión con Duque. “Nosotros nos vamos a seguir manteniendo independientes y eso nos va a permitir mantener la crítica a la hora de votar el Plan Nacional de Desarrollo. Y le anticipo desde ya que no vamos a entregar las facultades excepcionales que está pidiendo el presidente”, apuntó.
En resumidas cuentas, la crisis de Duque se sigue remontando al 7 de agosto del año pasado cuando, al asumir en el cargo, decidió nombrar un gabinete técnico, ajeno a los partidos y con poco margen de maniobra con los curtidos congresistas que siguen exigiendo representación política. “Lo que sí es claro es que están mandando razones de que hay ‘cosas regionales’ sobre las que se puede hablar. Mejor dicho, que hay participación política para nosotros en ese nivel, para que no se note tanto”, afirmó otra voz liberal a El Espectador. Y si esa política no cala en el Gobierno, afirman otros congresistas con la misma molestia, le va a quedar muy difícil al presidente sacar adelante su agenda legislativa. De hecho, algunos cuentan que al Plan Nacional de Desarrollo llegarán con una avalancha de proposiciones para cambiar gran parte del articulado.
Desde los sectores de oposición, la situación no está menos compleja. Especialmente, porque resienten el hecho de que el presidente Duque no los hubiera tenido en cuenta a la hora de socializar el contenido del PND. “Nosotros no vamos a donde no nos invitan, pero si cree (Duque) que una bancada de 23 senadores no tiene por qué ir a su despacho está absolutamente equivocado. Él, como jefe de Estado, tiene necesidad de respetar a todos los sectores políticos del país”, señaló Aída Avella, senadora de la bancada alternativa. Y anunció, de paso, que tampoco darán sus votos para avalar las facultades que pide Duque. “Estamos cansados de ver reestructuraciones del Estado. Lo que quieren, en el fondo, es sacar a todos los trabajadores que hoy tienen su empleo y dejar bien plantada a su clientela. Ese artículo no convence a nadie en el Parlamento”, agregó.
Los puntos más polémicos
Como era de esperarse, el PND fue objeto de una minuciosa revisión, que aún no acaba, por parte de los gremios, los medios y el Congreso de la República. Desde el primer momento de la radicación del proyecto empezaron a llegar las críticas y denuncias que cuestionaron varios de los articulados. Uno de los primeros puntos fue la plata para la paz. La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, advirtió que en el artículo 4, que condensa el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), no hay una sección específica de dineros para destinación a la construcción de paz, como lo establece el Acto Legislativo 1 de 2016.
Además, argumenta que los recursos que hay para la paz ($37 billones) tampoco son recursos adicionales, como debería ser, sino que están repartidos a lo largo de los ejes temáticos, llamados “pactos” en todo el documento. En ese mismo sentido, añade que las metas en asuntos como pobreza, educación, salud, política para juventudes, tercera edad y otros, que harían parte del objetivo del Acuerdo de Paz de cerrar más las brechas sociales, son muy bajos. De igual forma, denuncia que la meta de reparación de víctimas del gobierno Duque (420.000) es “la más baja históricamente de reparación de víctimas en el cuatrienio”. “La pretensión del gobierno Duque no es avanzar de la manera más rápida en la reparación de las víctimas para lograr repararlas de la manera adecuada, sino reparar menos víctimas al año”, comenta la representante.
La paz es un punto grueso; sin embargo, hay otros elementos que contiene el PND que, según muchos, recogen varias de las propuestas que fueron dejadas por fuera porque afectaban el bolsillo de la clase media en la llamada Ley de Financiamiento. Ahí se cuentan la propuesta de aumentar la cotización de seguridad social a los trabajadores independientes o quienes laboran por cuenta propia. La intención, según denunció el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, es que la base de esa cotización de la población que recibe por lo menos un salario mínimo pase del 40 % al 55 %.
En ese grupo de medidas que podría afectar a las familias de la clase media está la eliminación de los subsidios de energía, algo que la propia ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, había prometido mantener en los estratos 1, 2 y 3. Con el artículo 179 del PND, se reducirían en 10 % en los estratos 1 y 2 (del 60 % al 50 % y del 50 % al 40 %, respectivamente), pero en el estrato 3 el subsidio bajaría a cero. Allí ya hay una oposición anunciada por parte de varios sectores políticos, encabezados por Efraín Cepeda, senador conservador y, además, de la costa Caribe, una de las regiones que más demanda energía eléctrica y que mayores problemas tiene con el servicio por cuenta de Electricaribe.
Sin embargo, aunque ambas medidas están en el articulado, en la noche de ayer el presidente Duque publicó en Twitter que dio la instrucción al equipo económico del Gobierno para que no toque los subsidios a los servicios públicos. Además, propuso que otros sectores hagan un aporte voluntario para que más colombianos tegan acceso a estos. En cuanto a lo que afectaría a los trabajadores independientes, el mandatario dijo por el mismo canal que no ve necesario modificar las cotizaciones ni la base gravable para los aportes de seguridad social de este segmento.
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Por otra parte, hay críticas a la intención de modificar las tarifas al impuesto de licores. La semana pasada, los gobernadores del país, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, protestaron porque el cambio podría afectar la inversión en salud, educación y deportes, que llega en gran parte por los tributos que son cobrados a las bebidas alcohólicas. En pocas palabras, se buscará modificar la Ley 1816 de 2016, imponiendo una tarifa única por grado de alcohol para los licores y aperitivos y otra para vinos y aperitivos vínicos. “Lo anterior constituye una iniciativa que busca la igualdad, pero sacrificando claramente la equidad que debe prevalecer en el sistema tributario de los colombianos”, dice Fedepartamentos.
En términos políticos, el artículo 181 también está en la mira, sobre todo de la oposición, al definir las facultades extraordinarias para el presidente de la República, mediante las que podría modificar o fusionar entidades, reasignar funciones y cambiar presupuestos, entre otros. Para Benedicto González, representante de la FARC, la principal preocupación es que las modificaciones que se realicen a través de estas funciones terminen promoviendo algo peor que la llamada “mermelada”. “Las líneas de Duque en este PND son muy ligadas a los conocidos tres huevitos de Uribe. El pacto por la legalidad sería la seguridad democrática de hoy, el emprendimiento sería la confianza inversionista y la equidad sería la cohesión social”, comentó González.
En últimas, la lupa que se ha puesto sobre el PND, las cuestionadas intenciones de modificación en varios de los sectores de la economía y la afectación que podría significar para la clase media pondrán a prueba la gobernabilidad del presidente Iván Duque, en lo que sería un nuevo round entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya ha estado marcado por fuertes debates, como la reforma política, los proyectos anticorrupción y la Ley de Financiamiento.