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Aunque la reforma a la salud no ha convocado a todos los congresistas del Partido Liberal y su presidente César Gaviria, como sí lo hizo la reforma tributaria, la mayoría de los representantes de la colectividad sí se unieron y actuaron en conjunto para pedir el archivo del proyecto que se discute en comisiones séptimas conjuntas, sincronizándose, así, con otro de los pedidos del paro nacional: no a la reforma a la salud.
Son cinco puntos los que consideran inconvenientes. Empezando con señalar que el proyecto “desconoce las asociaciones médicas y científicas, al ignorar múltiples comunicados que solicitan su archivo”.
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Entre las alertas que comparten los congresistas del trapo rojo con las agremiaciones médicas es cómo se contempla la medicina familiar dentro del proyecto, que, dicen, permite homologar el título de médico con la especialidad de médico familiar. “Así mismo establecer que esta especialidad podrá realizarse de manera semipresencial desconociendo la garantía de la calidad, la autonomía universitaria y la exigencia académica en este nivel de formación”, se lee en el comunicado.
El segundo elemento que advierten los liberales es la regionalización del sistema de salud que, a su juicio, “fortalece a las EPS, quitándoles la competencia actual a los entes territoriales en temas de promoción y prevención, afecta a las Empresas Sociales del Estado (ESE), ya que busca regionalizar el aseguramiento y la prestación del servicio, dejando estas funciones en cabeza exclusiva de las EAPB”.
Siguen diciendo que no comparten la reforma porque “pretende desaparecer los hospitales públicos por voluntad del gobernante de turno”, a la vez que se le dan facultades especial para cambiar las características de las ESE, señalaron. Y no es solo esto, insisten, sino que con esto se ignora el valor social de los hospitales, pensándolo solamente en términos rentables, como denuncian.
Sobre este punto, advierten que podría abrir la puerta para tomar medidas pensada en rentabilidad y no en la prestación del servicio y el derecho a la salud, es decir, tomar decisiones de terminar áreas como pediatría, ginecología o cualquier otra que no produzca dinero.
En el cuarto punto, la bancada liberal de Cámara manifiesta que la iniciativa no hace nada por mejorar las condiciones del talento humano en salud, porque “continúa permitiendo las contrataciones mediante OPS que desmejoran las condiciones de los trabajadores”, en otras palabras, para los congresistas, lo laboral, como garantías en el pago de nóminas, sigue no ayuda a cambiar lo que viven hoy muchos servidores de hospitales.
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Por último, los liberales no comparten la reforma porque, a su juicio, termina por fortalecer las EPS, explican, al darle funciones para actualizar programas educativos en medicina general, dejando de lado a las instituciones educativas superiores, permitiendo la posición dominante en el mercado que abre la posibilidad del oligopolio de unas cuantas empresas que terminarían por centralizar la mayoría de los recursos de la salud.
“En resumen, el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema, no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, se lee en la carta en la que también anuncian que sino se retira, votarán negativamente el proyecto.
Entre los firmantes de la solicitud de retiro están el senador Iván Agudelo y los representantes José Luis Correa, Juan Fernando Reyes, Carlos Ardila, Alejandro Vega, Alejandro Carlos Chacón, Juan Carlos Losada, Flora Perdomo, entre otros.
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Para el representante Correa, la reforma a la salud es “igual o peor a la reforma tributaria” y acompaña desde el Congreso el llamado del paro que también pide el archivo de ese proyecto.