La representante, y hoy candidata al Senado, Angélica Lozano radicó este martes un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que solicita el estado del trámite de la revisión de las cuentas entregadas y que informan sobre la financiación de la recolección de firmas para la consulta anticorrupción, proceso desarrollado durante el 2017.
Según Lozano, “el Consejo Nacional Electoral debe haber verificado que se entregaron las cuentas de campaña y que estas no sobrepasaron el límite permitido, trámite que no ha realizado a pesar de que han pasado 167 días desde que se presentaron los estados financieros”.
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Asimismo, se pidió que se entregara a la brevedad el certificado por parte de la autoridad electoral para que la consulta pueda seguir su curso en Congreso, en donde deberá tener el visto bueno de la Plenaria del Senado y, posteriormente, la Registraduría haga la convocatoria. La idea, en principio, era que el tarjetón de la consulta se incluyera en las elecciones del 11 de marzo, sin embargo, ya no será posible, pues el Legislativo retoma actividades luego de esa fecha.
“La demora injustificada en las respuestas sumadas a la conformación política del Consejo nos dan a entender que la demora no es solo un asunto de incapacidad de la entidad para revisar las cuentas sino que además es un asunto de voluntad política posiblemente relacionada con el contenido de la consulta y puntos como la disminución de salario a los Congresistas y altos funcionarios del Estado o la incorporación de presupuestos participativos para la eliminación de la ‘mermelada’”, señala Lozano en el derecho de petición.
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Este martes, junto a la representante, estuvieron decenas de ciudadanos exigiendo que se destrabe el proceso en el CNE. “La gente está mamada de la corrupción, pero hoy el Consejo Electoral está bloqueando la consulta para proteger a la clase política”, comentó Lozano, y explicó que no hay un término legal para que el CNE realice la revisión, por lo que, si desean, “se podrían demorar 10 años”. Con el derecho de petición, la autoridad electoral deberá dar respuesta en un plazo de cinco días sobre el asunto.