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Que el Gobierno ponga en marcha, lo antes posible, gestos de política pública socioeconómica en las zonas más afectadas por el conflicto, sobre la base de las prioridades de las comunidades; que lleve al Congreso proyectos de ley que ofrezcan garantías de seguridad jurídica temprana, tanto para las Farc como para agentes del Estado, y que se desplieguen medidas de protección y seguridad para los miembros de la guerrilla. Y a los líderes de quienes apoyaron el No en el plebiscito, se les pide que concentren sus esfuerzos en la presentación de propuestas concretas que respondan a los criterios de espíritu constructivo, realismo, oportunidad, agilidad y coherencia. (Vea el especial A CONSTRUIR LA PAZ)
Son las recomendaciones incluidas en el documento “Hacia un consenso nacional de paz”, elaborado por el Fondo de Capital Humano para la Transición en Colombia, un grupo de quince profesionales colombianos con experiencia directa en el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc, que bajo la dirección del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), con sede en Barcelona, España, busca establecer una hoja de ruta para superar el limbo que actualmente vive el país con triunfo del No en la refrendación de los acuerdos de La Habana.
De hecho, dentro de las recomendaciones se les pide a las organizaciones de la sociedad civil continuar exigiendo el logro de un acuerdo definitivo lo antes posible y a la comunidad internacional seguir apoyando decididamente la preservación del cese el fuego y de hostilidades con el despliegue efectivo del componente del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, al igual que destinar recursos para apalancar, de manera rápida y efectiva, las intervenciones de política social y económica en las zonas más afectadas por la guerra. (Lea: Este es el protocolo para la concentración de las Farc y el cese el fuego)
El documento incluye una solicitud expresa a las Farc: que como muestra de construcción de confianza se avance hacia la concentración en las llamadas zonas veredales transitorias, aceptando un proceso de resolución de la situación jurídica secuenciado, empezando por los delitos menos graves, con el fin de evitar posibles confrontaciones armadas y enviar un mensaje de tranquilidad a sus propias tropas. Un punto acorde con lo ya expresado por algunos sectores políticos en torno al trámite de una amnistía para los guerrilleros que no estén inmersos en delitos de lesa humanidad.
“La participación de la sociedad civil en el escenario actual es determinante. Sin embargo, ésta no debe reproducir las tensiones políticas, ni mucho menos el conflicto. Las organizaciones de sociedad civil que apoyaron el Sí y el No deberían concentrarse en el reconocimiento de que la paz de Colombia depende del logro de un consenso más amplio”, señala el documento. Y en este sentido, plantea que se debe hacer énfasis en lo que une a los del Sí y los del No, como por ejemplo, la importancia de prevenir nuevas victimizaciones y de garantizar los derechos de las víctimas.
Una idea central es insistir en la necesidad de que los líderes políticos estén dispuestos a ceder: “Los del Sí, deberán aceptar una paz que incluya a los sectores que respaldaron el No y a sus líderes. Los del No, deberán ser cautos en la generación de propuestas realistas que no pongan en riesgo todo el proceso de paz”. Para el Fondo de Capital Humano para la Transición en Colombia, la etapa más compleja y la que quizás tome más tiempo, será la de la “renegociación” de ciertos puntos álgidos del Acuerdo Final, que es lo que piden los del No. (Lea: Propuestas del Centro Democrático: ¿realistas o para dilatar?)
Y ante este escenario, propone cuatro líneas a seguir: 1) Espíritu constructivo: cualquier cambio debe ser para mejorar el Acuerdo Final y ofrecer más garantías, no menos; 2) Realismo sobre lo que es posible acordar en la mesa de conversaciones, teniendo en cuenta la experiencia de los cuatro años de negociaciones con las Farc; 3) Oportunidad y agilidad; 4) Coherencia política respecto de la discusión pública sobre el plebiscito. Así las cosas, sugiere concentrar esta etapa en dos temas claves: las condiciones específicas de restricción efectiva de la libertad y la elegibilidad política.
Sobre lo primero, el documento pide precisar en el Acuerdo los criterios para su ejecución. Por ejemplo, si se trata de colonias agrícolas, hay que definir su carácter, el tamaño máximo del lugar, quién estará a cargo de su administración (podrían ser el Inpec y la ONU de manera conjunta), además de las condiciones de cumplimiento de las sanciones, en particular para los jefes de las Farc que ya hayan sido condenados por la justicia ordinaria por delitos no amnistiables.
En cuanto a la elegibilidad política, se propone precisar la secuencia entre el cumplimiento de la sanción y la posibilidad de participar en política para todos los casos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este punto, se pide aclarar que no habrá participación política durante el cumplimiento de la sanción y que en los casos de los comandantes guerrilleros, solo podrán hacerlo una vez hayan cumplido la restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años, contada a partir del día D+181.
Por último, un tema clave y a la vez polémico: para el Fondo de Capital Humano, una vez hechas las correcciones al Acuerdo, se hace necesario llevar a cabo una nueva refrendación popular. En primer lugar, porque solo así se podrá valorar seriamente la decisión tomada por el pueblo el 2 de octubre y garantizar la legitimidad política. En segundo lugar, porque las herramientas para implementar de manera ágil y efectiva el Acuerdo dependen jurídicamente de esa refrendación. Y en tercer lugar, porque la sostenibilidad de largo plazo depende de ese reconocimiento político y jurídico.
A su vez, el documento señala que una asamblea constituyente como salida a la crisis puede ser peligrosa, pues en ella confluirían intereses sectoriales polarizados que podrían generar decisiones en contra del interés general (como volver a instaurar la reelección presidencial o limitar la tutela) y existe la posibilidad de que se declare soberana y haya un desbordamiento de los límites temáticos.
Eso sí, el Fondo advierte que la hoja de ruta que explora está sujeta a tres riesgos externos que es necesario mitigar ya: que el acuerdo definitivo sea percibido como un acuerdo de élites que no tenga legitimidad ciudadana; que haya interés de las Farc de postergar la dejación de armas hasta que culmine la renegociación, poniendo en riesgo el cese el fuego y de hostilidades; y finalmente, el incentivo que podrían tener algunos líderes de los sectores que apoyaron el No de dilatar una solución hasta las elecciones presidenciales de 2018.