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Ante la crisis que padece el departamento de La Guajira en materia social, política y humanitaria, el Gobierno Nacional decidió tomar cartas en el asunto y este martes, luego de que el presidente Juan Manuel Santos convocó a un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), se adoptaron una serie de directrices orientadas, principalmente, a dar un manejo transparente a los dineros que transfiere la Nación a la región. (Lea: Santos convoca para este martes al Conpes para analizar situación de La Guajira)
A partir de hoy, y de forma temporal, será el Ejecutivo quien asuma el manejo de los recursos de salud, educación y agua potable de La Guajira. Con ello, dice el documento Conpes, se busca mejorar la prestación de los servicios, teniendo en cuenta que el departamento recibe por este concepto anualmente alrededor de $785.000 millones, los cuales –hasta ahora– no han redundado en una mejor calidad de vida para sus habitantes. (Lea aquí: Santos se reunirá con líderes de La Guajira para hablar sobre la crisis en el departamento)
“Una evaluación detallada de estos sectores muestra grandes falencias en el uso y manejo de los recursos por parte de la Gobernación y los municipios receptores. Esto ha generado que estos servicios no lleguen efectivamente a una gran parte de la población guajira”, se argumenta en el texto, que fija la intervención por al menos tres años que pueden acortarse “si se logran las metas del plan de desempeño de forma anticipada”. (Lea aquí: Presidente Santos no declarará estado de excepción en La Guajira)
Así las cosas, los $513.000 millones destinados a educación, los $56.000 millones a agua y los $216.000 millones de salud serán administrados por equipos élite de los ministerios Salud, Educación y Vivienda, que trabajarán junto con las autoridades locales para implementar, dice el Gobierno, mecanismos de contratación competitivos, mejorar la calidad de los servicios y acelerar las inversiones en curso.
Por frentes
En materia de educación, el Conpes señala que se asumirá también el manejo de los recursos de la alimentación escolar. Ello obedece a que, durante el segundo semestre del 2016, en 12 de los 15 municipios del departamento no se ejecutó el dinero destinado para la prestación del servicio. En el caso de Riohacha, ya hay un proceso de investigación por parte del a Fiscalía.
Se advierten además deficiencias en otros frentes que justifican la urgente intervención del Ejecutivo: “La Guajira es el único departamento del país que a la fecha no ha empezado la jornada escolar para cerca de 15.000 niños; se identificaron contrataciones sin el lleno de los requisitos legales e irregularidades en el reconocimiento de horas extras de maestros; no hay registros de entrega de dotaciones a docentes e instituciones educativas en varios años; y hay pérdida de recursos de la Nación por no reporte de información”.
En el frente que corresponde a la salud, el Gobierno logró determinar que se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del 100%. “Es decir, recursos que deberían financiar jornadas de vacunación o actividades de salud pública, se gastan en sillas y papel para oficinas”, indica el documento.
Adicionalmente, no existe una red pública de hospitales certificada, por lo cual no se pueden hacer inversiones en estas instituciones y hay deudas acumuladas por $35.000 millones, que afectan el acceso y calidad del servicio del servicio. También, precisa el Ejecutivo, hay irregularidades en el manejo de los recursos de la salud y debilidades en la auditoría y seguimiento a los mismos.
Por otro lado, en lo que corresponde a agua y saneamiento básico, se encontró que, aunque el departamento cuenta con recursos superiores a los USD$50 millones para proyectos en estos frentes, apenas se ha ejecutado una tercera parte durante 10 años.
“El departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por cerca de $39.101 millones pese a las grandes necesidades y actualmente se encuentran suspendidos 17 proyectos de agua por Gobernación y alcaldías no han nombrado interventorías”, puntualiza el documento Conpes.
Se evidenció además que las coberturas están por debajo del promedio nacional y únicamente tres municipios de 15 suministran agua apta para consumo humano.