A pagar la cuenta

El Gobierno ha presentado un presupuesto por $634,9 billones, cerca de $88 billones (16 %) superior al de 2026. Una cifra que, lejos de cerrar la discusión fiscal, la hace más urgente. El déficit proyectado alcanza el 9,4 % del PIB y el servicio de la deuda bordea los $156 billones, de los cuales casi dos terceras partes son intereses. Cerca de una cuarta parte del presupuesto se irá, por tanto, en pagar obligaciones acumuladas.

¿Cómo llegamos hasta aquí? En los gobiernos del expresidente Santos la deuda se duplicó, al alcanzar en 2018 el 40 % del PIB. Se estima que a finales de 2026 – vale considerar la pandemia- podríamos estar triplicando las cifras de 2012. ¿Hasta dónde se jalará la cuerda sin que se rompa? Mientras tanto, los intereses que pagaremos cada vez nos costarán más.

Más preocupante resulta que, pese al aumento del presupuesto ocasionado por el terremoto, algunos ministros comienzan a advertir que los recursos no alcanzan para atender todas las necesidades. El de Salud es quizás el ejemplo más evidente. En un acto de transparencia y a diferencia del anterior, el gobierno está reconociendo las obligaciones, lo cual no significa que tenga con que pagarlas.

Ha realizado recortes por casi 22 billones, pero muy buena parte del gasto público es inflexible a la baja. Pensiones, salud, transferencias, deuda y buena parte del funcionamiento estatal tienen una rigidez que impide resolver un déficit de varios puntos del PIB simplemente recortando. Resulta más fácil anunciarlo que hacerlo.

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Tenemos límites. A Colombia le tocará refinanciar buena parte de su deuda en 2027. Refinanciar no equivale a solucionar el problema: aplaza el momento del pago, pero no elimina el déficit. Y cuando la deuda aumenta y los intereses cada vez consumen una proporción creciente del presupuesto llega un momento en que la deuda comienza a impedir al Estado el cumplimiento de sus propios objetivos.

El Estado se ve en la necesidad de aumentar sus ingresos siendo la dinamización de la economía, el crecimiento y por lo tanto el aumento en los recaudos la mejor manera de hacerlo. Debemos recuperar la inversión, generar empleo y acelerar el crecimiento lo que hace impracticable trasladar al capital productivo, por la vía de impuestos, los problemas fiscales, como se pretendió, sin éxito, en el desgobierno de Petro, lo que nos coloca en otro nivel de la conversación. Más complicado y doloroso.

Antes de aumentar el IVA o desmontar subsidios, como ya se ha propuesto, el Gobierno debe ejecutar un programa integral de ajuste. ¿Cuánto puede ahorrar eliminando gastos innecesarios? ¿Cuánto puede obtener revisando subsidios y beneficios tributarios? ¿Cuánto puede recaudar una DIAN más eficaz contra la evasión y el contrabando? ¿Cuánto corresponde pagar a quienes tienen mayor capacidad económica? ¿Cuánto puede aportar el crecimiento? Antes de recurrir al IVA corresponde examinar las exclusiones, exenciones y tratamientos preferenciales.

La estrategia de vincular a los empresarios con los problemas del país, por la vía de la solidaridad, cooperación y negocios, como se ha intentado ante el terremoto, es viable, pero sería muy osado afirmar, por anticipado, que será suficiente. Es una forma de dinamizar la economía, mediante la generación de prosperidad y negocios- un lenguaje más empresarial y real – como se intenta en el Chocó, mucho más eficiente que decretar más impuestos, inevitablemente recesivos.

Nos encontramos ante una coyuntura muy compleja e incómoda para cualquier gobierno. Tocará recortar más, recaudar mejor, crecer más, endeudarnos menos y revisar la estructura tributaria. Es imposible seguir aumentando las obligaciones y aplazando la respuesta sobre cómo pagarlas para endosarlas a los gobiernos siguientes. Finalmente, alguien tendrá que pagar la cuenta, siendo probable, aunque indeseable, que tarde o temprano nos toque a todos pagar tanto derroche e irresponsabilidad ampliando la base y/o la tasa del IVA.

@herejesyluis