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Ahora que se habla del entrampamiento contra la paz urdido desde la Fiscalía por Néstor Humberto Martínez, el suscrito se permite recordar que hace dos años denunció ese montaje —con el mismo nombre— y otro similar contra la Justicia Especial para la Paz (JEP), en estos términos:
“El ataque contra la JEP consistió en un montaje que contó con la eficaz colaboración de la DEA, algo que en EE. UU. se conoce como entrampamiento (…), consistente en que lograron inducir a un político condenado por parapolítica y a un fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, a que les recibieran una gruesa suma aportada por la misma Fiscalía, para dar la apariencia de que ese dinero iba a ser utilizado en impedir que Jesús Santrich fuera extraditado. Cuando vieron que las dudas sobre la legalidad del operativo crecían, en la audiencia de imputación de cargos le metieron narcotráfico a la acusación y hablaron entonces de un supuesto cargamento hacia Italia. (Ver “El asesinato moral como una de las bellas artes”).
Habría que hablar, entonces, no de uno sino de dos “entrampamientos” entre DEA y Fiscalía, ambos para perjudicar el proceso de paz de Juan Manuel Santos: uno que quiso minar el prestigio de la JEP y otro que pretendió mostrar a Santrich como un narco, el cual lo habría forzado a regresar al monte.
Pero falta hablar de un tercer entrampamiento o montaje, que también denuncié en su momento en esta columna. Trata sobre las falsas imputaciones que se urdieron contra un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional, para hacerlos pasar como autores del execrable atentado contra el Centro Andino de Bogotá cometido el 17 de junio de 2017. Para esa fecha, Néstor Humberto Martínez llevaba diez meses como fiscal general de la Nación.
De los siete jóvenes detenidos (Boris Rojas, Lizeth Johana Rodríguez, Andrés Mauricio Bohórquez, Alejandro Méndez, Natalia Trujillo, César Andrés Barrera y Juan Camilo Pulido), a quienes la Fiscalía señaló de integrar el Mrp y de haber participado en el atentado, seis ya recobraron la libertad. La última fue Lina Jiménez, según informó El Espectador el sábado pasado (ver noticia). Este caso reviste unas repercusiones gravísimas, más que las del caso Santrich, pues de probarse la inocencia de los falsos imputados quedaría flotando una inquietante pregunta en el ambiente: ¿de dónde provino el ataque contra el Centro Andino?
Para entrar en materia, cito algo que dije aquí mismo tras el bombazo en ese centro comercial, que dejó como saldo fatal tres víctimas, todas mujeres: “Se trata de un atentado en apariencia organizado y ejecutado por gente de extrema izquierda, pero que beneficia los intereses políticos de la extrema derecha”. Sumado a lo anterior, conviene poner de nuevo la lupa sobre cosas que nunca se resolvieron, a saber:
El día del atentado no funcionaron las cámaras del Centro Andino y los organismos de seguridad entregaron a la opinión pública retratos hablados de dos de los supuestos implicados, cuya fisonomía en nada coincidía con los capturados, como lo advirtió el abogado Ramiro Bejarano en este trino.
A los capturados se les venía haciendo un detallado seguimiento desde meses atrás, que incluyó saber de “una extraña búsqueda de planos y geolocalizaciones específicas (…) cerca del Centro Andino”. ¿Por qué no fue posible entonces que la Fiscalía evitara el atentado, pero sí fue posible capturar a los supuestos terroristas con sorprendente facilidad unos días después?
De otro lado, quedó en el olvido la declaración de la esposa de Richard Emblin, director del periódico The City Paper, quien dijo que cuando ella iba saliendo del baño donde luego explotó la bomba se encontró con un hombre en su interior, a quien le recriminó y preguntó qué hacía allí. (Ver noticia).
En todo caso, resulta descabellado creer que un grupo de estudiantes de izquierda, a los que Semana llamó “inadaptados extremistas” (ver artículo), contara con la sofisticación requerida para inutilizar las cámaras de seguridad del Centro Andino y cometer un atentado en un sitio tan neurálgico, y que no fueran conscientes del aprovechamiento político que obtendrían los opositores al Acuerdo de Paz que el gobierno de Juan Manuel Santos había firmado con las Farc.
No tengo pruebas para afirmar que el atentado fue realizado —o “montado”— por los mismos que entramparon a Santrich, pero conviene reiterar que si no se les pudo comprobar participación a los jóvenes y por tal motivo fueron liberados, algún culpable o culpables debe haber por lo del Centro Andino.
Y es aquí cuando llamamos de nuevo la atención sobre el modus operandi en uno y otro “entrampamiento”: cometen un atentado contra la paz y le echan la culpa, en un caso, a un desmovilizado de las Farc y, en el otro, a un numeroso grupo de jóvenes de izquierda.
A modo de conclusión, lo del Centro Andino y lo de Santrich daría para pensar que hay organismos de seguridad que investigan crímenes… y hay organismos que cometen crímenes para que la investigación conduzca a la captura de la gente que ellos persiguen.
En este contexto no se puede olvidar que al día siguiente de los asesinatos de Luis Carlos Galán y del humorista Jaime Garzón, el DAS corrió a mostrar a los supuestos sendos autores, pero luego se demostró que habían sido puestos ahí con el exclusivo propósito de desviar la investigación. Por eso está preso el general Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS. ¿Esto no debería ponernos entonces a pensar… si no será que desde tiempo atrás a Colombia la gobierna la “mano negra”?
De remate. Hablando de crímenes impunes, en total impunidad también permanecen el asesinato de 13 jóvenes a manos de agentes de la Policía en una noche horrenda y la muerte de nueve detenidos incinerados en un CAI de Soacha durante un incendio provocado. Y hablando de brutalidad policial, La Silla Vacía pone el ojo sobre una realidad espeluznante: 7.491 denuncias contra la Policía en cinco años y, aunque usted no lo crea, no ha habido una sola condena. (Ver artículo).