Censura judicial

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Sigamos con los ejemplos de cómo el uribismo, el gobierno del presidente Iván Duque y los funcionarios que tiene de bolsillo en esta administración están aplicando estrategias para censurar a la prensa crítica y de investigación.

El pasado 8 de octubre la Fiscalía General hizo llegar una carta dirigida al director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) anunciando el allanamiento de las instalaciones de la organización para obtener el registro de visitas a su sede entre el 6 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019, junto con el reporte de las veces y motivos por los que Diana Díaz, directora de Señal Colombia en el momento, estuvo en ese lugar.

Esto, como parte de la imputación a Díaz por haber grabado a su entonces jefe y gerente del sistema de medios públicos RTVC, Juan Pablo Bieri, mientras le ordenaba censurar un contenido periodístico.

Contemos la historia de atrás para adelante.

El 6 de diciembre de 2018 Señal Colombia, que hace parte de RTVC, anunció la quinta temporada del programa Los Puros Criollos, conducido por Santiago Rivas. En ese mismo momento Rivas apareció en la mañana en el programa La Pulla criticando varios aspectos de la llamada Ley TIC promovida por el Gobierno. Esa noche el programa Los Puros Criollos no salió al aire pese a estar anunciado y las sospechas de censura empezaron a esparcirse por las redes sociales. (Ver La Pulla).

Dos días después, el 8 de diciembre, Bieri, en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de RTVC, negó tajantemente que hubiera censura en la no emisión del programa. La verdad se conoció el 23 de enero de 2019 y es que Bieri tomó la autoritaria medida de sacar de la parrilla de programación de Señal Colombia el programa Los Puros Criollos, por las opiniones de su presentador en contra del proyecto de ley del Gobierno.

Bieri fue grabado en un audio que no solo demostró su prepotencia, sino también su ignorancia, en el que se oye su voz ordenando claramente el acto de censura arbitraria.

Ese hecho fue denunciado por la alianza La Liga Contra el Silencio que promueve y financia la FLIP, puesto que esa entidad tiene como función evitar este tipo de actos en contra de la libertad de prensa y opinión. (Oír Audio)

La mentira, no la censura, le costó a Bieri la salida de su cargo como gerente de RTVC, ya que se vio obligado a renunciar el 25 de enero de 2019. Pero su exilio del Gobierno duró poco ya que el 1° de noviembre de 2019 fue premiado con un contrato de prestación de servicios, el 215-19, con la Presidencia de la República por la bicoca de $468′500.000 hasta el 30 de noviembre de 2021.

Un Gobierno que evidentemente no tiene vergüenza en premiar a los censuradores o a los que caen públicamente en sus mentiras frente a todo el país.

Y ahora la Fiscalía, usando su peso como institución de investigación, empieza una persecución a quien denunció el acto de censura de Bieri, y no al censurador, en un suceso que convierte la censura en una persecución judicial.

Como dije en mi columna anterior: igualito a Venezuela.

Desde cualquier punto de vista es claro que es un error que la Fiscalía esté actuando en contra de periodistas para perseguir a sus fuentes, cuando estos están cumpliendo con su labor de informar sobre asuntos de interés público como fue el acto de censura de un funcionario que trabajaba para el Estado.

Como también es incomprensible que el ente investigador, por defender a los funcionarios del Gobierno, ejecute estrategias innecesarias, ilegítimas y desproporcionadas en contra de la fuente y de una entidad a cargo de defender la libertad de prensa.

Intentar allanar la sede de la FLIP por defender la libertad de prensa es como abrirle una investigación al arquero de la selección Colombia por tapar goles. Inconcebible y equivocado.

No solo eso, sino que también es ilegal y si algo debería de saber la Fiscalía es sobre la ley. La directiva 007 de 2016 de la Fiscalía General reitera que está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes.

Así de claro y así de sencillo.

Por eso imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades que eran de interés público es actuar contrariamente a estándares internacionales sobre protección de los denunciantes e instrumentalizar de manera equivocada los mecanismos legales y penales, ya que nunca deberían ser utilizados para acosar e intimidar a personas o periodistas.

Pero, entonces, ¿por qué la Fiscalía se expone a esta cadena de errores pese a que han dado muestras de que se pueden patrasear? La respuesta es que para este fiscal general la amistad parece ser más importante que la ley.

En su vida antes de ser fiscal Francisco Barbosa fue funcionario del Gobierno y antes de eso se dedicó a hacer campaña por el actual presidente Iván Duque. En la campaña trabajó hombro a hombro nada más ni nada menos que con el señor Juan Pablo Bieri, como lo muestran múltiples fotos de los eventos en la carrera por la Presidencia.

Un ejemplo es la foto del 24 de mayo de 2018 de una reunión en El Tiempo en la que se observa que Barbosa y Bieri estuvieron juntos acompañando a Duque y al equipo de la campaña presidencial a un debate realizado en esa fecha.

Que el Gobierno esté utilizando la Fiscalía para perseguir a los periodistas críticos con el Ejecutivo y que Barbosa se preste para instrumentalizar el ente investigativo para vengar temas personales de sus amigos no es más que otra muestra de que Colombia cada vez implementa más tácticas del régimen venezolano.

Ignorar esto es dejar de leer lo más preocupante: que el uribismo y este Gobierno, con su persecución a los periodistas, la oposición, los jueces y los críticos, están intentando construir su propia realidad a partir de elementos que no son verdaderos y dejar escrita una historia que no corresponde a la que estamos viviendo.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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