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Desde hace unos días hay una discusión desafiante en Medellín. Desafiante porque hasta ahora lo único que deja son preguntas y cada vez se unen más personas a ella: señoras que preguntan por el alza de los precios en su barrio ante la llegada de más turistas, vecinos que piden ayuda por el ruido, arquitectos, empresarios, personas del sector hotelero y de turismo, concejales y más. La pregunta es sencilla y la respuesta es compleja: ¿qué va a pasar con la vivienda en Medellín?
Esta pregunta ha vuelto a ganar protagonismo a partir de la radicación ante el Concejo del Proyecto de Acuerdo 104 del Plan de Ordenamiento (POT) Territorial en el que se trabaja desde hace varios años y en el que ha participado la gente en las diferentes comunas.
Su radicación y una audiencia pública realizada el pasado 11 de septiembre han revelado los problemas de la vivienda. Según ese proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Medellín tiene un déficit actual aproximado de 38.000 viviendas, arriendos cuyas tarifas han subido, en los últimos años, hasta un 67 % en sectores como El Poblado y un 102 % en Guayabal.
Mientras los habitantes locales luchan para pagar sus arriendos o encontrar dónde vivir, el interés de los turistas por estar aquí aumenta.
Se calcula que Medellín tiene más de ocho mil viviendas turísticas registradas y más de 629 establecimientos de hospedaje turístico. En los últimos años, la ocupación de esta vivienda turística ha aumentado y ya va por el 48,2 % frente a un 51 % de la hotelería. Al mismo tiempo, el número de personas que han llegado a Medellín ha crecido: de acuerdo con cifras oficiales de las autoridades, en el primer semestre del 2026 llegaron 1’003.756 personas con relación a 954.678 en el mismo período del 2025.
Medellín sigue cambiando su vocación con celeridad: de ser una ciudad industrial se está convirtiendo en una turística. De acuerdo con lo contenido en el proyecto de acuerdo del POT, las viviendas turísticas estarían en las zonas denominadas como Alta Mixtura (vivienda y establecimientos comerciales) y estarían prohibidas en zonas totalmente residenciales. Sobre esto último se han pronunciado representantes de Airbnb y Fenalco.
Esta situación se convierte en una oportunidad para hacer preguntas para una ciudad que suele hablar mucho, dar rodeos a las situaciones, favorecer los intereses de unos pocos, evitar la disciplina o demorarse para actuar: ¿qué ha hecho la administración local en los últimos años para asegurar que haya vivienda de interés social?, ¿qué ha hecho la Gerencia del Centro para rescatar este lugar?, ¿qué estrategia, más allá de la de hacer dinero, propone Airbnb para no sumar a la gentrificación y evitar que los costos de la vida se disparen en barrios donde hay habitantes permanentes y se desarrolla con más rapidez la vivienda turística?, ¿están nuestras autoridades en capacidad de atender las quejas por ruido y otras situaciones que puedan acelerarse en sectores donde se desarrollen las rentas cortas?, ¿va a haber algún tipo de estrategia y alivio para que la gente en Medellín pueda pagar sus alquileres?, ¿la prohibición a las rentas cortas en algunos lugares busca favorecer a los hoteles o tiene intereses políticos? Estas preguntas no admiten más respuestas con incertidumbres y eufemismos.
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