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La decisión de comprar tres millones de hectáreas fértiles para distribuir a campesinos es muy costosa porque en Colombia los precios de la tierra son el costo de transferencia del monopolio, fijados arbitrariamente por los propietarios extensivos. Es un mercado dominado por los vendedores, donde el comprador, en este caso el Estado, lleva las de perder.
El uso predominante de la tierra concentrada en grandes unidades es el de almacenar capital para valorizar, sin pagar en impuestos el costo social de oportunidad, de manera que, cuando la sociedad la necesita para producir, distribuir o construir bienes públicos, los dueños exigen que la sociedad les pague la renta de la tierra, representada en el sobreprecio, que aumenta con la inversión en infraestructura, en el clásico negocio ventajista de costos públicos y ganancias privadas.
El derecho agrario ofrece una mejor solución desde la Ley 200 de 1936, vigente en las sucesivas leyes agrarias, que consagra la figura de la extinción del dominio cuando no se explota la tierra, derivada del concepto de la función social de la propiedad. Cuando el derecho de propiedad no está cumpliendo su función social, el Estado tiene el derecho de extinguirlo, sin indemnización, para que la sociedad pueda usarla de manera productiva de acuerdo a su vocación natural. Esta norma es consecuencia del dominio eminente del Estado sobre el territorio de la nación.
En Colombia, además, los procesos que llevaron a la situación actual de máxima concentración, cuando el 1 % es dueño del 60 % de la tierra, fueron la desposesión y expulsión del campesinado, y la inversión de narcotraficantes y señores de la guerra y la corrupción para lavar dólares y capturar las rentas de la tierra, constituida en bien escaso por la situación de monopolio en muchos territorios.
Los propietarios se han defendido siempre contra la extinción del dominio alegando que no se puede demostrar la improductividad cuando existe alguna clase de explotación, como una vaca por hectárea. Por eso la ganadería extensiva ocupa 39 millones de hectáreas, cuando el hato ganadero de 26 millones de cabezas podría caber en 10 millones de hectáreas bien aprovechadas, liberando el doble para la producción agrícola empresarial y campesina. Las vacas son las celadoras de la propiedad extensiva e improductiva, mientras el país debe importar 30 % de los alimentos que consume, con precios que dejan por fuera del mercado a quienes viven bajo la línea de pobreza y una inseguridad alimentaria para casi la mitad de los colombianos.
El problema de demostrar que una tierra está siendo usada productivamente se resuelve al consultar en la DIAN los reportes de ingresos por producción, que deben ser declarados para cumplir las obligaciones tributarias. Si no lo hacen, no pueden alegar su propia culpa como argumento para impedir que el Estado les revoque el derecho de propiedad que no cumple la función social de producir bienes para la sociedad. O se confiesan evasores de impuestos o propietarios improductivos, pero no pueden salir bien librados en ambos temas.
Si se aprueba un artículo en la nueva ley agraria o en la del Plan de Desarrollo que diga: “En los procesos de extinción de dominio se podrá demostrar el uso productivo de la tierra presentando las declaraciones de renta en los que consten los ingresos de la producción”, se podrían extinguir no tres sino hasta 10 millones de hectáreas y el Estado se ahorraría los $60 billones calculados para adquirirlas a un precio promedio de $20 millones por hectárea. Es tan bueno el regalo a los acaparadores de la tierra que hasta el expresidente Uribe y el presidente de Fedegán aplaudieron la decisión del Gobierno de comprar tres millones de hectáreas.
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